Valeria Garzón

Es egresada de la Universidad de Lima y cuenta con un Diploma de Especialidad en Solución de Controversias. Asimismo, ha complementado su formación académica con estudios especializados en Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Universidad de Salamanca, España

La justicia penal contemporánea se desarrolla en una doble escena. La primera es la institucional, integrada por la investigación penal, la actividad probatoria y el control jurisdiccional. La segunda es la digital, caracterizada por la inmediatez y alta carga emocional, alimentada por titulares, clips, hilos, capturas de pantalla y opiniones instantáneas que convierten el avance del caso en un relato público de culpabilidad. En esa segunda escena, la imputación circula antes que la prueba y la reputación del investigado puede quedar severamente dañada, aun cuando el proceso formal recién empiece. Esta asimetría temporal explica por qué el debate sobre redes sociales y proceso penal ya no es accesorio, sino central para la vigencia de las garantías constitucionales.

El fenómeno de los llamados juicios paralelos no es nuevo, pero las redes sociales lo han intensificado con una intensidad estructuralmente distinta. La prensa tradicional todavía conservaba ciertas mediaciones editoriales y temporales. Las plataformas digitales, en cambio, operan bajo la lógica de la inmediatez, la reiteración y la amplificación algorítmica. Una imputación, una detención o una filtración pueden transformarse, en pocas horas, en tendencia nacional, acompañadas de interpretaciones morales y demandas punitivas inmediatas. El problema no es la deliberación pública en sí misma, que es legítima y necesaria en una sociedad democrática, sino la sustitución del razonamiento probatorio por una condena social anticipada.

El punto de partida en el ordenamiento peruano es claro: el artículo 2° inciso 24, literal e, de la Constitución reconoce que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Por su parte, el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal establece que toda persona imputada debe ser tratada como inocente mientras no exista sentencia firme debidamente motivada y agrega una previsión especialmente relevante para el debate contemporáneo: hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido. Esta garantía busca impedir que el poder público adelante, en los hechos, una condena simbólica con efectos difícilmente reversibles.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos refuerza esa tutela al reconocer, en su artículo 8.2, el derecho de toda persona inculpada a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. La Corte Interamericana ha precisado, además, que esta garantía no se reduce a una regla probatoria aplicable al momento de sentenciar, sino que también impone al Estado un deber de trato, de modo que sus autoridades no pueden condenar informalmente ni emitir juicios ante la sociedad que contribuyan a formar una opinión pública de culpabilidad antes de que la responsabilidad penal haya sido acreditada conforme a ley. La cuestión actual consiste en determinar qué ocurre cuando esa “condena” ajena al proceso penal ya no proviene solo de una autoridad, sino de una conversación digital masiva que mezcla información, sospecha, indignación, desinformación y espectáculo.

No se trata de negar que los procesos penales puedan ser objeto de escrutinio público, pues la publicidad es una garantía democrática y la prensa cumple una función indispensable de control.

El problema aparece cuando la lógica del proceso, que exige contraste, prudencia, contradicción y motivación, es desplazada por la lógica de las plataformas. El proceso exige prueba; por el contrario, la red social funciona con impresiones. La justicia penal requiere tiempo; la conversación digital reclama respuestas instantáneas. En ese punto, surge el juicio paralelo contemporáneo, no solo como cobertura periodística intensa, sino como producción distribuida de una narrativa de culpabilidad que puede condicionar la percepción ciudadana e incluso presionar a los operadores jurídicos.

1. La presunción de inocencia como regla de juicio y como regla de trato

Una parte del problema deriva de que la presunción de inocencia suele ser reducida, en el debate público, a una consigna abstracta o a una fórmula que solo cobra relevancia en la sentencia. Sin embargo, su alcance es más amplio. La doctrina constitucional ha distinguido entre la presunción de inocencia como regla de juicio y como regla de trato. En su primera dimensión, impone que la carga de la prueba recaiga sobre quien acusa y que la condena solo sea legítima si la hipótesis incriminatoria ha quedado acreditada con suficiencia. En su segunda dimensión, exige que el imputado no sea tratado social ni institucionalmente como culpable durante el proceso. Landa (2012), ha destacado que este derecho protege a la persona frente al riesgo de que el aparato sancionador opere sobre la base de una sospecha no demostrada y que, por ello, el imputado no tiene el deber de probar su inocencia.

