Álvaro Másquez Salvador
Especialista legal e investigador del Área de Justicia Constitucional del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Como regla en la historia, las crisis golpean con más fuerza a los que mayor desigualdad sufren. Los pueblos indígenas, ciertamente, conforman uno de los colectivos más golpeados y de mayor vulnerabilidad en el Perú, tanto en lo social, económico o incluso epidemiológico.
La actual crisis por la COVID-19 no es la excepción. Con el tiempo, los indígenas son más propensos a los efectos de la pandemia. Es fundamental atenderlos hoy, aunque para lograrlo primero hay que escucharlos.
Vulnerabilidades
Su acceso a los servicios de salud, incluso los más básicos, es sumamente limitado y deficiente. Veamos: las principales causas de mortalidad entre los pueblos amazónicos –vómitos y diarreas por enfermedades infecciosas– son completamente prevenibles y no representan un problema a escala nacional. Además, su cada vez mayor movilidad los ha hecho susceptibles a contraer enfermedades crónicas, como diabetes o hipertensión (Organización Panamericana de la Salud, 2006; Contreras-Pulache, H. et al., 2014).
Tabla 1: Principales causas de mortalidad en las comunidades nativas amazónicas comparados con los promedios nacionales
Fuente: Contreras-Pulache et al. (2014)
Factores como “la monetización de [la] economía [indígena], la destrucción de las fuentes de alimentación del bosque y la introducción de hábitos de las ciudades” han producido sustanciales cambios alimenticios que incrementan su vulnerabilidad epidemiológica. (Belaúnde, 2000). Los cambios en los sistemas productivos, que priorizan la plantación de monocultivos por su fácil acceso al mercado (como el cacao y la palma aceitera), también magullan la soberanía alimentaria familiar de los pueblos indígenas.
La pobreza y falta de acceso a oportunidades agravan su situación. Según el Ministerio de Cultura (2015), el porcentaje de pobres y pobres extremos en las comunidades amazónicas alcanza al 60,5 y 27,6% del total, mientras que al 34,8 y 8,3% en las comunidades andinas. Del otro lado, el promedio en las ciudades se sitúa en el 15,6 y 1,1%, respectivamente. La brecha es bochornosa y salta a la vista.
Demandas
Por ello, frente a la magnitud del problema que se avecina, se hace indispensable que el Gobierno adopte medidas urgentes para proteger a los pueblos indígenas de la COVID-19. Felizmente, son muchas las organizaciones –en los distintos niveles de gobernanza indígena– que ya se han pronunciado sobre sus preocupaciones y necesidades frente a la pandemia.
Una de las primeras fue la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep)[1]. La organización declaró en emergencia toda la Amazonía indígena y ordenó el cierre de sus fronteras territoriales. Las demandas de 1809 comunidades en 10 regiones del país fueron resumidas en 16 puntos.
En materia de salud: realizar pruebas de descarte de la COVID-19 en comunidades (serológicas y moleculares), a través de brigadas fluviales, y dotar de insumos médicos a los centros de salud locales. Solicitan que se descentralice la distribución de las pruebas, que hoy priorizan a las ciudades amazónicas.
También se han referido a la situación de los pueblos indígenas aislados. Para esto, piden al Gobierno vigilar las reservas indígenas en coordinación con las organizaciones locales. Evitar el ingreso de terceros –en respeto a la intangibilidad de sus territorios– es crucial para evitar “impactos incontrolables”. Asimismo, prevenir la pandemia en grupos especialmente vulnerables (ancianos, personas con enfermedades preexistentes, mujeres gestantes, entre otros), indígenas confinados en ciudades y comunidades fronterizas, frente al riesgo de contagios procedentes de Brasil.
En materia económica: establecer un bono “COVID-19 para comunidades indígenas amazónicas” frente a la paralización de sus actividades comerciales. El monto puede ser entregado en su equivalente en víveres a través de una comisión integrada también por autoridades indígenas. Igualmente, piden que se le entregue artículos de limpieza, medicinas y mascarillas, así como el pago de las subvenciones económicas en las propias comunidades (Pensión 65 y Juntos).
Entretanto, el Consejo Étnico de Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA) y la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI-SC) también se han pronunciado sobre la necesidad de contar con un plan de salud intercultural para evitar la expansión de la pandemia en sus territorios.
Las acciones, indican, deben incluir la difusión de información clave, el fortalecimiento de los centros de salud locales y su abastecimiento con artículos de limpieza e insumos médicos (incluyendo pruebas de descarte). CEPKA pide que el Ministerio de Salud asuma la supervisión del plan y establezca estrictos protocolos para garantizar la salud de la población, así como ser parte directa de las coordinaciones. ARPI-SC solicita que se respeten los derechos indígenas en la elaboración e implementación del plan.
De igual manera, la Organización de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) exigen medidas específicas para proteger la vida y salud de los pueblos aislados o en contacto inicial (PIACI) dentro de sus territorios. ORPIO pide que la protección estatal no se reduzca a los que habitan en las tres reservas indígenas ya creadas, sino también a los ubicados dentro de las cinco que se encuentran en trámite (algunas desde hace más de 20 años). Fenamad resaltó la necesidad de reforzar los puestos de vigilancia dentro de las reservas.
