Patricia Urteaga Crovetto
Profesora e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Licenciada en derecho de la PUCP. Máster y PhD. en Antropología por la Universidad de California, Berkeley. Investigadora del Instituto de Investigación para el Desarrollo Social de la ONU.
La situación del derecho a la salud de los pueblos indígenas ha ido agravándose con el tiempo. Factores como la expansión de las industrias extractivas, y la actuación errática del Estado en la provisión del servicio fundamental de salud explicarían la crítica condición de la salud de los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia. En el norte amazónico, la cuenca del río Cenepa está contaminada con mercurio proveniente de la minería legal e ilegal de Perú y Ecuador. En 2006, el Análisis de la Situación de Salud (ASIS) del pueblo Achuar señalaba que en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Morona, los Achuar estaban preocupados por el impacto que las actividades de extracción de hidrocarburos tenían en su alimentación y salud. El vertimiento directo de las aguas de producción y elementos químicos tóxicos a sus ríos y cochas afectaban a los peces y otras especies, y con ello la cadena trófica que llegaba a los seres humanos, pero además porque esas sustancias no son degradables y se acumulan en los sedimentos, los cauces y los suelos (MINSA, 2006). Desde esa época, DIGESA y DIRESA Loreto advertían de los daños que estas actividades seguían causando a la salud de los Achuar luego de más de tres décadas de explotación petrolera. El MINSA documenta que se presentaron casos de diarrea con sangre y vómitos en los puestos de salud en Huitoyacu, Huasaga y Corrientes, donde murieron aproximadamente diez niños sin que la causa de estas muertes haya sido determinada (MINSA, 2006) [1]. Un cuadro similar ocurrió en el río Tigre, muriendo 27 niños en dos años (Urteaga, et. al, 2019) [2]. En el río Corrientes se presentaron cuadros no identificados de edemas, inflamación del hígado, hemorragias, anemias, problemas renales, entre otros. Del mismo modo, la mayoría de las comunidades nativas ubicadas en la cuenca de Madre de Dios en el sur, sufren por la contaminación del agua y suelos debido a los insumos que los mineros ilegales vierten al río, los suelos, humedales y otras fuentes de agua. Además, enfermedades como el VIH en la cuenca del Cenepa, y la Tuberculosis, Hepatitis B, entre otras, venían aquejando a población indígena en diversas cuencas de la Amazonía.
La pandemia de Covid-19 llega a la Amazonía durante esta crítica situación. Según los datos de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, existen 500.000 indígenas que viven en la Amazonía, de los cuales 147.000 han contraído el virus y 3.000 han fallecido. Es decir, 29.5% (casi 1/3) de la población indígena está contagiada. Y el 0.6% ha fallecido. La población total en el Perú llega a los 32 millones, de los cuales 730.000 personas están contagiadas de Covid hasta principios de setiembre. Esto representa 2.28% de la población; es decir, el 2.28% de la población está contagiada. De toda la población contagiada en Perú; es decir, de 730,000 personas, 147,000 son indígenas. Esto quiere decir que, a principios de septiembre, el porcentaje de personas indígenas contagiadas respecto de toda la población contagiada en el Perú llegó al 20.13%. Los números son un indicador de la precaria prestación de servicios de salud en estas zonas, y en algunos casos, de la ausencia de servicios de salud del Estado y de la implementación de políticas cuya racionalidad no responde a la realidad amazónica.
En Ucayali, los equipos de respuesta rápida del gobierno indicaron que las tasas de contagio eran del 80% en varias comunidades. Entre los Kichwa, Shawi y Awajún hay aproximadamente 1000 personas infectadas, pero no figuran en los registros del gobierno regional. Esta situación tan crítica de la salud no es difícil de entender dadas las condiciones tan exiguas de bienestar y salud que tienen los pueblos indígenas desde hace muchos años.
La principal forma de prevención del contagio del virus – el aislamiento social- que se ha implementado en las ciudades es muy difícil de replicar en la Amazonía rural, donde casi todas las prácticas son colectivas (la pesca, la caza, la agricultura, etc.). Las condiciones paupérrimas creadas por los efectos de las industrias extractivas en las comunidades indígenas, unidas a las características del virus, la falta de servicios adecuados de salud y la imposibilidad de controlar el contagio en regiones como la Amazonía están devastando y diezmando a la población indígena, y, con ella, se están llevando un legado invalorable: culturas, conocimientos, sabiduría. Una preocupación muy sentida de los pueblos y organizaciones indígenas es que sus Waimakus, personas sabias y shamanes están muriendo, lo cual los debilita no sólo como familias y pueblos, sino también como culturas.
