Antonio Peña Jumpa
Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Abogado, Magister en Ciencias Sociales y PhD. in Laws.
Lo ocurrido en la región de Puno, Perú, tras la muerte de al menos 17 personas que intentaron tomar las instalaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac de la ciudad de Juliaca y fueron repelidos por la Policía Nacional el día de ayer 9 de enero de 2023, confirma el desprecio por la vida de parte del actual régimen dirigido por la Sra. Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola. A ello se ha sumado la muerte de un agente policial el día de hoy. ¿Vale más un aeropuerto que la vida de estas personas fallecidas, particularmente del pueblo Aymara y Quechua de la región?
Si bien las muertes ocurridas serán investigadas para identificar a los responsables directos o inmediatos de los disparos de perdigones, bombas lacrimógenas y balas, o de las acciones que ocasionaron el deceso de las personas mencionadas, claramente tenemos presente a los responsables indirectos o mediatos: la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola y los ministros y los generales de las Fuerzas del Orden que dirigen, desde Lima, las acciones en la región.
Los hechos confirman los resultados del intento de la toma del aeropuerto de Huamanga, región de Ayacucho, en que perecieron al menos 10 personas, y los intentos de toma de los aeropuertos de las regiones de Arequipa, Cusco y Apurimac, con las muertes y heridos en cada región. Todos ellos ocurridos en las protestas sociales tras la vacancia presidencial y la sucesión en el gobierno del Perú del pasado 7 de diciembre de 2022.
El gobierno central ha justificado las muertes sustentando que los aeropuertos son instalaciones estratégicas para todo el país. Esto significa que son los medios a través de los cuales de traslada ayuda inmediata (medicina, alimentos entre otros) y a los batallones (con sus armamentos o equipos de seguridad) para que puedan controlar el orden interno de la región donde ocurren las protestas. Con la protección de estos aeropuertos aparentemente se buscaría favorecer a la mayoría de las personas que no protesta.
Esta aparente justificación de defensa de instalaciones estratégicas, en particular de los aeropuertos, es una respuesta militar. Se responde a las acciones de la población a través de una acción militar y no a través de una respuesta o estrategia social que, dado los hechos conocidos, debía corresponder por las protestas. El origen de las protestas no es militar, y sus efectos tampoco. Su origen y sus efectos son de carácter social. La toma de un aeropuerto es solo un medio (que puede ser político, comunicativo, u otro) que pone en riesgo a la propia población que protesta y que la misma población podrá controlar y sancionar en caso de excesos.
Pero, las muertes no pueden llevarnos a aceptar esa aparente justificación. No hay justificación por una muerte cuando ocurren protestas sociales. Si las fuerzas del orden no pueden controlar
las protestas usando la violencia legítima (permitida jurídicamente) y pasan a usar una violencia que produce muertes, no hay justificación.
Sin embargo, lo ocurrido en Puno confirma un hecho adicional: las protestas y la forma de control en el Perú tienen un carácter étnico. El pueblo Aymara que reinició con fuerza las protestas en el sur andino el 4 de enero de 2023, y al que siguió el pueblo Quechua, confirma un carácter étnico semejante al que ocurrió en Ayacucho, Apurimac, Cusco y Arequipa días anteriores. Son pueblos con una identidad cultural diferente al de las autoridades del gobierno central. Esta afirmación, lamentablemente, también se puede interpretar de los resultados de las protestas: las muertes no ocurren en Lima, sino en las regiones geográfica y étnicamente diferente; y pareciera que las vidas de quienes protestan importaran poco o nada.
¿Qué corresponde hacer jurídicamente?
Constitucionalmente el Congreso de la República del Perú debió controlar a la actual presidenta por las 28 muertes ocurridas en las protestas del mes de diciembre de 2022. Ha sido una situación de incapacidad moral permanente, por la actuación represiva tras las protestas, que muestra en los hechos una incapacidad de gobierno. En el mismo sentido, constitucionalmente también el Ministerio Público y el Poder Judicial debieron intervenir con mayor celeridad, basada en la división de poderes, para controlar la responsabilidad penal mediata y directa de los gobernantes: primero sobre el gobierno central y segundo sobre el mismo Congreso de la República si éste no cumple con su función.
Al no cumplir las instituciones del Estado con sus funciones, y dado los hechos y los reclamos que continúan en el país, cabe escuchar y comprender la voluntad de la población que protesta y aquella que está en desacuerdo con los gobernantes actuales. No hay capacidad de gobierno constitucional en estas circunstancias. Por ello, en lo inmediato, la renuncia de la actual presidenta Sra. Dina Boluarte es requerida, y que el Congreso de la República, también deslegitimado por los hechos, cese en sus funciones. Esto significa que no cabe sino un gobierno de transición que el mismo Congreso puede establecer constitucionalmente antes de su cese (ver artículo previo del autor) [1].
Recordemos que el sustento de un Estado no se encuentra en sus gobernantes, y menos en las instituciones militares o policiales. El sustento se encuentra en el pueblo. Así lo establece la Constitución Política del Perú en sus artículos 45o y 138o. Si este pueblo es diverso culturalmente y tiene diversas formas de protestas sociales, hay que comprenderlo. En esta comprensión se encuentra la legitimidad de un gobierno para el Perú. Las muertes tras las protestas son el efecto de la incomprensión y la ilegitimidad de sus gobernantes en el Estado.
Lima, 10 de enero de 2023.
Referencias:
[1] Ver en línea artículo previo del autor sobre Protestas sociales y alternativa jurídica tras la vacancia presidencial en el Perú Nro. 2.
