Gustavo Arévalo
En agosto de 2003, Oscar Yanes (1927-2013), reconocido periodista, escritor, historiador y político caraqueño, dio una entrevista verdaderamente profética en el programa “La hora de Orlando” conducido por el actor Orlando Urdaneta, exiliado en los Estados Unidos por su oposición al régimen chavista.
Yanes –que en ese momento tenía 76 años– acumulaba una dilatada experiencia como cronista acucioso y entrevistador televisivo de fuste. Considerado uno de los pioneros del periodismo en Venezuela, fue el primer corresponsal de guerra latinoamericano en cubrir la Guerra de Vietnam. Maestro en el manejo del estilete verbal, su crítica mordaz le valió, en más de una oportunidad, el exilio por enfrentarse a dictaduras como la del General Marco Pérez Jiménez. Diputado hasta en tres oportunidades en el Congreso Nacional de Venezuela, Yanes era un hombre curtido en el periodismo y la política de su país.
Como viejo sabueso tuvo la capacidad de olfatear lo que se venía para Venezuela si Hugo Chávez ganaba las elecciones de 1998 y el peligro que representaba para la democracia permitir el referéndum consultivo que terminó aprobando la Constitución chavista de 1999. Advirtió, como ningún otro, que los dictadores empezaban modificando la Constitución (revistiéndola de un tinte democrático) para hacerse un “traje a la medida” y gobernar de manera autocrática al imponer una “dictadura con base constitucional”. El contexto en el que se desarrolla la entrevista a Yanes, fue la aprobación de la sentencia 1942/2003 de julio de 2003, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desestimando una acción de inconstitucionalidad para modificar el Código Penal venezolano al permitir sancionar, con cárcel, cualquier comentario o mofa que –a criterio del régimen– suponga una ofensa contra el honor y reputación de los funcionarios públicos. La sentencia sirvió para modificar la “Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión”, actualmente vigente y calificada de “ley mordaza” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Recordar la entrevista a Yanes a 25 años de instaurada la dictadura chavista sirve para evaluar la eficacia de las medidas impuestas por la comunidad internacional, más aún, cuando el pasado 10 de enero, Nicolás Maduro asumió por tercera vez un mandato espurio como presidente de Venezuela sin que la oposición ni nadie pudiera impedirlo.
Ante la pregunta de Urdaneta de cómo salir del régimen chavista, Yanes sorprendió haciendo una analogía del escenario político venezolano con lo que llamaba la “teoría del ñu”. Comenzó aclarando que el ñu es un animal de las planicies africanas parecido a un toro, pero sin serlo, y que si un torero (por muy avezado que sea) ve a un ñu, no lo reconoce y pretende torearlo, su muerte es segura, pues el ñu (a diferencia del toro) no entra al capote y esperará a que el torero se confíe lo suficiente como para tenerlo cerca y atacarlo.
La analogía expuesta explicaba la ingenuidad de la oposición de creer estar combatiendo un régimen democrático imperfecto al que podía derrocarse usando métodos democráticos tradicionales. Según Yanes, Chávez no era un toro, sino un ñu (es decir, no era un dictador cualquiera, sino, un sátrapa), y como tal no entendía de métodos democráticos. Así como, antes de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill advirtió que era absurdo pretender llegar a un acuerdo con Hitler, la oposición debía hacer entender a la población que es imposible utilizar métodos democráticos clásicos para combatir un régimen de esas características. A su criterio, la condena y la presión internacional no servirían de nada y solo darían tiempo para que el chavismo se fortalezca. Su propuesta era crear un estado mayor, cuya única misión sea diseñar una estrategia para destruir y liquidar a un régimen fascista que, de no ser eliminado prontamente, acabaría con el país.
Si bien Yanes falleció pocos meses después de que Maduro sucediera a Chávez en el poder, lo cierto es que sus palabras no fueron para nada exageradas ya que Maduro ha demostrado ser mucho más represivo y brutal que su mentor. Solo en los primeros 8 meses de su gobierno adoptó una serie de medidas políticas, económicas y de seguridad que agravaron la frágil situación de Venezuela.
