Carlos F. Cáceres
Médico, doctor en epidemiología social,
profesor principal de salud pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia,
Director del Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano.
Como los historiadores críticos de la cultura occidental y la sexualidad han demostrado, en la era cristiana la dimensión sexual de la vida se convirtió en un foco de interés central de los preceptos religiosos y de las estrategias de control moral (particularmente la confesión). Durante el largo período feudal, buena parte de la ley canónica, como se reflejaría en la naciente legislación civil, interrogaba por deseos y prácticas sexuales de los fieles. Las transformaciones de la revolución industrial afectaron el poder de la iglesia y dieron lugar a una legislación más laica, aunque la religión fue reemplazada por la medicina moderna, cuya visión de la sexualidad con frecuencia recodificaba lo central de la moralidad religiosa como conocimiento científico, transformando el pecado o delito en enfermedad.
El trabajo sexual (tradicionalmente, ‘prostitución’), en muchas formas históricas (por ejemplo, prostitución ceremonial) ha existido desde el inicio de la civilización. La respuesta de la Europa cristiana hacia la misma fue negativa y excluyente; además, se estableció su relación con la transmisión de enfermedades ‘venéreas’ (de transmisión sexual). Muchos países asumieron legislaciones que, o la prohibían (v.g. anglosajones), o la toleraban bajo medidas de registro y ‘control sanitario’ de ‘meretrices´ (v.g. países latinoamericanos siguiendo la tradición centroeuropea). Además, el padecimiento de enfermedades ‘venéreas’ como la sífilis, temida por su gravedad en la era pre-antibiótica, implicaba depravación y podía justificar divorcios.
Los últimos treinta años han visto transformaciones considerables en la cultura occidental, incluyendo el surgimiento de movimientos sociales en torno de la equidad de género, la diversidad de orientaciones e identidades sexuales, y, también, la lucha contra el Sindrome de Inmunodeficiencia Humana (sida). En relación con las luchas de estos movimientos, así como otros cambios sociales y políticos, se ha logrado considerables avances en la situación de la mujer (acceso a voto, educación, trabajo, formas de protección legal) y en el reconocimiento de derechos a personas con orientaciones o identidades no heterosexuales, aunque en este caso se ha dado un rango mayor de cambios, que van desde avances hacia la plena igualdad de derechos, (incluyendo matrimonio igualitario y adopción, y leyes que reconocen la identidad de género asumida por personas trans) hasta la neo-penalización de la homosexualidad observada en países africanos. América Latina parece ir inexorablemente en el camino del pleno reconocimiento de igualdad, aunque el Perú aparece como uno de los países más rezagados. Finalmente, el movimiento global de lucha contra el sida logró cambios considerables en la relación entre científicos, médicos, comunidad y organismos regulatorios, facilitando el acceso a tratamientos experimentales, fortaleciendo el papel de la sociedad civil, y desde el 2001 liderando una cruzada para una ampliación cada vez mayor del acceso a tratamiento y a prevención.
Debido a que el sida es transmitido principalmente por vía sexual, y a que apareció con mayor frecuencia en grupos socialmente excluidos (v.g. hombres homosexuales y mujeres transgénero, trabajadoras sexuales, personas privadas de su libertad, usuarios de drogas, inmigrantes), excepto en el Africa sub-sahariana, el sida resultó doblemente estigmatizado: como enfermedad mortal y misteriosa, y como indicador de posible pertenencia a grupos excluidos. Predeciblemente, el estigma llevó a discriminación (v.g. menor acceso a servicios, reprobación pública a los enfermos, diciéndose que su enfermedad era un ‘castigo divino’ por su ‘promiscuidad’. Paralelamente, la primera década post-descubrimiento del VIH se enfocó en promover ‘cambios de conducta’ enfocados en abstinencia, fidelidad y uso de condones. Dicha estrategia logró algunos resultados en varios países, pero luego se reconoció que muchas prácticas sexuales de las personas no son decididas conscientemente, sino que son fruto de las normas sociales, las emociones del momento, o incluso la coerción, y que eso se da más claramente en poblaciones excluidas, consideradas ‘vulnerables’. Por ello, en períodos más recientes, paralelamente a la investigación médica para la prevención, se está estudiando cómo confrontar la vulnerabilidad social de ciertas poblaciones para disminuir su riesgo de contraer la infección o, incluso, para asegurar su acceso a tratamiento si la contraen.
Así, en su historia de más de 3 décadas, el SIDA ha mostrado una amplia variedad de respuestas en lo legislativo y los marcos normativos:
- Desde el lado negativo, muchos países respondieron con criminalización y restricciones legales. Durante casi dos décadas Estados Unidos restringía el acceso a personas viviendo con VIH. Asimismo, otros países establecieron penas para lo que se llamó ‘exposición consciente a otra persona (por parte de un portador de VIH) al riesgo de infección’. Otros ejemplos negativos incluyen la persistencia de leyes que penalizan las prácticas estigmatizadas de estas poblaciones vulnerables (por ejemplo, la sodomía, la prostitución, el uso de drogas) o estrategias reconocidas como útiles (por ejemplo, los programas de intercambio de jeringas para usuarios de drogas, considerados programas de ‘reducción de daños’). Algunos países no sólo han mantenido estas leyes, sino que han ampliado las penas.
- Desde el lado positivo, el reconocimiento de la vulnerabilidad social y su relación con la epidemia de VIH planteó la necesidad de intervenciones estructurales a varios niveles, incluyendo las barreras económicas, las leyes inadecuadas, y el estigma estructural. Resulta paradójico que una epidemia tan dura haya tenido que mostrar cómo la criminalización de algunas prácticas afecta la acción de la salud pública contra la epidemia. Entonces, de manera espontánea o como reacción a las respuestas negativas, en las últimas dos décadas se ha consolidado un movimiento internacional con influencia en políticas locales, para, en un marco de derechos humanos, eliminar toda forma de discriminación contra las personas, incluyendo, por supuesto, las leyes que además de discriminar a grupos humanos afectan la salud pública. Así, se ha avanzado en muchos países en leyes que han ampliado el acceso al tratamiento por sida, así como leyes que han mejorado la situación de las mujeres, de las personas no heterosexuales, de los usuarios de drogas y de otras poblaciones.
En conclusión, una mirada a la historia de la respuesta a las infecciones de transmisión sexual, con énfasis en la historia reciente centrada en el VIH, muestra la creciente relación entre salud pública, políticas públicas y legislación, y el papel que una participación comunitaria auténtica puede tener en dicha relación, basada tanto en evidencia científica como en principios del marco internacional de derechos humanos