La jurisprudencia peruana ha seguido esa misma línea. El Tribunal Constitucional ha sostenido que la presunción de inocencia se mantiene viva a lo largo del proceso penal, mientras no exista una sentencia judicial firme que la desvirtúe, y ha recordado que este derecho no solo se proyecta sobre la valoración de la prueba, sino también sobre la forma en que el Estado se relaciona con la persona sometida a investigación o juzgamiento. Esta precisión resulta central en la actualidad porque el deterioro de la garantía no siempre se produce por una condena judicial arbitraria. Muchas veces empieza antes: con filtraciones, conferencias de prensa, titulares sugestivos, exposición de imágenes, difusión de audios o afirmaciones de aparente sentido común que convierten al imputado en una atribución progresiva de responsabilidad: primero probable, luego mediática y, finalmente, termina como una suerte de condena social.

En el Perú, esa reconfiguración ha encontrado un terreno especialmente fértil en casos de alto impacto político, empresarial o mediático. La visibilidad pública del proceso penal genera un incentivo permanente para traducir actuaciones preliminares complejas en mensajes simples y contundentes. Esa simplificación suele ser celebrada como “transparencia”, cuando, en realidad, puede implicar una forma de sanción prematura. Álvarez (2016) lo advirtió con claridad al señalar que, en la percepción de determinados sectores, la presunción de inocencia parece terminar con la detención policial, pese a que, en un proceso penal democrático, la culpabilidad se prueba y la inocencia se presume. En la esfera digital, ese error ya no queda restringido a una coyuntura noticiosa: se guarda, se comparte y se reactiva cada vez que el nombre de una persona vuelve a circular.

2. Redes sociales, viralidad y construcción de culpabilidad anticipada

Las redes sociales no son un medio de comunicación más. Su estructura altera la forma en que la información penal es recibida, procesada y reproducida. En la prensa tradicional aún subsisten ciertos filtros editoriales, tiempos de verificación y responsabilidades más definidas; en cambio, en plataformas digitales la información judicial circula fragmentada, descontextualizada y reescrita por miles de usuarios en tiempo real. Una resolución de detención puede transformarse en un hilo acusatorio; una imagen de intervención policial puede convertirse en meme; una declaración puede presentarse como confesión implícita; una captura de pantalla puede sustituir el análisis del contexto probatorio. El efecto acumulativo de estos fragmentos no es neutro, sino que termina consolidando una narrativa social paralela, menos exigente que la verdad procesal, pero muchas veces más influyente.

A ello se suma un rasgo decisivo: la permanencia. Antes, la cobertura noticiosa intensa podía diluirse con el paso de los días. Hoy, el contenido digital permanece indexado y disponible para futuras reactivaciones. La absolución rara vez tiene la misma circulación que la imputación inicial. La desestimación de un fiscal no compensa la masividad de la primera exposición. La eliminación de una imagen no borra el estigma.

En términos prácticos, esto significa que la afectación reputacional puede imponerse incluso cuando el sistema penal no logre acreditar responsabilidad. En otras palabras, la conversación digital no solo corre en paralelo al proceso; en ocasiones, lo sustituye de facto en el plano social.

La doctrina peruana ha identificado un punto especialmente delicado en esta discusión. Ríos (2019) ha cuestionado la facultad policial de informar a los medios sobre la identidad del imputado, prevista en el artículo 70 del Código Procesal Penal, por considerar que favorece procesos de etiquetamiento y estigmatización incompatibles con un sistema penal democrático.

La observación es particularmente persuasiva en el entorno digital. Una imagen o un nombre difundidos por una fuente oficial no permanecen en el marco institucional donde fueron emitidos: se multiplican, se resignifican y se transforman en materia prima de una condena social distribuida. El daño, además, ya no recae solo en el imputado, sino también en su familia, su entorno profesional y su proyecto de vida.

