Pedro Calvay Torres
Magister en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctorando en Derecho Público por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Docente universitario e investigador. Representante de victimas ante la CIDH Y Corte IDH. Forma parte del equipo de legal que representan a las victimas de la tragedia de Mesa Redonda en el proceso ante la CIDH
“Que reine la justicia, aunque todos los sinvergüenzas del mundo perezcan por ella” Immanuel Kant. La paz perpetua.
La señora Martha de la Cruz era una comerciante de adornos navideños, vendía sus productos en un puesto en el mercado de “Mesa Redonda”. Tenía en su mente a su familia, sobre todo a su hija con la que volvería a casa luego de un día de trabajo. Cuando empezó el incendio trató de huir con todas sus fuerzas, pero la gente la aplastaba, sentía sus manos, su cuello y sus piernas arder mientras trataba de escapar. Pudo ver los cadáveres de personas en el suelo muy cerca al transformador de Edelnor. En su mente pensaba que tal vez ese sería el último día de su vida. Cayó en el suelo y trató de levantarse mientras sentía la presión de cientos de personas tratando de huir de la enorme bola de fuego que les rodeaba. Se armó de fuerzas, pensó en su hija y se incorporó, al lograr escapar del infierno solo pensaba en su familia y que tal vez ya la estaban buscando. Hoy, más de 20 años después, la historia de sobrevivencia de Martha es un testimonio de una injusticia silenciosa que desangra de dolor a cientos de familias que fueron afectadas por el incendio de “Mesa Redonda”.
El incendio comenzó el 29 de diciembre del 2001, en ese día perdieron la vida más de 300 personas que fueron víctimas de la negligencia de un Estado que, pese a que tenía información sobre los riesgos de aglomeración de personas y hasta amenazas de incendio en la zona comercial del Cercado de Lima, no hizo nada para impedirlo. La tragedia de “Mesa Redonda” no fue una fatalidad sino una injusticia pues la informalidad laboral, la falta de medidas preventivas e incluso la propia corrupción fueron en realidad el combustible que hizo posible la tragedia ocurrida.
La tragedia de “Mesa Redonda” dejó como legado más de 300 personas fallecidas entre las que se encuentran un número aún indeterminado de personas desaparecidas cuyos restos se encuentran en fosas comunes en el cementerio “El Ángel”. La bola de fuego que consumió el mercado dejó personas calcinadas en las calles y encerradas en las galerías del mercado. La cantidad de restos y su condición colapsó la morgue de Lima e incluso algunos de los restos fueron limpiados con mangueras de agua de las aceras por no poder ser reconocidos.
Los deudos de las víctimas recorrieron un camino tortuoso al no tener información sobre sus familiares cuando ocurrió la tragedia y, en algunos casos, la espera duró años pues fueron pocos los casos de personas en que se lograron identificar vía ADN los restos de sus familiares. Entre los deudos destacan casi 20 personas huérfanas que hoy, 20 años después, no solo enfrentan la ausencia de sus padres sino el olvido de cualquier autoridad.
También cientos de personas con quemaduras en el cuerpo tuvieron que hacerse cargo de sus propias heridas y discapacidades, a pesar de su condición de pobreza. El Estado atendió inicialmente sus heridas cuando ocurrió la tragedia, pero no hizo absolutamente nada para atender las secuelas físicas y psicológicas que hoy padecen las personas que fueron lesionadas. Las heridas lograron mermar el espíritu e incluso la vida de muchas de las víctimas que hoy dejan pendiente una deuda de justicia para sus familias que les sobreviven.
El Estado peruano ha guardado un injusto silencio que sigue pesando en la justicia de las víctimas de “Mesa Redonda”. No ha adoptado ninguna investigación penal integral que determine a los responsables del incendio, por lo que no hay ninguna diligencia de investigación en algún proceso penal para la determinación de responsables[1] , o la identificación de ADN de los restos que aún se encuentran en fosas comunes. Es más, al día de hoy, la posibilidad de una investigación podría ser afectada por la prescripción penal debido al paso del tiempo.
Otro aspecto especialmente grave tiene que ver con la posible identificación de las víctimas y las consecuentes reparaciones. El Estado peruano dispuso el año 2003 mediante un Decreto Supremo que se creará un listado de víctimas y que a estas personas se les diera un terreno en el centro de Lima como forma de indemnización. El Estado peruano no ha cumplido con esta obligación pasado casi 20 años de estos hechos, todo lo contrario, la negligencia y olvido del Estado ha ocasionado que no todas las víctimas sean beneficiarias y que el terreno incluso haya sido motivo de divisiones y controversias entre las propias asociaciones de víctimas del incendio de “Mesa Redonda”.
Pasados casi 20 años, no se han adoptado investigaciones para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y menos aún se ha brindado una reparación para las víctimas. La indolencia y olvido del Estado motivó a que las víctimas presentaran el 2009 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tiene un informe de admisibilidad y que se encuentra pendiente de adopción de un informe de fondo[2]. Una espera que también desespera pues los plazos procesales que tiene la CIDH terminan siendo una forma de revictimizarles considerando la edad de muchas de las víctimas y su especial situación de vulnerabilidad.
Un caso que podría ayudar a coadyuvar en la reflexión de lo que el Estado debería hacer es casualmente un caso contencioso ante la Corte IDH conocido como el Caso de la Fábrica de Fuegos vs. Brasil [3] . En dicho caso la Corte determinó que el Estado Brasileño era responsable porque no fiscalizó la actividad riesgosa de venta y producción de productos pirotécnicos, lo cual implicaba una clara violación al derecho a la vida e integridad personal. Así también determinó que las condiciones de pobreza interseccional motivaron a las víctimas a trabajar en condiciones infrahumanas que fueron favorecidas por el Estado, por lo que se declaró la responsabilidad del Estado por violación al derecho a la igualdad en relación al derecho al trabajo. Por otro lado, también la Corte determinó violaciones al debido proceso por la espera de casi 20 años que tuvieron las víctimas en la posibilidad de obtener justicia y una debida indemnización. Finalmente, la Corte determinó que los familiares de los fallecidos también debían ser considerados víctimas por los sufrimientos causados debido a la pérdida trágica de sus familiares.
Por lo expuesto anteriormente, se espera que la tragedia de “Mesa Redonda” obtenga justicia en la jurisdicción interamericana, pero la gravedad de los hechos y el dolor silencioso de esta espera debería ser ocasión para reflexionar en cómo el Estado viene protegiendo los derechos de las víctimas y cómo prevenir la ocurrencia de tragedias similares, sobre todo considerando que en años recientes han ocurrido una gran cantidad de incidentes en la zona comercial del Centro de Lima en fechas festivas que incluso se podrían agravar con el contexto de la crisis sanitaria de Covid 19 que aún vive nuestro país.
La historia de las víctimas de “Mesa Redonda” no debe quedar en la impunidad. El dolor sigue allí y el olvido también. La batalla desigual de los deudos nos inspira a luchar siempre por los más vulnerables pues tal vez luchando por ellos hoy sea el camino para construir un país mejor.
Referencias
[1] La Corte Suprema condenó al jefe policial de la Cuarta Región por su negligencia en los incidentes previos al incendio de “Mesa Redonda”.
[2] CIDH. Informe No. 42/19 Petición 467-10 Informe de Admisibilidad Maritza Elizabeth Gutiérrez Cortez y otros (tragedia “mesa redonda”) Perú
[3] Cfr. Caso empleados de la fábrica de fuegos en Santo Antônio de Jesús y sus familiares vs. Brasil. Sentencia de 15 de julio de 2020 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas)
