Inteligencia artificial y poder presidencial durante la administración Trump: desinformación, control institucional y riesgos democráticos
Resumen: El presente trabajo analiza el uso de la inteligencia artificial durante la presidencia de Donald Trump como posible instrumento de comunicación política, desinformación y refuerzo del poder ejecutivo. Desde una perspectiva constitucional y democrática, se examina cómo las nuevas tecnologías pueden incidir en la formación de la opinión pública, en la calidad de la deliberación democrática y en el equilibrio entre poderes. Asimismo, se estudian las tensiones que estas prácticas generan sobre los límites constitucionales de la Presidencia, el papel de los mecanismos de control institucional y la función del Tribunal Supremo como garante último del orden constitucional estadounidense. A partir de este análisis, el trabajo plantea una reflexión sobre los riesgos que la combinación entre innovación tecnológica, polarización política y concentración del poder ejecutivo puede representar para la democracia constitucional en Estados Unidos.
- Planteamiento inicial y objeto de estudio
La expansión de la inteligencia artificial ha introducido una transformación profunda en las formas contemporáneas de comunicación política, producción informativa y ejercicio del poder público. En particular, la automatización de contenidos, la segmentación algorítmica de audiencias y la circulación acelerada de mensajes políticos han alterado las condiciones tradicionales de formación de la opinión pública. Estas dinámicas resultan especialmente relevantes cuando se analizan en el contexto de presidencias fuertemente personalistas, en las que la comunicación directa con la ciudadanía se convierte en un instrumento central de legitimación política.
La presidencia de Donald Trump ofrece un caso particularmente significativo para estudiar la relación entre tecnología, desinformación y poder ejecutivo. Durante su mandato, la comunicación política digital adquirió una función decisiva en la construcción del relato presidencial, en la confrontación con los medios de comunicación y en la deslegitimación de opositores e instituciones. Aunque la inteligencia artificial no agota la explicación de estos procesos, sí permite comprender mejor la creciente sofisticación de las herramientas empleadas para analizar, amplificar y dirigir mensajes políticos en entornos digitales.
Esta aproximación exige distinguir entre el uso gubernamental de la inteligencia artificial como política pública y su utilización como recurso de poder en el espacio comunicativo. La primera dimensión remite a decisiones institucionales sobre investigación, competitividad, seguridad nacional y regulación tecnológica. La segunda, en cambio, se refiere a la capacidad de estas tecnologías para intervenir en la construcción de relatos políticos, en la jerarquización de la información y en la relación entre gobernantes y ciudadanía. Precisamente en esa segunda dimensión se sitúa el núcleo problemático del presente estudio.
La metodología seguida combina una perspectiva jurídico-constitucional con un análisis político-comunicativo. Por un lado, se atiende a los límites que la Constitución estadounidense impone al poder presidencial; por otro, se examina cómo las nuevas formas de comunicación digital pueden alterar las condiciones materiales de esos límites. De este modo, el trabajo no pretende estudiar la inteligencia artificial desde una óptica puramente técnica, sino valorar su impacto sobre la democracia constitucional cuando se integra en prácticas de desinformación y liderazgo personalista.
Desde esta perspectiva, el presente trabajo parte de una hipótesis central: la combinación entre inteligencia artificial, desinformación y concentración del poder ejecutivo puede erosionar los presupuestos deliberativos de la democracia constitucional. No se trata únicamente de valorar el uso técnico de una herramienta, sino de examinar sus consecuencias jurídicas y políticas cuando se inserta en una estrategia de comunicación orientada a debilitar controles institucionales, polarizar el debate público y reforzar una concepción expansiva de la Presidencia.
Además, el estudio se justifica por la necesidad de actualizar las categorías clásicas del constitucionalismo ante fenómenos que no siempre adoptan la forma de decisiones jurídicas explícitas. La desinformación algorítmica, la manipulación emocional del electorado o la degradación de la confianza institucional no aparecen necesariamente como infracciones normativas directas, pero pueden producir efectos constitucionalmente relevantes. En consecuencia, el análisis del abuso de poder debe extenderse también a aquellas prácticas que, sin quebrantar formalmente una norma, alteran las condiciones de posibilidad de una democracia deliberativa.
