José Manuel Rodríguez Canales
Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, magíster y licenciado en Teología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Cuenta con estudios de Matrimonio y Familia por el Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Es profesor principal e investigador en la Universidad Católica de San Pablo de Arequipa.
Es un lugar común decir que el Estado es laico y que lo religioso no debe interferir en asuntos de Estado o políticas públicas. Lo cierto es que la Iglesia es una institución pública cuya participación política es inevitable porque su presencia es un hecho y además es consecuencia de su propia naturaleza. Intentaremos en el presente artículo precisar el modo de esta participación. Hemos escogido tres aspectos: su credibilidad, su propuesta específica y los aspectos concretos de su participación.
1. Legitimidad y credibilidad de la Iglesia en el Perú
Una de las instituciones de mayor credibilidad en el Perú es la Iglesia Católica. Esta credibilidad no sería posible sin una legitimidad otorgada a la Iglesia por el pueblo como un reconocimiento a pesar de las animadversiones y sus propios errores. Este es un principio de la democracia que podríamos llamar “real”, es decir el de las instituciones que son sostenidas por la gente a través del tiempo. Esta legitimidad se da en rubros tan importantes como educación, salud y alimentación que además de expresarse en cifras se percibe en la organización eclesial que permite una influencia que podríamos llamar capilar. El mensaje con el que la Iglesia llega, las intenciones que en sus agentes pastorales se percibe, genera confianza y adhesión; mientras que el mensaje del gobierno y los políticos es siempre una especie de contrato mediante el cual se entregan beneficios a cambio de votos. Así, la percepción es que la Iglesia ayuda desinteresadamente mientras que el gobierno y los políticos no. La aguda crisis de los escándalos de abusos sexuales y malos manejos ha reducido la confianza en la Iglesia, pero su credibilidad está lejos de desaparecer.
2. La doctrina social como participación política de la Iglesia
Para comprender la lógica y el tipo de participación de la Iglesia en política es necesario en primer lugar darle una mirada a la doctrina que la fundamenta. La Encarnación del Verbo divide la historia humana en un antes y un después porque, desde ese momento, Dios se hace hombre y asume la condición humana con todas sus características y consecuencias, menos el pecado precisamente porque el pecado es la negación de la humanidad.
Al hacerlo, Jesucristo asume todo lo humano y lo eleva a la posibilidad de participar del Amor de Dios en la Trinidad a través de la Iglesia que si bien es una realidad espiritual es también una institución humana que participa de la sociedad. La política como “arte del buen gobierno” y del bien común es un aspecto inherente a la naturaleza social del hombre que según el cristianismo que se plasma en la doctrina social de la Iglesia cuyos principios son: la persona humana y la relación persona-sociedad, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad de los que se desprenden la concepción orgánica de la vida social, la participación y el destino universal de los bienes.
El principio de la relación persona-sociedad se funda en que, por naturaleza, la persona es social, es decir ya desde su origen el hombre aparece como aquél que necesita de los demás y que es necesitado por los demás. El planteamiento de la vida en sociedad propia de los pensadores ilustrados, que concebían lo social como un aspecto externo pero inevitable que por ello daba lugar a un contrato, está en la antípoda del pensamiento de la Iglesia sobre los fundamentos de la vida social que se insertan en la naturaleza humana.
La relación persona-sociedad se orienta a un bien que supera los bienes particulares o individuales para alcanzar al cuerpo social porque el bien es común en sí mismo. Así, es posible que muchas veces se sacrifiquen bienes individuales buscando ese bien que sirve a todos porque es superior y humaniza de manera plena. No se trata de la supresión de la individualidad y la personalidad sino de la expresión de lo personal en el servicio a los demás.
Este bien común se concreta en los principios básicos de la solidaridad y la subsidiaridad. La solidaridad es la disposición a la ayuda generosa del hermano más necesitado del cual nos hacemos cargo, mientras que la subsidiariedad es el principio por el cual se determina que el cuerpo social más grande no debe nunca suprimir o asfixiar las iniciativas del más pequeño. Se aplica especialmente al Estado frente al cual los cuerpos intermedios como sindicatos, gremios, la familia, clubes, universidades y otras instituciones se constituyen como el ámbito de agrupación personalizada y humanizante de la vida social.
3. Distinciones sobre la participación política de la Iglesia en el Perú
Lo dicho nos lleva a darle una mirada a la concreción de estos principios en la participación política en el Perú. Para hacerlo hay que distinguir, la jerarquía, los religiosos y el laicado.
La jerarquía está constituida por todos los que han recibido el Sacramento del Orden Sacerdotal y ejercen de manera pública y oficial el deber de regir, santificar y enseñar al Pueblo de Dios las verdades de la fe y su relación con la vida cotidiana desde el ámbito propio de su ministerio. Algo similar puede decirse de los religiosos que son un estado de vida reconocido públicamente por la Iglesia. Ni los religiosos ni los sacerdotes pueden participar en política partidaria, es decir, no se pueden adscribir a ningún partido político concreto, ni representar iniciativas de búsqueda de poder político. Sin embargo son llamados especialmente a enseñar y promover la doctrina social de la Iglesia y por lo tanto a denunciar las situaciones de injusticia producidas por el Estado o cualquier institución, sea del color político que sea.
En cuanto a los laicos, no sólo les está permitida sino que es alentada la participación en política partidaria. Sin embargo es importante precisar que jamás representan ni a toda la Iglesia ni a la Iglesia oficialmente. Y esta situación no surge de un cálculo político sino de la naturaleza de la acción del cristiano en política que siempre es provisional y tiene su valor de cara al Evangelio en lo profundo de la conciencia y ante la autoridad de la Iglesia. Por ello, están moralmente obligados a seguir las normas de la doctrina social.
Como fieles de la Iglesia, tanto el clero, como los religiosos y los laicos participan en la vida política del país iluminados por la doctrina social de la Iglesia. Ver la realidad política entera del país desde ella es un deber propio de la fe cristiana. Ningún fiel puede asumir como criterio de acción alguna ideología que contradiga la naturaleza de la fe. El diálogo abierto y franco con diversas posiciones ideológicas no debe jamás confundir los principios fundamentales de la fe cristiana. Se puede coincidir pero jamás conceder en los principios.
