Christian Chocano Davis
Abogado PUCP. Master por la Universidad Católica de Lovaina. Supervisor OSCE y docente de la Facultad de Derecho de la PUCP en Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado. Este artículo no refleja una opinión institucional.
La desigualdad de género en el mercado laboral es una realidad. Las mujeres obtienen una menor remuneración, les es más difícil encontrar trabajo, tienen más dificultades para ascender y para conciliar la vida familiar y laboral. Lo datos son reveladores en Perú. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las mujeres ganan 29.2% menos que los hombres; hay más mujeres sin ingresos propios (31.5% frente a 12%) y aquellas que trabajan le dedican más tiempo al trabajo doméstico que los hombres (39 frente a 15 horas por semana).
La desigualdad también se refleja en la violencia de género. Según el INEI, el 31,7% de las mujeres peruanas entre 15 y 49 años ha sufrido alguna vez violencia física por parte de su pareja. Lamentablemente, con frecuencia los medios de comunicación denuncian actos de violencia contra la mujer y no se ve la luz al final del túnel.
Cambiar esta situación requiere de un esfuerzo coordinado y la adopción de medidas en los distintos niveles de gobierno y sectores. Pero ¿qué incentivos se pueden adoptar para que la contratación de bienes, servicios y obras en el Estado contribuya a esta política pública?
A nivel internacional, son distintas las iniciativas que adoptan los países para promover la igualdad de género a través de la contratación pública. En Perú, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) pre publicó el 8 de junio el proyecto de modificación de 15 Bases Estándar, para recibir sugerencias y comentarios. Una de las novedades a destacar es la inclusión del Sello Empresa Segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer, como una buena práctica en sostenibilidad que las empresas pueden acreditar para que sus ofertas obtengan un puntaje adicional. De no mediar oposición, una vez que se publique la versión definitiva de los documentos estándar, las empresas que demuestren haber adoptado medidas que favorecen la lucha contra la violencia y discriminación contra la mujer tendrán más opción de contratar con el Estado peruano.
El Sello Empresa Segura es un reconocimiento que otorga el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cada dos años a las empresas privadas que acreditan la adopción de medidas para la promoción de la no discriminación y no violencia contra la mujer. La evaluación supone la verificación del cumplimiento de la legislación laboral vinculada a esos temas, así como la adopción de una cultura organizacional, práctica cotidiana y trabajo hacia la comunidad orientadas a prevenir la violencia y discriminación contra las mujeres.
Por ejemplo, se evalúa si la empresa ha capacitado al personal en normas y políticas contra el hostigamiento sexual, si sus convocatorias de personal no incluyen contenidos discriminatorios por razón de sexo, si se adopta una política de marketing que rechaza la publicidad sexista y el uso de estereotipos, si se ha implementado guarderías infantiles, lactarios, etcétera. Según el puntaje que obtengan, las empresas pueden obtener el sello oro, plata o bronce.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) recomienda que los Estados evalúen emplear la contratación pública para promover objetivos de políticas públicas tales como las compras verdes, el fortalecimiento de la pequeña empresa, la innovación y otras prioridades nacionales.
La inclusión del Sello Empresa Segura en los factores de evaluación estándar que aprueba OSCE y que las Entidades pueden incorporar en sus contrataciones, incentivará que las empresas que desean contratar con el Estado adopten medidas para evidenciar su lucha contra la violencia y discriminación contra la mujer, objetivo de política pública que es urgente impulsar en el Perú.