En este sentido, la investigación no pretende afirmar una relación causal simple entre inteligencia artificial y deterioro democrático, sino identificar un campo de riesgo institucional. La tecnología actúa dentro de un ecosistema político ya marcado por polarización, crisis de confianza y debilitamiento de intermediarios informativos. Precisamente por ello, el caso de la presidencia de Donald Trump permite observar cómo determinadas herramientas digitales pueden intensificar tendencias preexistentes y convertirlas en desafíos más complejos para el control constitucional del poder.
Esta perspectiva permite, además, situar el análisis en una zona intermedia entre la regulación tecnológica y la teoría constitucional. La inteligencia artificial no constituye por sí misma una amenaza democrática, pero sus efectos dependen del modo en que se inserta en estructuras de poder ya existentes. Cuando su uso se combina con estrategias de comunicación política orientadas a maximizar la adhesión emocional y minimizar la deliberación racional, la tecnología puede contribuir a modificar de manera sustancial la relación entre ciudadanía, verdad pública e instituciones representativas.
- La IA como recurso de acción política durante la Administración Trump
La inteligencia artificial debe entenderse, en este ámbito, como un conjunto de técnicas capaces de procesar grandes volúmenes de datos, identificar patrones de comportamiento y facilitar formas de comunicación política más personalizadas y eficaces. En el caso estadounidense, la Administración Trump impulsó formalmente la denominada American AI Initiative mediante la Orden Ejecutiva 13859, orientada a mantener el liderazgo de Estados Unidos en investigación, desarrollo y despliegue de inteligencia artificial. Esta iniciativa situó la IA dentro de una estrategia federal vinculada a la competitividad económica, la seguridad nacional y la confianza pública en las nuevas tecnologías.
Sin embargo, junto a esta dimensión institucional, la IA también puede operar como instrumento indirecto de poder político. La capacidad de ordenar información, medir reacciones sociales, detectar perfiles ideológicos y amplificar determinados contenidos permite reforzar estrategias comunicativas basadas en la simplificación del mensaje y en la apelación emocional. En un entorno mediático dominado por plataformas digitales, estas técnicas favorecen una relación menos mediada entre líder y ciudadanía, debilitando el papel tradicional de la prensa y de otros intermediarios democráticos.
En el plano institucional, la American AI Initiative aprobada durante la Administración Trump presentó la inteligencia artificial como un factor estratégico para preservar el liderazgo tecnológico, económico y militar de Estados Unidos. La propia Orden Ejecutiva 13859 subrayaba la necesidad de impulsar la investigación, desarrollar estándares técnicos, formar trabajadores cualificados y proteger valores como la privacidad, las libertades civiles y la confianza pública en las tecnologías de IA. Esta formulación evidencia que la inteligencia artificial fue concebida oficialmente como una prioridad estatal de primer orden.
Ahora bien, la relevancia constitucional del fenómeno no se limita a la existencia de una política federal de inteligencia artificial. El problema surge cuando las posibilidades abiertas por el tratamiento masivo de datos y por la intermediación algorítmica se proyectan sobre la competencia política. La identificación de preferencias, temores y patrones de conducta de los ciudadanos permite diseñar mensajes especialmente eficaces para movilizar apoyos, desactivar críticas o intensificar divisiones sociales. Desde esta perspectiva, la IA puede convertirse en una infraestructura invisible de poder comunicativo.
En la presidencia de Donald Trump, esta lógica se manifestó en una comunicación política caracterizada por la personalización, la confrontación permanente y la utilización intensiva de canales digitales. El recurso reiterado a categorías como “fake news” permitió presentar a los medios críticos como adversarios políticos y desplazar el debate desde la verificación de los hechos hacia la disputa por la autoridad narrativa. En este contexto, las herramientas algorítmicas y de análisis automatizado contribuyen a comprender cómo ciertos mensajes adquieren visibilidad, se replican con rapidez y consolidan comunidades políticas altamente polarizadas (Diez-Gracia et al., 2023).
La utilización política del término “fake news” por parte de Donald Trump resulta especialmente significativa porque altera la función democrática de la verdad factual. En lugar de operar únicamente como una denuncia de informaciones falsas, la expresión se transforma en un mecanismo retórico para desacreditar a actores incómodos, especialmente medios de comunicación, adversarios políticos y órganos de control. Así, la acusación de falsedad deja de depender de criterios verificables y pasa a integrarse en una estrategia de confrontación permanente.
