Entrevista a Diego Saavedra Celestino
Antropólogo Especialista del Programa Ecosistemas y Derechos de la ONG Derechos, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Pólemos(P): ¿Cuál es la situación de la Amazonía peruana en torno a los derrames de petróleo?
Diego Saavedra (DS): Hay una situación de emergencia permanente en la Amazonía, específicamente en torno a actividades de hidrocarburos. En la Amazonía Norte hablamos de petróleo. En los seis últimos años, según datos de Osinergmin, tenemos 27 derrames de petróleo. Con 27 derrames hablamos de 27 incidentes, emergencias ambientales que han provocado el vertimiento de crudo directamente a cuerpos de agua y a cuerpos de tierra.
P: Han sido múltiples los derrames de petróleo en nuestra selva. Hablamos de daños ambientales. Sin embargo, a veces nos olvidamos de los daños sociales que pueden surgir. ¿Cuál es el impacto social de estos lamentables incidentes?
DS: Para poder entender la dimensión real y profunda de estos impactos sociales tenemos que entender que las comunidades que habitan en la Amazonía, en particular, en la zona de Loreto, Amazonas, que han sido las más afectadas, son pueblos indígenas que tienen una relación muy estrecha con el medio ambiente y el ecosistema, donde se aprovechan directamente los recursos del agua y los recursos del bosque para poder subsistir. Si petróleo se vierte en un río se le está cerrando la oportunidad de alimentación de calidad, de alto valor nutricional, no solamente a hombres, mujeres sino también a niños y ancianos. Si cae crudo a la tierra y malogra la fuente de alimento de los animales, estás impidiendo que un pueblo indígena pierda altas calorías presentes en la carne animal.
Los impactos sociales van desde el tema alimenticio, el tema sanitario (acceso a agua limpia), pero también incluyen a un gran conjunto de impactos que tiene que ver con las relaciones socioeconómicas en las comunidades. Desde el ingreso de inversiones, sean estatales o privadas, a un territorio, se generan expectativas de trabajo, imponiendo una visión del trabajo asalariado en zonas donde los pueblos se dedican basicamente a actividades de intercambio. Con la introducción de la moneda, que pasa a ser un factor importante en la vida de las comunidades, los valores también empiezan a transformarse. Ese conjunto de impactos a la salud y a las relaciones socioeconómicas se vuelven más dramáticos cuando los analizas de manera acumulada. 6 años, 27 derrames, sin contar los aproximadamente 40 años que ya funciona el oleoducto, que han afectado a pueblos a los cuales nunca les preguntaron si querían ese ducto ahí. Nunca les consultaron sobre los tipos de beneficios a los cuales ellos podían acceder. Nunca han sido involucrados en una visión de desarrollo planificada desde el Estado.
P: ¿Qué responsables se pueden identificar en estos derrames de petróleo?
DS: El tema de identificar responsabilidades sobre un incidente, en una infraestructura que lleva más de 40 años y parte de ellos abandonada en medio de la selva, es una tarea bastante complicada. Primero, porque no estamos hablando en términos empresariales de cualquier actor. Estamos hablando de una empresa del estado. Ya hace bastantes años circula una crítica muy fuerte al papel del Estado en el sector empresarial. Cualquier error de este tipo de empresas es particularmente observado. Si ya el error cometido por una empresa privada puede convertirse en un escándalo, que el Estado cometa infracciones a través de sus empresas vuelve complicado el escenario.
P: ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado ante estas contingencias?
DS: La respuesta del Estado ha sido limitada, dentro del marco normativo que tenemos. Hay que reconocer que el marco actual es más avanzado de lo que era hace 20 o 10 años atrás. Sin embargo, continúa siendo insuficiente. El marco normativo ha permitido iniciar procesos administrativos sancionatorios contra las empresas responsables. Sin embargo, según datos de Osinergmin, muchos de estos procesos que han terminado en multas, desde el lado de Osinergmin y desde el lado de OEFA, no han sido cumplidos: PetroPerú no ha pagado. Aquí se abren dos temas. Primero, la expectativa del pago de la multa. Muchas de las comunidades afectadas, cuando han exigido solución a sus problemas, medios de comunicación, autoridades y representantes de las empresas han señalado que iban a pagar las multas. Pero recordemos que las multas, el dinero, no se remite a la comunidad. Entonces, la expectativa sobre la acción punitiva no importa un cambio significativo o una medida correctiva necesariamente.
P: Hablemos de las declaratorias de emergencia. ¿Son medidas suficientes?
DS: El Estado ha tratado de apelar, dentro de los mecanismos que tiene, a las declaratorias de emergencia, sobre todo en emergencias de salud. Éstas, como medida urgente, se dan por 30, 60 o 90 días; inclusive se alargan 30 días más, 10 o 20, de acuerdo a la situación. La pregunta que subyace es: ¿Realmente el impacto a la salud de gente que ha tomado agua contaminada o ha comido carne de pescado contaminado se puede superar el 30, 60 o 90 días? Son insuficientes las medidas reactivas del estado en materia de salud y en materia de emergencia ambiental. Ha quedado pendiente en el escenario actual, en donde el gobierno entrante ha definido las prioridades para sus primeros cien días, e incluso solicitaron facultades al poder legislativo, estuvo ausente el tema de remediación ambiental como la exigencia de la constitución de una política nacional de remediación. No estuvo en el debate, no estuvo en las prioridades. Lo que sí estuvo, y eso hay que saludarlo, es que dentro de las facultades que ha dado el se encuentra modernizar Petroperú. ¿Qué significa ello? ¿Qué significa modernizar al Oleoducto Nor Peruano? Significa miles de millones de dólares en inversión, significa la necesidad de hacer un estudio, una auditoría internacional sobre los impactos sociales y ambientales, significa hacer estudios de impactos acumulativos.