Con la justificación de profundizar el socialismo bolivariano logró que la Asamblea Nacional aprobara una Ley Habilitante que le permitiera legislar –por un año– sobre cualquier materia que considere necesaria. Desde esa fecha, se entregó a un frenesí de detenciones arbitrarias, asesinatos, expropiaciones, controles de precio, liberación de delincuentes de las cárceles, creación de grupos armados irregulares, retraso de elecciones estatales y hasta insultos de grueso calibre contra cualquiera que cuestione su gobierno. Todo ello en medio del éxodo de millones de venezolanos por el mundo.
Según expertos, el colapso social y económico de Venezuela alcanzó proporciones dantescas iguales o superiores a las grandes depresiones de 1923 en Alemania y 1929 en los Estados Unidos. La hiperinflación ha llevado al país a territorios desconocidos al sumergirse en una escalada de múltiples crisis. En febrero de 2019 la Casa Blanca ya condenaba la brutalidad de Maduro al comparar su tácticas represivas como aquellas adoptadas por los regímenes más crueles en la historia: Mussolini en Italia, Stalin en la ex Unión Soviética o Gadafi en Libia. Basta recordar el regocijo de Maduro al advertir el parecido de su mostacho con el de Stalin o la desfachatez de expresar ante cámaras que ganaría las elecciones presidenciales de 2024 “por las buenas o por las malas”.
A propósito de ello, si bien el pasado 10 de enero el mundo se mantuvo en vilo al esperar el prometido ingreso a Venezuela de Edmundo González Urrutia para posicionarse como el legítimo presidente electo, parece olvidarse de que los resultados de las elecciones de julio de 2024 son una muestra más del desprecio de Maduro por la legalidad y su inexistente voluntad de dejar el poder.
En efecto, durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2012) se celebraron en Venezuela varias elecciones para crear una falsa ilusión de democracia mientras se gestaba un régimen basado en la concentración del poder. En poco tiempo, el chavismo cooptó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) a fin de dilatar la convocatoria al “referéndum consultivo” en 2004 (gestionada por la oposición) en la que a punta del reparto de subsidios a la población más deprimida del país, logró prolongar su permanencia en la presidencia hasta su muerte, víctima del cáncer.
En el caso de Maduro la situación no es diferente. Su primera elección en 2013 se dio en abierta violación a las normas de integridad electoral, cuando el TSJ comenzó a desmantelar la Asamblea Nacional y avasallar a la poca oposición que quedaba.
La segunda elección en 2018 también fue, por decir lo menos, polémica, al instaurarse una deslegitimada Asamblea Nacional Constituyente que convocó anticipadamente a elecciones presidenciales para restar el tiempo de organización a la oposición.
En esta oportunidad, no solo se vetó la participación de opositores en la contienda electoral, sino también se canceló el derecho a sufragar a miles de ciudadanos. El objetivo era allanar el camino para que Maduro gane las elecciones sin obstáculos, victoria que alcanzó con apenas el 46% de participación ciudadana, una de las tasas más bajas en la historia de ese país. Todo ello en medio de denuncias de fraude por parte de los Estados Unidos, el disuelto Grupo de Lima, la Unión Europea y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Frente a los reiterados fraudes electorales y el agravamiento de las condiciones de vida en Venezuela, la comunidad internacional desplegó una serie de acciones para forzar la salida del régimen. Por ejemplo, en el ámbito diplomático los “Compromisos de Barbados” se desintegraron como pompas de jabón cuando ninguna de las condiciones acordadas para asegurar elecciones presidenciales limpias en 2024 se cumplieran.
En similar sentido, debates interminables en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA) evidencian la falta de unidad para condenar al gobierno de Maduro. Bajo el pretexto de respetar la soberanía y la no intervención, la escandalosa “neutralidad” de Brasil, México, Colombia, Bolivia, Nicaragua, Haití, Surinam, Antigua y Barbuda y otros, convierten a este foro en un verdadero casting de oratoria que concluye con la adopción de resoluciones estériles para un país que formalmente abandonó el organismo en 2019.