La política federal de inteligencia artificial durante la Administración Trump debe situarse también en una lógica de soberanía tecnológica. El liderazgo en IA fue presentado como una condición para mantener la ventaja económica y de seguridad nacional de Estados Unidos, lo que vinculó la innovación tecnológica con intereses estratégicos del Estado. Esta conexión entre tecnología, seguridad y poder presidencial refuerza la importancia de someter las políticas de IA a controles democráticos suficientes, pues las decisiones adoptadas en nombre de la competitividad o la seguridad pueden tener efectos indirectos sobre derechos, libertades y procesos democráticos.
Asimismo, la inteligencia artificial introduce una asimetría informativa entre quienes diseñan o controlan los sistemas digitales y los ciudadanos que reciben sus efectos. En el ámbito político, esta asimetría permite que los mensajes se adapten a vulnerabilidades específicas sin que el destinatario conozca los criterios que han determinado su exposición a un contenido. La opacidad algorítmica dificulta así la rendición de cuentas y plantea un desafío particular para la igualdad democrática, en la medida en que distintos grupos pueden recibir versiones diferentes, e incluso contradictorias, del discurso político.
De este modo, el uso político de la inteligencia artificial no debe analizarse únicamente desde la perspectiva de la eficiencia comunicativa, sino también desde la óptica de la igualdad democrática. Si determinados sectores de la ciudadanía reciben mensajes diseñados específicamente para explotar emociones, miedos o sesgos cognitivos, la competencia política puede dejar de desarrollarse en condiciones equivalentes. La deliberación pública se fragmenta en múltiples espacios opacos, lo que dificulta que los ciudadanos puedan contrastar argumentos comunes y evaluar críticamente las propuestas del poder ejecutivo (Sunstein, 2017).
- Efectos de la desinformación en la opinión pública y el debate democrático
La desinformación constituye uno de los principales riesgos democráticos asociados al ecosistema digital contemporáneo. Su gravedad no reside únicamente en la difusión de datos falsos, sino en la capacidad de alterar la confianza ciudadana en las instituciones, fragmentar el espacio público y dificultar la existencia de un debate basado en hechos compartidos. Cuando las tecnologías de inteligencia artificial intervienen en la creación, selección o amplificación de contenidos, estos riesgos pueden intensificarse debido a la velocidad, escala y apariencia de credibilidad con que circulan los mensajes (Casás García et al., 2026; Romanishyn et al., 2025).
En el caso de Donald Trump, la apelación constante contra los medios de comunicación y la utilización política del concepto de noticias falsas contribuyeron a erosionar la función fiscalizadora de la prensa. Esta estrategia no puede separarse de un contexto de desintermediación, en el que las redes sociales permiten al titular del Ejecutivo dirigirse directamente a sus seguidores, eludir filtros periodísticos y presentar cualquier crítica como parte de una confrontación política. De este modo, la desinformación deja de ser un fenómeno marginal para convertirse en una herramienta de disputa institucional.
Las plataformas digitales intensifican este problema porque no distribuyen información de manera neutral. Sus sistemas de recomendación tienden a premiar los contenidos que generan más interacción, incluso cuando esa interacción se basa en la indignación, el miedo o la identificación partidista. La inteligencia artificial aplicada a la moderación, clasificación y recomendación de contenidos puede contribuir a ordenar el debate público, pero también puede amplificar narrativas simplificadoras si los incentivos económicos y políticos de la plataforma favorecen la viralidad por encima de la veracidad (Vosoughi et al., 2018).
Desde el punto de vista democrático, la consecuencia más preocupante es la erosión de un espacio común de discusión. La democracia constitucional presupone desacuerdo político, pero también requiere un mínimo compartido de hechos, reglas y legitimidad institucional. Cuando la desinformación se normaliza como estrategia de comunicación, el adversario deja de ser un competidor legítimo y pasa a ser presentado como una amenaza existencial. Esta lógica dificulta el compromiso, debilita la rendición de cuentas y favorece una concepción plebiscitaria del liderazgo.
El deterioro de la deliberación democrática aparece, entonces, como consecuencia de una doble dinámica: por un lado, la ciudadanía recibe contenidos cada vez más segmentados y emocionalmente intensos; por otro, las instituciones encargadas de ordenar el debate público pierden autoridad frente a discursos que apelan directamente a la identidad política del receptor. La inteligencia artificial puede agravar este proceso cuando facilita la microsegmentación, la producción sintética de contenidos o la amplificación automatizada de narrativas orientadas a reforzar prejuicios y debilitar consensos constitucionales básicos (Arda & Basarir, 2024; Lee et al., 2024).
