Consejo editorial Pólemos
Ayer, Martha Huatay Ruiz, sentenciada a 25 años de prisión, fue liberada tras haber cumplido su condena por terrorismo. Martha Huatay fue miembro de Sendero Luminoso y, además, dirigente del llamado comité de Socorro Popular (SOPO). Hace más de un mes salió también Maritza Garrido Lecca. Han salido y seguirán saliendo más personas que fueron condenadas por terrorismo en los próximos días.
Han pasado 25 años de la captura de Abimael Guzmán, han pasado 25 años en los que se ha negado la existencia y se ha dado la espalda a todo lo que sucedió en dichos años de violencia. Incluso, se ha creado una psicosis colectiva que produce en las personas una alarma inútil ante un supuesto de posible resurgimiento del terrorismo. De tal manera, que se emplea el término para descalificar a dirigentes sindicales, a las luchas sociales, a todo aquel que se opusiera al poder de turno. Ser llamado terrorista ha ido despertando los más grandes temores de la sociedad peruana.
La salida de la cárcel de todos los condenados por terrorismo nos enfrenta directamente con ese otro/a peruano/a a quien no hemos querido visibilizar todo este tiempo, nos enfrenta con lo peor de nosotros y de nuestra sociedad peruana. Nos enfrenta al pasado, pero también al presente. Nos confronta con las deudas que no queremos saldar, con nuestros compatriotas torturados, asesinados, con la injusticia de los que aún esperan por sus familiares desaparecidos.
En el fondo nos cuesta mirarlos o mirarnos como parte de esta nueva sociedad. Nos cuesta mirar que no hemos avanzado casi nada en forjar memoria sobre esos hechos. Nos cuesta aceptar que solo se avanzó con discursos de odio o de salvación, a pesar de que en realidad se debe trabajar la educación para que discursos como los de Abimael Guzmán o los de la cúpula senderista, no calen en las personas.
La verdad es que estos 25 años no hemos hecho nada. No hicimos nada como sociedad. No hicimos nada como país. Hay una ley para que las víctimas sean reparadas, pero son ellas las que se gestionan sus propias reparaciones, cuando en sí se trata de un deber del Estado.
Creemos que no hemos avanzado si se ha querido censurar la muestra gráfica «Resistencia Visual 1992» en el LUM, si se ha obligado a renunciar a Guillermo Nugent. No hemos avanzado si solo se escucha un discurso monopolizado de parte del Estado con respecto a lo que debemos recordar y aquello que no.
Estos 25 años solo le hemos dado la espalda al problema. Y ahora que comienzan a salir, queremos que sigan allí, no los queremos fuera porque en el fondo nos vemos interpelados por las cosas que no hicimos en todos estos años.
