Antonio Peña Jumpa
Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Abogado, Magister en Ciencias Sociales y PhD in Laws.
El reciente terremoto de Haití, ocurrido en la mañana del 14 de agosto de 2021, nos hace recordar el terremoto de Pisco, en Perú, ocurrido 14 años atrás (15 de agosto de 2007), y ambos nos pueden conducir a entender los efectos calamitosos de la actual situación de pandemia que afecta el mundo. ¿Cuán preparados estamos para comprender estos efectos y asumir su reconstrucción?
Haití tuvo un terremoto previo, el año 2010, con efectos muy serios. En aquella ocasión los muertos sumaron cientos de miles y la destrucción de viviendas fue masiva. El reciente terremoto en cambio ha sido de menor magnitud, pero con cientos de muertos y miles de viviendas destruidas o afectadas. Lo triste de la experiencia es que Haití estuvo en una situación de extrema pobreza antes del terremoto del 2010, y sin haberse recuperado o reconstruido, se sumerge en otro terremoto, con la pobreza aún existente.
El caso de Pisco no es tan lejano. Si bien el 15 de agosto de 2007 el número de muertos sumó cientos y el número de viviendas destruidas o afectadas fueron miles, las consecuencias del terremoto se extendieron a otras provincias y distritos cercanos con efectos similares. Lo lamentable es que, tras el terremoto, el proceso de reconstrucción nunca terminó: se propusieron formas alternativas de organizar la reconstrucción, pero devinieron en nuevas formas burocráticas de inversión pública, con miles de millones de soles en obras inconclusas o defectuosas relacionadas con actos de corrupción. Al final, muchas de las autoridades de los gobiernos central, regional y local resultaron involucradas en estos actos de corrupción, pero sin investigación ni sanción.
En ambas experiencias, de Haití y Pisco-Perú, las deficiencias en la organización de la reconstrucción han impedido el resurgimiento de los damnificados y de la sociedad en general. El modelo de Estado y el modelo de reconstrucción han sido el mismo: jerárquico, burocrático y especializado. Esto significa una reconstrucción planificada y controlada de arriba hacia abajo, administrada por tecnócratas y funcionarios públicos improvisados, y dirigida por personas expertas cercanas a los políticos de turno. En una primera etapa, el de emergencia, el modelo parece el ideal, pero cuando transcurren los meses y años el modelo se torna en un absoluto fracaso.
Bajo estas experiencias, conviene reflexionar los efectos que corresponden a la pandemia del COVID-19 que aún estamos viviendo. La emergencia sanitaria de cerca de dos años, con periodos de contagios por olas y servicios de salud colapsados, significa un terremoto de varias replicas. En consecuencia, el proceso de reconstrucción será igual de complejo, y de extensa duración. Pero, requiere que aprendamos de aquellos fracasos.
¿Qué hacer?
Probablemente tengamos que partir de lo que sabemos hacer y de lo que tenemos a disposición: aplicar la jerarquía burocrática especializada. Pero, ello no puede ser permanente, y solo cabe su aplicación si al mismo tiempo da paso a la participación ciudadana o colectiva directa, que considere el uso de los recursos o condiciones que nuestra propia sociedad provee. Partiendo de esta apreciación general y ubicándonos en el contexto peruano, podemos sugerir:
- Trasladar las responsabilidades de reconstrucción a la población damnificada y no damnificada. En un inicio los no-damnificados están en mejores condiciones de liderar el proceso, pero luego los damnificados son quienes deben estar en condiciones de dirigir su propia reconstrucción.
- Trabajar con las organizaciones preexistentes. Esto significa apoyarse en las organizaciones de base de cada barrio o asentamiento humano, en la zona urbana, y en las históricas organizaciones de las comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas y otras formas organizativas, en la zona rural.
- Trasladar responsabilidades con presupuesto. Si la población damnificada no recibe la posibilidad de administrar o coadministrar las obras y proyectos de reconstrucción que son de necesidad para ella a nivel local, regional o nacional los resultados del fracaso no cambiarán. Al respecto, el riesgo de corrupción siempre existirá; para ello, la contraloría general de la república (encargada del control de los fondos del Estado) se adaptará, y, sobre todo, será la misma población la que puede controlar y sancionar a las personas corruptas.
Es tiempo de prepararnos para participar en la reconstrucción de los efectos de la pandemia del COVID-19, y de cualquier situación de desastre como la que afronta en estos momentos la población de Haití. Todos estamos involucrados, aunque no todos somos damnificados. Nuestra unidad, comprensión y participación honesta es crucial para apoyar a los damnificados y, sobre todo, a los más vulnerables. Esta comprensión nos ayudará a consolidar nuestra calidad ciudadana y a estar preparados frente a nuevos desastres.