El impacto de la desinformación sobre la opinión pública se agrava cuando la ciudadanía deja de confiar en los mecanismos tradicionales de verificación. En una democracia constitucional, la prensa, la academia, los tribunales y las instituciones electorales cumplen una función epistémica: contribuyen a fijar hechos verificables sobre los que puede organizarse el desacuerdo político. Si esos actores son presentados de forma sistemática como enemigos del pueblo o como instrumentos de una conspiración partidista, se reduce la posibilidad de una deliberación racional y se fortalece la dependencia emocional respecto del liderazgo presidencial.
La IA generativa añade una dimensión adicional al problema, al facilitar la producción de textos, imágenes, audios o vídeos verosímiles a bajo coste. Aunque estas herramientas pueden tener usos legítimos, también incrementan la dificultad de distinguir entre información auténtica y contenido manipulado. En campañas políticas o contextos de alta polarización, esta capacidad puede utilizarse para introducir dudas sobre hechos comprobables, desacreditar adversarios o saturar el espacio público con mensajes contradictorios. El resultado no siempre es convencer de una falsedad concreta, sino producir incertidumbre generalizada (López-Borrull & Lopezosa, 2025).
En este punto resulta relevante destacar que la desinformación no opera solo mediante la falsificación directa de contenidos, sino también mediante la sobreabundancia informativa. La saturación del espacio público con versiones incompatibles de los hechos puede generar cansancio, cinismo y desconfianza generalizada. En tales condiciones, muchos ciudadanos pueden abandonar la pretensión de verificar la información y refugiarse en fuentes afines a su identidad política. La consecuencia es una democracia menos orientada al intercambio de razones y más dependiente de lealtades afectivas o partidistas.
- Poder presidencial, restricciones constitucionales y mecanismos de control
El análisis del uso político de la inteligencia artificial y de la desinformación debe completarse con una reflexión sobre los límites constitucionales del poder ejecutivo. En el sistema estadounidense, la Presidencia dispone de una notable capacidad de iniciativa política, dirección administrativa y comunicación pública. Sin embargo, esa posición institucional se encuentra jurídicamente limitada por el Congreso, los tribunales, el federalismo, la prensa libre y el conjunto de garantías propias del constitucionalismo democrático (Dahl, 2002; Genovese & Spitzer, 2005).
El abuso de poder ejecutivo no se manifiesta únicamente mediante actos formalmente contrarios a la Constitución. También puede producirse a través de prácticas que debilitan gradualmente los mecanismos de control, cuestionan la legitimidad de las instituciones críticas o concentran la autoridad política en torno a la figura presidencial. Cuando estas prácticas se acompañan de estrategias comunicativas apoyadas en entornos digitales y tecnologías de análisis automatizado, el poder ejecutivo puede adquirir una capacidad reforzada para moldear la agenda pública y condicionar la percepción ciudadana de la realidad política.
En la tradición constitucional estadounidense, el poder presidencial ha sido objeto de una tensión permanente entre eficacia gubernamental y limitación jurídica. La Presidencia necesita capacidad de dirección para responder a crisis, coordinar la administración federal y representar políticamente a la nación. Sin embargo, esa energía ejecutiva solo resulta compatible con la democracia constitucional cuando permanece sometida a controles efectivos. La concentración de poder se vuelve problemática cuando el Ejecutivo utiliza su posición institucional para debilitar esos controles o para presentarlos como obstáculos ilegítimos a la voluntad popular (Conley, 2003; Genovese & Spitzer, 2005).
La inteligencia artificial y la desinformación pueden reforzar esa deriva al ofrecer al poder ejecutivo nuevas formas de influencia indirecta. No es necesario que exista una orden presidencial explícita para que se produzca una alteración del equilibrio constitucional: basta con que el discurso presidencial, apoyado en ecosistemas digitales altamente polarizados, contribuya a deslegitimar al Congreso, a los tribunales, a la prensa o a los funcionarios encargados de aplicar la ley. En ese escenario, el abuso de poder se manifiesta como una práctica acumulativa de erosión institucional.