Por eso conviene ser precisos. No todo debate público sobre un caso penal vulnera la presunción de inocencia, lo problemático es la presentación del caso en clave de certeza cuando el proceso todavía se encuentra vigente y no cuenta con sentencia firme. La libertad de expresión protege el debate, la crítica y el control ciudadano, pero no convierte en irrelevantes las garantías del proceso. En una democracia constitucional, el interés público por un caso no habilita a suprimir la distancia entre investigar y condenar.

3. Juicios paralelos, presión pública y riesgos para la independencia judicial

El juicio paralelo no es solo un exceso retórico de la prensa ni un fenómeno superficial de redes sociales, sino que puede convertirse en una presión concreta sobre fiscales y jueces. Cuando la conversación digital exige respuestas punitivas inmediatas, toda decisión garantista empieza a ser vista como sospechosa: la no imposición de una medida coercitiva intensa se interpreta como impunidad, la reserva de la investigación se presenta como encubrimiento, entre otros. En ese clima, la función jurisdiccional corre el riesgo de desfigurarse, porque el costo institucional y reputacional de una decisión jurídicamente correcta puede resultar mucho mayor que el costo de una decisión popular.

Álvarez (2016) también advirtió que, en determinados contextos, la prisión preventiva puede terminar operando bajo la presión de la opinión pública y mediática, lo que compromete la independencia judicial y la comprensión misma de la presunción de inocencia. En el entorno digital contemporáneo, esa presión se intensifica porque ya no depende exclusivamente de grandes medios, pues ahora proviene de comunidades virtuales, comentaristas (incluso influencers) y circuitos de viralización que convierten cada decisión de un proceso penal en una disputa narrativa.

La Corte Interamericana ha insistido en que la presunción de inocencia exige que el Estado no condene informalmente a una persona ni contribuya a formar una opinión pública adversa antes de que exista acreditación legal de responsabilidad (Tribunal Constitucional, Exp. 02570-2018-PA/TC, 2021, citando el Caso J. vs. Perú). Esta regla alcanza con particular intensidad a quienes ejercen poder punitivo. Un fiscal que comunica el caso con tono incriminatorio, una autoridad policial que exhibe a un investigado como culpable o un funcionario que adelanta conclusiones frente a cámaras no solo afectan la imagen del imputado, debilitan la legitimidad del proceso y crean un entorno hostil para una decisión imparcial.

En esa línea, los juicios paralelos lesionan más de un derecho: afectan la presunción de inocencia, pero también el honor, la buena reputación, la imagen y, en ciertos casos, la propia igualdad en el acceso a la justicia. No todos los imputados cuentan con la misma capacidad de respuesta pública, pues quien tiene menos recursos comunicacionales, menor capacidad económica o menor acceso a defensa especializada queda expuesto a una condena social más intensa y más difícil de revertir. El fenómeno, por tanto, no es solo penal o comunicacional; también es materialmente desigual.

4. Libertad de información, interés público y límites constitucionales

Es evidente que el proceso penal no puede convertirse en un territorio inmune al escrutinio democrático. La cuestión es otra: cómo informar sin prejuzgar y cómo compatibilizar el derecho de la ciudadanía a conocer hechos de relevancia pública con el derecho del imputado a no ser presentado como culpable antes de tiempo. El equilibrio es exigente, pero no imposible.

El primer criterio consiste en distinguir entre información sobre actos procesales y afirmaciones de responsabilidad. Informar que existe una investigación, una diligencia, una detención o una audiencia puede ser constitucionalmente admisible si se hace con lenguaje sobrio, descriptivo y no incriminatorio. Lo que vulnera la presunción de inocencia es convertir esos actos en equivalentes de culpabilidad. El segundo criterio exige recordar que la reserva, en determinados momentos del proceso, también cumple una función de garantía. No solo protege la eficacia de la investigación, sino la intimidad, el honor, la propia imagen y la posición procesal de quienes aún no han sido vencidos en juicio. El Tribunal Constitucional ha destacado que el carácter reservado de la investigación tutela precisamente ese conjunto de derechos fundamentales.