Por el lado de las sanciones económicas y comerciales los resultados afectan más a la población que al régimen. Técnicamente las sanciones son una amplia gama de medidas restrictivas que resultan necesarias en el ámbito de las relaciones internacionales frente a acciones que supongan una amenaza a la paz y seguridad en el mundo. Impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las sanciones pueden recaer en Estados, entidades no gubernamentales e individuos responsables de actos contrarios al derecho internacional.
En el caso de Venezuela, la posibilidad de que sea sancionada bajo el mecanismo de las Naciones Unidas es nula, pues el apoyo de dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto (Rusia y China) bloquean cualquier propuesta que vaya en esa dirección. En consecuencia, las sanciones impuestas provienen de las acciones unilaterales de Estados Unidos y sus aliados, como la Unión Europea, hecho que es utilizado por la dictadura para alimentar su discurso de resistencia frente al “abuso del imperialismo”.
A propósito de ello, el informe de 2021 de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos en Venezuela, concluyó que desde el 2014 las sanciones tienen un efecto devastador en la población, al evidenciarse lo siguiente: (i) el país sobrevive apenas con el 1% de los ingresos públicos; (ii) las remesas del extranjero han disminuido por el bloqueo de activos, complejizando las transferencias bancarias; (iii) las líneas eléctricas trabajan a menos del 20% de su capacidad; (iv) la distribución del agua se ha racionalizado; (v) los límites impuestos a la importación de alimentos dejaron a casi 2.5 millones de venezolanos en una situación de grave inseguridad alimentaria; (vi) ausencia de personal médico en hospitales públicos; (vii) incremento de enfermedades por falta de vacunas y medicamentos; (viii) aumento de embarazos en adolescentes debido a la escasez de métodos anticonceptivos, incrementando enfermedades como el VIH; (ix) Deserción escolar y universitaria por falta de docentes e inadecuada infraestructura; etc.
Sin embargo, pese a esta situación el régimen sobrevive de los ingresos del petróleo adquirido a precios bajos por China e India, inclusive por los Estados Unidos cuando la gestión del presidente Biden levantó las restricciones como parte de los (nunca cumplidos) “Compromisos de Barbados”. Igualmente, empresas transportadoras de crudo utilizan las tácticas de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada para sortear bloqueos y evitar ser rastreados por sistemas de seguimiento satelital, apagando sus transpondedores o enarbolando banderas de conveniencia.
En los ámbitos del abastecimiento de productos de primera necesidad y la cooperación militar, el papel de Irán es fundamental. La cadena de supermercados “Megasis” y su alianza con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) aseguran la provisión de alimentos para la población leal al régimen. Por su parte, la instalación de una fábrica iraní de armamento y drones en la Base Aérea Libertador, es una muestra clara del apoyo recíproco de ambos países. De hecho, el ofrecimiento de asilo político por Maduro a varios funcionarios de la élite iraní, llevó a que estos adquieran propiedades en Venezuela para asegurarse un lugar de escape, en la eventualidad de que en su propio país se desate una crisis interna.
Mención aparte es el papel de la oposición. En el tiempo que lleva el régimen en el poder se ha visto desfilar voces con mayor o menor visibilidad y elocuencia. Los más representativos son Henrique Capriles, Antonio Ledesma, Leopoldo López y Juan Guaidó. Todos ellos en su momento representaron los anhelos de cambio en Venezuela liderando movilizaciones sociales dentro o fuera del país pero sin poder derrocar al régimen.
Mientras se buscaba negociar con Maduro, el aparato estatal chavista engullía uno a uno a opositores y simpatizantes. Desde inhabilitaciones creadas por supuestas irregularidades administrativas para impedir su participación en elecciones, hasta secuestros y encarcelamiento de familiares en los oscuros ambientes del Helicoide, el régimen quebró la unidad y el ánimo de la oposición, forzando a la mayoría de sus integrantes a exiliarse en el extranjero.
A pesar de que el liderazgo actualmente recae en María Corina Machado, el intento fallido de que Edmundo González sea investido como presidente en territorio venezolano parece haber anotado una victoria más al régimen. Si bien no puede desconocerse la valentía de Machado y la especial conexión con sus simpatizantes, objetivamente va a necesitar más que marchas multitudinarias y gritos de condena de la comunidad internacional para derrocar a Maduro.