En este marco, los controles institucionales adquieren una importancia decisiva. El Congreso debe ejercer sus potestades de fiscalización, los tribunales deben preservar la supremacía constitucional y la prensa debe mantener su función crítica frente al poder. No obstante, la eficacia de estos controles depende también de la existencia de una esfera pública capaz de distinguir entre información verificable, propaganda y manipulación. Por ello, el desafío constitucional de la inteligencia artificial no es solo tecnológico, sino también democrático: consiste en impedir que la innovación digital sea utilizada para erosionar los presupuestos deliberativos sobre los que descansa el control del poder.
Desde una perspectiva constitucional, el control del poder ejecutivo requiere algo más que la existencia formal de instituciones de contrapeso. También exige que dichas instituciones conserven autoridad pública, capacidad de actuación y reconocimiento social. Cuando la comunicación presidencial erosiona deliberadamente esa autoridad mediante acusaciones reiteradas de parcialidad, corrupción o ilegitimidad, el equilibrio de poderes se debilita aunque los órganos constitucionales sigan existiendo formalmente. La desinformación puede operar, por tanto, como una técnica de desgaste institucional (Levitsky & Ziblatt, 2018).
El papel del Tribunal Supremo debe examinarse en este contexto con especial cautela. Su función como garante de la Constitución depende de su independencia, pero también de la aceptación pública de sus decisiones. Si el debate político se organiza en torno a narrativas de sospecha permanente, incluso las decisiones judiciales pueden ser reinterpretadas como imposiciones partidistas. Ello muestra que la protección constitucional frente al abuso de poder no descansa solo en reglas jurídicas, sino también en una cultura política capaz de aceptar límites, controles y derrotas institucionales.
Por ello, el control constitucional del poder ejecutivo en la era digital debe comprender también mecanismos preventivos y no solo reactivos. Las respuestas institucionales llegan tarde si se limitan a corregir abusos una vez que la confianza pública ya ha sido dañada. La transparencia en el uso de datos, la supervisión independiente de tecnologías aplicadas a procesos políticos y la exigencia de responsabilidad a las plataformas digitales aparecen como condiciones necesarias para preservar la efectividad real de los contrapesos constitucionales.
- Consideraciones finales
El estudio permite concluir que la inteligencia artificial, en el contexto de la comunicación política contemporánea, no puede ser considerada una herramienta neutral cuando se integra en estrategias de desinformación, polarización y concentración del poder. Su capacidad para procesar datos, orientar mensajes, segmentar audiencias y amplificar contenidos plantea riesgos específicos para la calidad de la deliberación democrática, especialmente cuando se combina con liderazgos personalistas y discursos de deslegitimación institucional. El problema no reside únicamente en la tecnología considerada de forma aislada, sino en su utilización dentro de una arquitectura política que puede favorecer la opacidad, la manipulación emocional y la reducción del debate público a dinámicas de adhesión o rechazo.
La presidencia de Donald Trump evidencia cómo la comunicación digital puede operar como un mecanismo de refuerzo del poder ejecutivo, al permitir una relación directa, emocional y conflictiva con la ciudadanía. La instrumentalización del concepto de desinformación, la confrontación con la prensa y la apelación constante a una legitimidad personal del líder muestran la necesidad de repensar los controles constitucionales ante las nuevas condiciones tecnológicas de la esfera pública. En este sentido, el caso analizado no debe entenderse como una anomalía aislada, sino como una manifestación especialmente visible de una tendencia más amplia: la transformación del poder presidencial en un entorno mediático en el que la visibilidad, la velocidad y la capacidad de movilización emocional pueden adquirir tanta importancia como los actos jurídicos formales.
La respuesta jurídica no puede limitarse a prohibiciones abstractas ni a una confianza absoluta en la autorregulación tecnológica. Resulta necesario combinar transparencia en los sistemas algorítmicos, supervisión pública de las plataformas, garantías frente a la manipulación informativa y una educación cívica orientada a fortalecer la autonomía crítica de la ciudadanía. Estas medidas deben concebirse como parte de una política constitucional de protección del espacio público, pues la integridad democrática no depende solo de la corrección formal de los procedimientos electorales, sino también de que los ciudadanos puedan formar su voluntad política en condiciones razonables de pluralismo, información verificable e igualdad comunicativa.
