Ulises Bautista Quispe
Gestor de la Maestría en Derecho Civil y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como docente en el curso de Derecho Civil Patrimonial dentro del Centro de Educación Continua de la misma casa de estudios.
La Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (en adelante Escuela de Posgrado PUCP), con más de 90 programas, es una de las mejores del país; sin embargo, todavía hay muchas deficiencias que debe mejorar para fortalecer su institucionalidad.
Cuando hablo de <<institucionalidad>> hago referencia a la consolidación del buen funcionamiento de una entidad u organización durante un periodo largo de tiempo de acuerdo a los fines que se pretende seguir. Se trata de una cualidad que se espera cumpla una organización para ser calificada de manera positiva.
A mi modo de ver, la Escuela de Posgrado PUCP requiere cumplir con tres requisitos para decir que tiene una auténtica institucionalidad: i) una correcta reglamentación de los procedimientos administrativos y académicos; ii) que se asuma los costos por los servicios que mejoran su calidad; y iii) tener una buen personal académico y administrativo.
Al respecto, la Escuela de Posgrado PUCP cumple con los tres requisitos, pero de manera parcial: con debilidades y fortalezas; ello impide que se pueda decir que estemos ante una auténtica institucionalidad. A continuación, se comenta el cumplimiento de los tres requisitos mencionados en el párrafo anterior:
- Una correcta reglamentación de los procedimientos administrativos y académicos: Considero que este requisito se trata de uno de los puntos débiles de la Escuela de Posgrado PUCP. Hay una deficiente regulación sobre los procedimientos administrativos y académicos. Sobre los primeros, hay reglamentos dispersos que debieran estar unificados, lo que permitiría al personal administrativo y alumnos tener un fácil acceso a ellos, quizá sería una buena idea crear un Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA); asimismo, los reglamentos omiten plazos máximos sobre la duración de los trámites administrativos, lo que ocasiona inseguridad jurídica; por ejemplo, no se dice cuánto es el plazo máximo que un programa tiene para fijar una sustentación de tesis, el alumno puede esperar, a veces, meses o años. También hay una incorrecta interpretación y aplicación de las normas. Por ejemplo, una solicitud de permanencia señala que esta debe ser aprobada por el decano de la Escuela de Posgrado; sin embargo, se delega esa función a los directores de los programas, cuando lo que debiera corresponder es que los directores solo den una opinión; es decir, no se viene cumpliendo el reglamento. En cuanto a los procedimientos académicos, hay mucho espacio para regular; por ejemplo, no se señala qué requisitos concretos los integrantes del jurado deben valorar para dar la mención a una tesis de <<bien>>, <<muy bien>> o <<sobresaliente>>; eso se presta a mucha discrecionalidad; para mitigar ese riesgo se debiera solicitar al jurado un documento con una debida motivación de su decisión. En otros casos, hay una indebida aplicación de las normas: se exige un requisito que no existe en el reglamento; por ejemplo, se exige la aprobación del director del programa de un curso llevado bajo articulación horizontal revisando la equivalencia de los sílabos de los cursos, cuando tal prerrogativa no aparece en el reglamento.
- Que se asuma los costos por los servicios que mejoran su calidad: En este caso me referiré solo a los costos para mejorar la calidad educativa. Hay algunos puntos en los que la Escuela de Posgrado PUCP no permite que se asuman costos, pese a que haya ingresos económicos (considérese el caso de las Maestrías autofinanciadas que tienen la escala más alta de pago y tienen varios alumnos). Comentaré dos puntos, puede haber más. Primero, a un docente solo se le paga por la cantidad de horas de crédito que enseña; sin embargo, no se le retribuye económicamente por la revisión de trabajos y exámenes. Ello conlleva a que no todos los docentes, cuando revisan las evaluaciones, anoten comentarios sobre las debilidades y fortalezas detectadas, las que son necesarias para la retroalimentación del aprendizaje del alumno; o a veces, induce al docente a evaluar de una manera que no le demande tiempo y esfuerzo, como un examen con opciones múltiples, lo que pedagógicamente no es la mejor alternativa para medir el aprendizaje. Segundo punto, es el costo de detectar el fraude académico. Hay un ánimo de no reconocer un pago por la prestación de este servicio al personal administrativo especializado cuando no es parte de su función; por ejemplo, cuando se le pide manejar un programa antiplagio y revisar en un trabajo de investigación si las citas y el parafraseo son correctos; si hay un fin de ahorrar costos, propiamente, esta función debiera ser delegada a los docentes, a quienes se les debiera capacitar en estos temas.
- Tener una buen personal académico y administrativo: Este creo que es la principal fortaleza de la Escuela de Posgrado y que permite que la deficiencia de los requisitos anteriores no se note. Es decir, el personal administrativo y académico suple las deficiencias de la ausencia de regulación e internaliza, en algunos casos, los costos que no son remunerados. Cuando hay una omisión de normas, usualmente, resuelve aplicando un criterio de razonabilidad; por ejemplo, donde no hay un plazo, trata de resolver el tema en el menor tiempo posible; sin embargo, el riesgo es que, a veces, no siempre concurre un criterio razonabilidad y los alumnos requieren predictibilidad en las decisiones. En caso de los costos no asumidos por la Escuela de Posgrado PUCP, son internalizados por el personal académico y administrativo que pretenden mejorar la calidad del servicio educativo; sin embargo, no se trata como se dice de <<ponerse la camiseta>> sino de que la Universidad cumpla con su parte.
La Escuela de Posgrado PUCP debe cumplir, de manera satisfactoria, con los tres requisitos señalados si quisiera llegar a una autentica institucionalidad. Un solo criterio no es suficiente. Si existe un buen reglamento, pero un mal personal administrativo: no se aplicará el reglamento o se lo aplicará de manera deficiente. Si se asume que la Universidad cumple con pagar lo que debe para incrementar los servicios de calidad y existe un buen personal administrativo y académico todavía no se llegará a una institucionalidad seria, debido a que no habrá predictibilidad en sus decisiones, más cuando un trámite administrativo está regido por un principio de legalidad a fin de proscribir el riesgo de la arbitrariedad.
El año del bicentenario es un momento adecuado para introducir verdaderas reformas si la Escuela de Posgrado PUCP tiene una auténtica voluntad política. Para el tema de la reglamentación requiere reunir toda la casuística que se ha presentado en las distintas Maestrías y Doctorados que están a su cargo, abstraer y encontrar una solución que pondere los intereses que están en juego a partir de los principios que rigen su función. Es necesario el diálogo con sus distintas dependencias. En cuanto al pago por los servicios que mejoran su calidad, es necesario que autorice a las unidades el pago por estas prestaciones. Por último, si se quiere seguir mejorando la calidad de su personal académico y administrativo es importante que invierta en capacitaciones subvencionadas.
Por estas fechas, el decano de la Escuela de Posgrado ha llamado a un diálogo a los alumnos, al personal académico, al personal administrativo y los directivos para lograr una reforma que mejore la calidad de enseñanza. Me parece positivo el rol que ha emprendido; sin embargo, espero que dentro de sus decisiones tome en cuenta las sugerencias para construir una verdadera institucionalidad, sin la cual considero que los cambios profundos no serán posibles.