Igualmente la orden de captura de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Maduro requerirá de la cooperación internacional para ser verdaderamente efectiva. En ese sentido, difícilmente el dictador se arriesgará a viajar a algún país parte del Estatuto de Roma puesto que solo le interesa reunirse con autoridades de países aliados.
Otro elemento a considerar es la crisis venezolana en el actual contexto internacional. Con múltiples conflictos en Medio Oriente, Ucrania, Yemén, el incremento de tensiones entre Taiwán y China, las amenazas nucleares de Corea del Norte, la expansión de la delincuencia transnacional, la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y las crecientes olas de migración, los Estados Unidos y Europa están enfrascados en solucionar sus propios problemas. En el caso de Estados Unidos, el presidente Trump está enfocado en revertir la influencia de China en América Latina y lograr la expulsión de migrantes irregulares en su territorio. Su política exterior agresiva puede terminar tensando demasiado las relaciones con algunos de sus socios en la OTAN o incluso de países vecinos como Canadá y México. De hecho, expresar reiteradamente las intenciones de retomar el control del Canal de Panamá o “comprar” Groenlandia a Dinamarca (eufemismo utilizado para no decir anexionarse) podría terminar empujando a esos países hacia los brazos de China para defender su soberanía.
Europa es un caso aparte. Alemania y Francia –líderes de la Unión Europea– atraviesan tiempos convulsos. Sumidos en un incremento de la inflación de los costos de la energía producto de la guerra ruso-ucraniana, los bajos índices de aprobación del Canciller Scholz y el presidente Macron, las críticas de la población a las decisiones de la Comisión Europea y el auge de partidos de extrema derecha, hace pensar que el apoyo a Venezuela se mantendrá sólo a nivel aspiracional.
Finalmente, una intervención militar extranjera en Venezuela es improbable. Al no poder contar con la aprobación del Consejo de Seguridad por los vetos de China y Rusia, una intervención armada solo es posible por la acción unilateral de alguna de las potencias militares. En ese sentido, difícilmente Estados Unidos y sus socios europeos querrán abrirse un nuevo frente de combate con los enormes recursos financieros y humanos que ello demanda. Asimismo, la opción de que un cuerpo de mercenarios como Blackwater incursione en Venezuela animados por las recompensas ofrecidas por la captura de Maduro y miembros de su cúpula, también parece lejana. Los montos de las recompensas son poco apetecibles para embarcarse en tamaña empresa. Adicionalmente hay que considerar que el régimen chavista tiene apoyo de la inteligencia cubana para desbaratar cualquier intento de derrocamiento y el control de sus fronteras recae en grupos guerrilleros colombianos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 (facción disidente de las FARC) actualmente en disputa por liderar el negocio del tráfico ilícito de drogas desarrollado con impunidad en territorio venezolano ante la anuencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dirigida por el Cártel de los Soles.
Vistas así las cosas, el futuro de Venezuela al cumplirse el primer cuarto del siglo parece desalentador. La ineficacia de las medidas adoptadas por la comunidad internacional debido a la falta de cooperación y voluntad política, debilita la democracia y la paz mundial, sentando un peligroso precedente para que otras dictaduras broten en la región.
En tal sentido, si la liberación del pueblo venezolano no llega de la mano del derecho, será su propio sacrificio el que los libere. Al fin y al cabo, no es descabellado pensar en una nueva sublevación como la que lideró Óscar Pérez, pero esta vez con el apoyo resuelto de la población y una facción de patriotas de las fuerzas armadas. El costo será alto, tal como en su oportunidad lo confirmó Luther King, Jr.: «Por dolorosa experiencia sabemos que la libertad nunca la concede voluntariamente el opresor; sino que debe ser exigida por el oprimido». Ejemplos en la historia hay varios: la rebelión del pueblo rumano para derrocar el régimen comunista de Ceaușescu en 1989, o la reciente caída del gobierno de Bachar al-Ásad en Siria, a finales de 2024.
A más de 20 años de la entrevista brindada por Oscar Yanes en 2003, millones de venezolanos contrarios al régimen recuerdan sus palabras al advertir que: «Hace tiempo debimos darnos cuenta que quien entró a gobernar Venezuela no fue un toro, sino un ñu».