En consecuencia, el caso de Donald Trump permite observar una transformación más amplia de la democracia presidencial en la era digital. La cuestión central no es únicamente si un presidente emplea o no herramientas de inteligencia artificial, sino cómo el entorno algorítmico redefine las condiciones de legitimidad, control y responsabilidad política. El riesgo fundamental aparece cuando la tecnología deja de servir al pluralismo democrático y pasa a reforzar dinámicas de opacidad, polarización y concentración del poder. Por ello, la evaluación constitucional de estas prácticas debe atender tanto a los actos visibles del Ejecutivo como a los efectos indirectos que sus estrategias comunicativas producen sobre la confianza pública, la autoridad de los contrapoderes y la posibilidad misma de una deliberación común.
En definitiva, la defensa de la democracia constitucional exige articular respuestas jurídicas, institucionales y cívicas frente a los usos abusivos de la inteligencia artificial en la comunicación política. Ello implica fortalecer la transparencia algorítmica, la alfabetización digital, la responsabilidad de las plataformas y la capacidad de los poderes públicos para garantizar que la innovación tecnológica no se convierta en un instrumento de erosión democrática. La protección del constitucionalismo en la era digital requiere, por tanto, desplazar el foco desde una concepción meramente técnica de la IA hacia una comprensión política de sus efectos sobre el poder, la ciudadanía y las instituciones.
La principal enseñanza del análisis es que los riesgos democráticos de la inteligencia artificial no deben evaluarse únicamente desde la perspectiva de la protección de datos o de la seguridad tecnológica. Deben entenderse también como riesgos constitucionales, en la medida en que afectan a la formación libre de la opinión pública, a la igualdad en la competencia política y a la eficacia real de los controles sobre el poder. La IA puede contribuir a mejorar la administración pública y la participación ciudadana, pero también puede convertirse en un medio de concentración comunicativa y opacidad decisoria.
Por ello, una agenda constitucional adecuada debería incorporar mecanismos de transparencia sobre la publicidad política digital, obligaciones de trazabilidad respecto de contenidos generados mediante IA, garantías frente a la microsegmentación abusiva y formas de supervisión independiente de los sistemas algorítmicos utilizados en procesos políticamente sensibles. Estas medidas no pretenden restringir indebidamente la libertad de expresión, sino preservar las condiciones institucionales que hacen posible un debate público libre, plural y verificable.
Finalmente, el análisis confirma que la defensa de la democracia constitucional frente a la inteligencia artificial exige una concepción amplia de la responsabilidad pública. No basta con atribuir la amenaza a actores privados, plataformas digitales o innovaciones técnicas aisladas. Cuando el poder ejecutivo se beneficia de entornos informativos degradados o contribuye activamente a intensificar la polarización, surge una responsabilidad constitucional de preservar las condiciones mínimas de confianza, pluralismo y verificabilidad que hacen posible el autogobierno democrático. De ahí que la IA deba ser incorporada al debate constitucional no como una cuestión secundaria de modernización administrativa, sino como un factor estructural que condiciona la distribución real del poder en las democracias contemporáneas.
Así, el cierre del artículo conduce a una afirmación principal: la inteligencia artificial no amenaza por sí sola a la democracia constitucional, pero puede convertirse en un instrumento especialmente eficaz de deterioro democrático cuando se integra en estrategias de poder orientadas a debilitar la verdad pública, deslegitimar los controles institucionales y concentrar la autoridad política en torno al Ejecutivo. Frente a ello, la tarea del constitucionalismo no consiste en rechazar la innovación tecnológica, sino en someterla a principios de transparencia, responsabilidad, control democrático y respeto efectivo al pluralismo.
En suma, el análisis de la presidencia de Donald Trump permite advertir que el futuro de la democracia constitucional dependerá, en buena medida, de la capacidad de sus instituciones para responder a formas de poder menos visibles, más rápidas y más difíciles de controlar que las tradicionales. La inteligencia artificial obliga a actualizar los instrumentos de garantía constitucional, pero también a reafirmar sus fundamentos clásicos: limitación del poder, deliberación pública, rendición de cuentas y protección de una ciudadanía libre e informada. Solo desde esa combinación entre adaptación tecnológica y fidelidad a los principios constitucionales podrá evitarse que la innovación digital sea utilizada como vehículo de desinformación, abuso ejecutivo y debilitamiento democrático.
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