Un tercer criterio, insuficientemente desarrollado en la práctica peruana, es el deber de contención comunicativa de las autoridades. No basta con no afirmar expresamente que alguien es culpable. También es necesario evitar puestas en escena, adjetivaciones, insinuaciones o estrategias discursivas que, aunque formalmente neutras, produzcan el mismo efecto. La regla de trato no se vulnera solo con una declaración textual de culpabilidad, se lesiona igualmente cuando la comunicación oficial está diseñada para que el público llegue, sin esfuerzo, a una conclusión condenatoria.

En paralelo, la discusión sobre libertad de expresión debe ser formulada correctamente. Los derechos fundamentales no se jerarquizan de manera automática. No existe una cláusula que permita sacrificar la presunción de inocencia por la sola existencia de interés público; lo que corresponde es una ponderación cuidadosa, sensible a la etapa procesal, a la calidad de la información difundida, a su fuente, a su necesidad y a sus efectos. En casos penales en curso, el estándar de prudencia debe ser más alto, precisamente porque el daño que puede producirse antes de la sentencia es, a menudo, irreversible.

5. Qué debería cambiar en el proceso penal peruano ante la esfera digital

El fenómeno descrito obliga a pensar en respuestas institucionales más precisas. La primera pasa por revisar críticamente el artículo 70 del Código Procesal Penal y, sobre todo, la cultura jurídica que se ha construido alrededor de esa disposición. Una interpretación compatible con la Constitución y la Convención Americana no debería normalizar la difusión rutinaria de la identidad del imputado ni la exhibición pública de personas sometidas a investigación. El hecho de que una norma faculte la difusión de información por parte de la policía no significa que cualquier forma de exposición sea constitucionalmente legítima. El estándar debe ser restrictivo, excepcional y plenamente justificado.

Este criterio ha sido expresamente desarrollado por el Tribunal Constitucional en el Expediente N.° 02570-2018-PA/TC (2021), en el que se determinó que la difusión de notas de prensa por parte de la Policía Nacional, atribuyendo responsabilidad penal a personas intervenidas en etapa preliminar, vulnera la presunción de inocencia. El Tribunal precisó que la autoridad policial no puede presentar a los investigados (ni siquiera en términos de probabilidad) como responsables de un delito, pues la determinación de culpabilidad corresponde de manera exclusiva al Poder Judicial. En esa línea, concluyó que la comunicación estatal que anticipa una imputación como si fuera una conclusión constituye una forma de condena extraprocesal incompatible con la Constitución. Este estándar constitucional refuerza la necesidad de interpretar restrictivamente las facultades de comunicación institucional en materia penal.

La segunda respuesta exige protocolos claros de comunicación fiscal, policial y judicial. Esos protocolos deberían fijar criterios mínimos sobre lenguaje, oportunidad, contenido y límites de la información pública en casos penales en curso. No se trata de proteger a personas influyentes ni de reducir transparencia, se trata de recordar que el proceso penal no puede administrarse como espectáculo.

La tercera respuesta tiene que ver con formación. Jueces, fiscales, policías, periodistas y litigantes necesitan asumir que el entorno digital no es un escenario externo al proceso, sino un factor que incide en su desarrollo. La formación jurídica sobre redes sociales ya no puede limitarse a problemas de evidencia digital, también debe abarcar la manera en que la circulación masiva de contenidos altera el estándar de trato, la percepción de independencia y la intensidad del estigma.

Finalmente, es necesario recuperar una idea básica que el debate penal reciente a veces ha debilitado: el proceso no existe para confirmar intuiciones colectivas, sino para verificar hechos conforme a reglas. Esa función se vuelve más valiosa cuando el entorno externo exige condenas rápidas. Si el sistema penal cede por completo a la lógica de la viralidad, deja de actuar como garantía frente al poder y empieza a reproducir la “impaciencia” punitiva del momento.

