Alessandro Caviglia
Filósofo. Profesor del Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Varios países de América Latina y del mundo en general se encuentran sumidos en crisis políticas. En algunos casos, ésta es más profunda y en otros han llevado a movilizaciones sociales violentas. El caso de Chile ha sido sorpresivo y paradigmático. A raíz de éste, se ha estado hablando de la crisis del neoliberalismo. En otros contextos se ha presentado la cuestión como una crisis de la democracia. En esa situación, resulta difícil orientarse puesto que no queda claro si se trata de un problema jurídico, económico o político. Así, el caso chileno parece ser un problema económico, el peruano (tras la disolución del Congreso) parecía ser de corte jurídico y el boliviano, de carácter político.
Quiero concentrarme en el caso peruano para señalar que el problema era político y o jurídico, y que los demás casos también son políticos. Además, argumentaré que no nos encontramos ante una crisis de la democracia, sino de los sistemas políticos, jurídicos y económicos que han intentado reducir, controlar o suplantar la democracia. Si estoy en lo correcto, la solución a la crisis pasa por hacer un giro político hacia la democracia y devolverle el poder a los ciudadanos, quienes son, en una democracia, sus auténticos detentores.
En el caso peruano lo que tuvimos es la inédita disolución del Congreso por medio del camino constitucional. Ello fue el resultado de un proceso largo de desgaste del sistema político producido por que una mayoría del Congreso, adverso al gobierno, con pocas cagas de colaborar en el desarrollo de las políticas y con intenciones de obstruir la acción de la justicia, se enfrascó en derribar al ejecutivo por todos los medios. Normalmente, en una democracia el gobierno debe poder funcionar incluso con una mayoría opositora en el legislativo, pero ello sucede cuando dicha mayoría actúa de buena fe. En cambio, en Perú, la mayoría opositora tenía intenciones de bloquear el gobierno y de utilizar su posición de fuerza contra el ejecutivo y contra los ciudadanos, encubriendo a jueces corruptos.
En dicho escenario, la actividad política se encontró bloqueada y la única forma de reactivarla era o convocando a elecciones generales anticipadas o disolviendo constitucionalmente el Congreso. Lo que sucedió fue lo segundo, pero como la mayoría parlamentaria trató de impedir su disolución, entonces el proceso de enrareció y arrojó la figura de la negación fáctica de la confianza. Fue en este punto en el que la comprnsión democrática del proceso político que se vivía encontró la oposición de quienes de escudaron en la semilegalidad para ver si podían mantener sus posiciones de poder. Ello condujo remitir la cuestión al Tribunal Constitucional, cosa completamente inapropiada, ya que el poder debía volver directamente a los ciudadanos.
El llevar el asunto al TC se comenzó a tensar el lazo que une la legalidad con la legitimidad. El riesgo era grande. ¿Qué pudo haber pasado si el fallo del TC restituía al Congreso disuelto? Obviamente, la legitimidad política se quebraba. La protesta ciudadana pudo haberse desbordado. El derecho, que tiene la función de vehicular la comunicación política ente los ciudadanos y el Estado en una democracia, se hubiera convertido en un impedimento para ello. Es por esta razón que lo que correspondía era devolver el poder en manos de los ciudadanos y no sustraérselos, colocándolo en manos de los Tribunos del TC. Entiendo que la mentalidad formalista de algunos juristas es centrar su mirada en la legalidad. Pero, también ara claro que muchos de los que se aferraron a esa bandera lo que buscaban era restituí el juego de fuerzas anterior al día de la disolución.
No sólo en Perú, sino que en muchos países de la región se ha estado tensando la cuerda que une la legalidad y la legitimidad. Tal vez el caso más llamativo sea el de Chile. Pero, la poca voluntad de la clase política para desprenderse del poder y restituirlo a los ciudadanos, ha hecho que la situación empeore. Si bien mucho se está hablando de la crisis del neolibealismo, es un asunto que no abordaré aquí. Lo que sí pudo afirmar que se ha intentado sustraer la democracia, lo cual no significa una crisis de la misma, sino que se trata de un problema de los políticos que han intentado obstruir la comunicación democrática para hacer vale sus propios intereses.