La respuesta institucional del Estado a la problemática de la salud indígena ha sufrido embates inexplicables desde hace varios años. Uno de ellos se ha materializado en la institucionalidad estatal endeble y en la falta de una visión intercultural. En efecto, se ha buscado implementar políticas “universales” sobre un tema de incidencia y consecuencias particulares. Si bien en 2016, mediante el Decreto Supremo N° 016-2016-SA, el Ministerio de Salud aprobó la Política de Salud Intercultural, en 2017 se emitió el Reglamento de Organización de Funciones del Ministerio de Salud, mediante el D.S. N°008-2017-SA. En la disposición transitoria de esta norma se derogó el Decreto Supremo N° 007-2016-SA [3] que aprobaba el anterior Reglamento de Organización y Funciones, eliminando así la Dirección de Pueblos Indígenas del MINSA. La medida no sólo afectaba la crítica situación de salud de los pueblos indígenas debido a su limitado acceso al servicio de salud, sino que esta se había tomado sin consulta previa y en un contexto de crisis de la salud de los pueblos indígenas. En el año 2017, no sólo las organizaciones y pueblos indígenas sino también el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron contra la disolución de la Dirección de Pueblos Indígenas adscrita al despacho Viceministerial de Salud Pública, y, finalmente, el 24 de abril de 2017, a través de la Resolución Ministerial N° 273-2017/MINSA [4], se modificó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del MINSA, considerando a la Dirección de Pueblos Indígenas y Originarios como dependiente de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública en el Viceministerio de Salud Pública.
A la débil institucionalidad estatal se añade la multisectorialidad perniciosa. El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Salud no decidían quién tenía la competencia para emprender acciones de apoyo urgente a la población indígena. Ello llevó a Aidesep a denunciar que recién luego de 120 días de iniciada la pandemia (de marzo hasta julio) no llegaron los servicios de salud a las zonas indígenas afectadas. La federación indígena ORPIO ha planteado una acción de amparo, con la ayuda del Instituto de Defensa Legal, por la violación del derecho a la salud. Factores como el transporte también han sido obstáculos para atender a las comunidades, a las que solo se puede acceder en helicóptero o tras un viaje de ocho horas en bote. Los equipos de respuesta inmediata del Estado solo eran temporales y varios funcionarios de salud se contagiaron. En algunos casos, los contagios a los pobladores indígenas se produjeron por imprudencia de los propios funcionarios del Estado. En abril de este año en el distrito de Trompeteros, se repartieron víveres a 20 comunidades de la cuenca del río Corrientes por parte de trabajadores del gobierno local, cuatro de los cuales fueron diagnosticados con Covid.
A pesar del cuantioso presupuesto asignado a salud en mayo, los indígenas siguen preguntándose cómo se ejecutará éste en las propias regiones. Además de este presupuesto, se ha emitido un Decreto de Urgencia 071-2020 que autoriza transferencias de partidas en el presupuesto público hasta por 74 millones de soles. Y la Cooperación Alemana ha firmado un convenio con el Ministerio de Salud por un millón de euros para mejorar la intervención en salud en San Martín y Ucayali. Recientemente, se les ha entregado a 22 comunidades Awajún de San Martín medicamentos y materiales de bioseguridad para protección del Covid.
Los pueblos indígenas han reaccionado de diversas maneras. Los Shipibo bloquearon las carreteras para aislarse. Otros pueblos indígenas bloquearon ríos y carreteras. Lamentablemente, ello no impidió que se enfermaran. Las organizaciones indígenas han planteado la reactivación del programa de salud indígena que implementó Aidesep hace un tiempo, y que incluía promotores de salud comunales. También han demandado telemedicina, medicinas, equipos, logística, transporte, la suspensión de las actividades de reactivación económica, y, la federación ORPIO ha planteado una acción de amparo. Varios pueblos han creado equipos contra el COVID-19, tales como los Shipibo quienes vienen usando la medicina tradicional.
La apremiante situación del derecho a la salud de los pueblos indígenas en este contexto de pandemia puede explicarse únicamente si analizamos las causas estructurales que han llevado al panorama que describimos, y que demuestran el lugar que los pueblos indígenas ocupan en la agenda política estatal. Esperamos que esta situación tan difícil se revierta y que no sea un ejemplo más de lo que Hannah Arendt ha llamado “la banalidad del mal”.
Referencias bibliográficas:
[1] Perú Ministerio de Salud. 2006. Análisis de la Situación de Salud del Pueblo Achuar. Lima: Dirección General de Epidemiología.
[2] Urteaga, P; Segura, F; Sánchez, M (2019) El derecho humano al agua, los pueblos indígenas y el petróleo. Lima: CICAJ, Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
[3] En 2016, el Decreto Supremo Nº 007-2016-SA aprobó el ROF del Ministerio de Salud, que creó la Dirección de Pueblos Indígenas adscrita al Despacho Viceministerial de Salud Pública, con las siguientes funciones:
- Intervenciones para la prevención, control y reducción de los riesgos y daños a la salud de los pueblos indígenas.
- Identificar y proponer prioridades de intervenciones estratégicas con enfoque participativo.
- Formular e implementar políticas, normas, lineamientos y otros en materia de prevención y control de riesgos y daños a la salud de los Pueblos Indígenas.
[4] Resolución Ministerial N° 273-2017/MINSA (Designan Director Ejecutivo de la Dirección de Pueblos Indígenas u Originarios de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública).