6. Víctimas, denunciantes y la falsa salida del silenciamiento

Defender la presunción de inocencia en la era digital no implica minimizar la posición de las víctimas ni desalentar la denuncia pública de hechos graves, esa es una percepción errónea frecuente. En muchos casos, especialmente en contextos de violencia, abuso o corrupción, la circulación pública de información ha permitido visibilizar prácticas que antes permanecían ocultas y ha impulsado respuestas institucionales que han sido largamente postergadas. Por lo tanto, la cuestión no radica en la expresión pública en sí misma, sino la confusión entre un reproche moral y una declaración de responsabilidad penal.

La víctima tiene derecho a ser oída, protegida y tratada con dignidad; también tiene derecho a que el sistema no la revictimice bajo el pretexto de preservar garantías. Pero nada de ello autoriza a vaciar de contenido la presunción de inocencia del imputado. Un proceso penal serio debe ser capaz de sostener ambas exigencias a la vez: proteger a la víctima y evitar la condena anticipada. El discurso que obliga a escoger entre una y otra opción empobrece el debate y favorece salidas autoritarias. Cuando la conversación pública se formula en esos términos, cualquier invocación a las garantías aparece como estrategia de impunidad y cualquier llamada a la prudencia se interpreta como indiferencia frente al daño sufrido. Ese desplazamiento es especialmente peligroso en redes sociales, donde la intensidad emocional suele reemplazar el análisis jurídico.

También conviene advertir que no toda exposición digital cumple una función emancipadora. En ocasiones, la denuncia pública termina produciendo una nueva forma de violencia: la del escrutinio ilimitado, la reproducción no consentida de datos personales, la difusión de imágenes, audios o conversaciones privadas y la extensión del castigo al entorno familiar del investigado. La lógica de plataforma favorece esa expansión porque recompensa el contenido más impactante, no el más responsable. De allí que la defensa de la presunción de inocencia no pueda desligarse de una reflexión más amplia sobre ética comunicativa, protección de datos, deberes de verificación y límites del enfoque sensacionalista en los casos penales.

En ese marco, los litigantes también tienen una responsabilidad creciente. La defensa técnica y la representación de agraviados ya no se desenvuelven exclusivamente en escritos y audiencias. Muchas veces deben reaccionar ante filtraciones, narrativas virales, exposiciones selectivas y usos estratégicos del espacio digital. La calidad del proceso dependerá, en parte, de la capacidad de los operadores para no trasladar la contienda penal al terreno de la afectación reputacional. Judicializar un conflicto no debería equivaler a desatar una campaña comunicacional, el expediente no puede convertirse en un insumo de propaganda para ninguna de las partes.

Por eso, el reto más exigente es cultural. Mientras subsista la idea de que el derecho penal vale más cuanto más rápido castiga, seguirá siendo difícil defender la presunción de inocencia frente a la opinión pública. Sin embargo, precisamente en momentos de mayor exigencia social es cuando las garantías muestran su verdadero sentido. No están diseñadas para los casos cómodos ni para los imputados simpáticos, sino para limitar el poder cuando el castigo parece evidente y urgente. Esa es la prueba de madurez de un sistema penal eficiente, no renunciar a la prudencia cuando todo alrededor -las redes sociales, en este caso- exige precipitación a la fuerza.

7. Medios, plataformas y responsabilidad

Tampoco corresponde trasladar toda la carga del problema al Estado. Los medios de comunicación y las propias plataformas digitales participan de manera decisiva en la configuración de los juicios paralelos contemporáneos. El periodismo penal cumple una función pública indiscutible, pero precisamente por ello su estándar de diligencia debería ser más alto en casos en trámite. Titulares que afirman antes de probar, coberturas centradas en la espectacularidad de la detención, reproducción acrítica de filtraciones o entrevistas construidas sobre hipótesis incriminatorias no solo degradan la calidad informativa, también afectan el entorno en el que luego deben actuar fiscales y jueces.

En el caso de las plataformas, el problema es aún más complejo, porque su estructura favorece la amplificación de contenidos emocionalmente intensos, la repetición de versiones parciales y la persistencia de publicaciones realizadas en el pasado. Una imputación falsa o sobredimensionada puede continuar circulando aun después del archivo o la absolución.