ORPIO, además, exigió detener las operaciones que algunas empresas realizan en territorios indígenas, como las petroleras Perenco y Petrotal (Loreto) y la agroindustrial Ocho Sur P. (Ucayali). En ese sentido, pidió a sus comunidades base denunciar a las empresas que los obliguen a trabajar durante el estado de emergencia.
En una entrevista para Servindi, el apu y presidente Jorge Pérez hizo hincapié en otro problema vital: la falta de control policial al transporte fluvial, que puede trasladar el virus a las comunidades.
Frente a este problema, organizaciones como el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) y la Central Asháninka del Río Ene (CARE) –a la par de Aidesep– dispusieron el cierre de sus fronteras, para lo cual han solicitado el apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), igualmente, ha prohibido el ingreso a servidores públicos y terceros (en particular a las petroleras Geopark, Petroperú y Perupetro).
CEPKA, ARPI y Fenamad solicitan al Gobierno que los miembros de sus comunidades base sean incluidos como beneficiarios del bono de 380 soles para familias en condición de pobreza. También la entrega de canastas básicas de alimentos.
En la región andina, por otro lado, las preocupaciones no son menores. La Confederación Nacional Agraria (CNA) ha resaltado la enorme importancia que tiene la agricultura familiar –que no ha dejado de trabajar durante la emergencia– en el abastecimiento de alimentos en todo el país.
Por proteger a las comunidades campesinas, piden que se respete el cierre de sus fronteras y un plan de salud específico. En materia económica, reclaman ser incluidas como beneficiarias del bono de 380 soles y priorizar la compra de productos a pequeños agricultores para las canastas básicas de alimentos.
Por su parte, la Central Única de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc-P) respaldó la necesidad de comprar alimentos a productores locales para dinamizar la economía. Pidieron también a sus bases ser exhaustivas en fiscalizar a las autoridades locales en tiempos de pandemia. Decidieron, igualmente, prohibir el ingreso a los trabajadores de empresas mineras en sus territorios para evitar el riesgo de contagios.
En esa misma línea, la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) criticó que se haya permitido a empresas mineras y petroleras continuar con sus “operaciones más críticas”. Finalmente, la lideresa y presidenta Melania Canales se refirió en redes sociales a los nuevos peligros que enfrentan los pueblos indígenas al término de la emergencia. “Nuestro temor es que, con el pretexto de la reactivación económica, empiece con mayor fuerza el despojo de nuestros territorios colectivos”, concluyó.
Hacia un plan de acción
Sin duda, no existe mejor herramienta que el autodiagnóstico para conocer las necesidades y demandas de los pueblos indígenas frente a la COVID-19. El compromiso de todas las organizaciones indígenas, en la Amazonía y en los Andes, será determinante para que cualquier estrategia estatal funcione y la pandemia esté bajo control en sus territorios.
Los objetivos de los pueblos indígenas son claros: impedir el ingreso del virus en sus territorios, garantizar su acceso a servicios de salud de calidad, proveer medios económicos a la población para sobrellevar el confinamiento y detener las operaciones comerciales que los exponen al peligro. Así se lo han hecho saber al Gobierno, en comunicados en redes sociales y entrevistas por radio y televisión.
Existen además algunos casos de especial gravedad: los ancianos y personas con enfermedades preexistentes, los pueblos en aislamiento, las comunidades fronterizas y la población indígena inmovilizada en ciudades.
En el mediano y largo plazo, será importante también atacar las causas estructurales de la vulnerabilidad indígena para prevenir nuevos desastres. Resolver el problema de la inseguridad alimentaria como consecuencia de la transformación de sus modos de producción, orientados a satisfacer solo las necesidades del mercado. Garantizar la seguridad de sus territorios. Cerrar la enorme de brecha en el acceso a los servicios públicos que presta el Estado a las comunidades amazónicas y andinas. En breve: construir un pacto social real y no fingir uno tácito.
Cada día se hace más urgente contar con un plan de acción, multisectorial y multinivel, que atienda las múltiples demandas del mundo indígena frente a la pandemia. Los representantes de las organizaciones indígenas, por supuesto, deben gozar de participación plena y velar por que se garanticen sus derechos ahora y después de la emergencia.
Referencias bibliográficas
Belaúnde, L. (2020). Covid-19 en la Amazonía: ampliar la colaboración con las Fuerzas Armadas. Propuestas logísticas para atender a los pueblos indígenas [en línea]. Disponible en: https://luisabelaunde.lamula.pe/2020/04/08/covid19-en-la-amazonia-se-requiere-un-organo-ejecutor-con-presencia-real/luisabelaunde/
Contreras-Pulache, H. et al. (2014). La salud en las comunidades nativas amazónicas. En: Revista Peruana de Epidemiología, Vol. 18, Núm. 1
Ministerio de Cultura (2015). Línea de base de brechas sociales por origen étnico en el Perú. Lima: Ministerio de Cultura
Organización Panamericana de la Salud (2006). La salud de los pueblos indígenas de las Américas. Informe presentado en la 47° sesión del Consejo Directivo [en línea]. Disponible en: http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-13-s.pdf
[1] A nivel regional, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) ha demandado a los estados garantizar el acceso a la salud y alimentación de los pueblos y nacionalidades indígenas de la Panamazonía, así como intensificar la vigilancia y protección de los territorios “invadidos por petroleros, mineros, madereros y personas ajenas”.