La conversación digital, además, no distingue con facilidad entre fuente oficial, comentario, rumor o parodia. Todo aparece en una misma secuencia de consumo y termina influyendo del mismo modo en la reputación de la persona concernida.

Esto obliga a repensar la ética del tratamiento informativo de casos penales. No basta con invocar libertad de prensa o libertad de expresión de manera abstracta, debe exigirse contextualización, rectificación proporcional cuando el caso evoluciona, identificación clara entre hecho y opinión y cautela reforzada respecto de personas que aún no han sido sentenciadas.

Del mismo modo, las universidades y facultades de derecho harían bien en incorporar en la formación de litigantes y periodistas una reflexión más seria sobre comunicación judicial, sesgos digitales y garantías constitucionales. El derecho procesal penal del siglo XXI no puede seguir enseñándose como si el espacio público digital fuera un elemento accesorio.

A la larga, la mejor defensa de la legitimidad institucional no será competir con las redes en rapidez, sino diferenciarse de ellas en rigor. Un sistema de justicia que comunica con prudencia, decide con motivación y resiste la presión del entorno no parece más lento, es más serio. Y esa seriedad, en tiempos de condena instantánea, es una forma de protección de los derechos fundamentales.

Conclusión

Las redes sociales han modificado de manera profunda el espacio público en el que operan los procesos penales. Han democratizado la opinión, pero también han acelerado la condena informal. Han ampliado el control ciudadano, pero al mismo tiempo han facilitado formas masivas de estigmatización que pueden vaciar de contenido la presunción de inocencia antes de la sentencia. El desafío no consiste en elegir entre publicidad y garantías, ni entre libertad de información y debido proceso. Consiste en evitar que la justicia penal sea reemplazada por una economía de atención que premia la acusación instantánea y penaliza la cautela.

En el contexto peruano, ese desafío exige tomarse en serio la presunción de inocencia como regla de trato, revisar la exposición institucional del imputado, reforzar la reserva cuando corresponda y construir criterios de comunicación compatibles con un proceso penal democrático. La legitimidad de la justicia no depende de que sus decisiones se alineen con el clima digital del día, sino de que sean producto de prueba suficiente, motivación rigurosa y respeto efectivo por los derechos fundamentales. Cuando las redes sociales juzgan antes que los tribunales, el problema trasciende lo comunicacional y compromete garantías constitucionales esenciales.

Referencias

• Álvarez Yrala, E. (2016). Independencia y prisión preventiva. THĒMIS-Revista de Derecho, (70), 167-176. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/download/15583/16032/61860
• Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N.º 957.
• Constitución Política del Perú. (1993). Tribunal Constitucional del Perú.
• Convención Americana sobre Derechos Humanos. (1969). Organización de los Estados Americanos.
• Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2013). Caso J. vs. Perú. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_275_esp.doc
• Landa, C. (2012). El derecho fundamental al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. Pensamiento Constitucional, 445-461. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/download/3287/3129/12416
• Landa, C. (2016). El nuevo Código Procesal Penal peruano en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. THĒMIS-Revista de Derecho, (68), 181-191. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/download/15592/16041/61896
• Ríos Patio, G. (2019). La información policial sobre la identidad del imputado: La criminología mediática en el proceso de construcción del enemigo. Derecho & Sociedad, (52), 207-218. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/download/21222/20927/84443
• Tribunal Constitucional del Perú. (2014). Expediente N.° 04415-2013-PHC/TC. https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/04415-2013-HC.pdf
• Tribunal Constitucional del Perú. (2021). Expediente N.° 02570-2018-PA/TC. https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2021/02570-2018-AA.htm
• Tribunal Constitucional del Perú. (2021). Expediente N.° 02825-2017-PHC/TC. https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2021/02825-2017-HC.pdf
• Tribunal Constitucional del Perú. (2025). Expediente N.° 00006-2024-CC. https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2025/00006-2024-CC.pdf