Todo esto está pendiente. No existe, no se siente la voluntad de dar pasos hacia adelante. Solo se han realizado medidas punitivas, se han tratado de identificar responsables. En este caso ha tenido que asumir Petroperú. Se han adoptado planes de contingencia limitados o poco rigurosos. Se ha contratado a una empresa que ya había entrado a la zona de los derrames en la cuenca del río Marañón para también trabajar en acciones de remediación y la propia población ha cuestionado por el tipo de trabajo que realizan y el tipo de relación que tienen con ellos. Estamos hablando de medidas insuficientes, que deberían de ampliar mecanismos de participación para que se vuelvan medidas más sustanciales.
P: ¿Cuán importantes son los ríos para los pueblos indígenas?
DS: El pueblo Kukama habita en el distrito de Uraninas, que es donde han sucedido los últimos tres derrames de petróleo. Este pueblo indígena tiene una relación muy importante con el agua. No solamente es un recurso para la alimentación, sino también forma parte de un conjunto de símbolos que son parte de su identidad y cosmovisión. Al recorrer la historia de este pueblo, se puede identificar su relación ancestral y espiritual con el agua, con mitos o leyendas sobre los mundos subacuáticos. Cuando un Kukama muere, puede ir a vivir a ciudades debajo del agua, en donde también encuentran la cura para enfermedades, las visiones del futuro para el pueblo, las respuestas a muchas preguntas. A esos pueblos subacuáticos sólo acceden los sabios. Si se contamina el río, se está contaminando toda esa cosmovisión, no sólo se afecta la salud del pueblo físicamente, o se está privando de recursos animales y vegetales. Se está atentando contra su identidad. Es un elemento clave a tomar en cuenta, y que nunca está en la discusión pública.
Otro tema cuando te acercas a la zona tiene que ver con los pasivos ambientales. Nosotros pudimos estar gracias a la Asociación ACODECOSPAT Asociación Kukama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca, del río Marañón, fuimos al Cuninico. Es un lugar emblemático por un derrame en el 2014 por una ruptura del Oleducto Nor Peruano. Navegamos hasta la misma zona de la ruptura del ducto y dos cosas nos llamaron la atención. La primera es que efectivamente ya no hay petróleo encima del agua o del río o en la tierra, pero si introduces un palo y empiezas a mover la base del agua del río empiezan a aflorar manchas de grasa, de aceite. La comunidad de Cuninico, que vive a menos de 1 km de la zona, tiene como única fuente de agua ese río. Estás condenando a niños, ancianos, a tomar agua con grasa para alimentarse. Es un drama demasiado fuerte para no tomar acciones ni medidas correctivas al respecto. El segundo tema que hay partes en el oleoducto que deberían estar encima de la tierra porque como son estructuras metálicas deberían de guardar cuestiones de seguridad para que no se deterioren. Este ducto está debajo del agua. ¿Se cumple la norma? Es una gran interrogante.
Esto sucede en zonas donde históricamente el Estado no está presente y donde no tiene alta capacidad de reacción y no tiene estrategia suficiente para actuar de manera eficaz y rápida y donde lamentablemente siempre coinciden proyectos económicos extractivos, ausencia del estado y poblaciones indígenas. Un conjunto de variables que ya conocemos pero que hasta este momento no podemos encontrar estrategia o alternativa de convivencia que permita reducir los índices de conflictos sociales que, desde el año 2007, el año del boom de las industrias extractivas, ha ido incrementándose hasta llegar a la actualidad a ser un promedio de 200 conflictos por año, según la Defensoría del Pueblo.
P: ¿Cuál es el rol de la DAR en la promoción de la Gobernanza Indígena?
DS: Nosotros somos una institución que promueve la gobernanza ambiental y el fortalecimiento de la institucionalidad. Creemos que hay soluciones que desde el Estado se pueden implementar, creemos que hay recursos y capacidades que deberían fortalecerse en el Estado. A partir de este trabajo, estamos presentes en varias regiones la Amazonia. El drama que pasan muchas poblaciones indígenas no es patrimonio de Loreto, es un tema repetido en casi todas las regiones amazónicas. Las expectativas que siempre encuentras cuando llegas, o los imaginarios que se configuran en relación a actividades extractivas como es el caso del Oleoducto son dos. En primer lugar, el que tiene que ver con la ausencia del Estado. Es interesante reflexionar sobre esto, porque mientras el Estado está ausente, las personas que viven en esta zona se siguen identificando como peruanos. En muchas de estas zonas existe la reivindicación de una Nación como el imaginario de aquella nación que en algún momento aparecerá para cuidarlos o protegerlos. Otra de las expectativas que aparece es la del olvido como imaginario, y de cómo se piensa que si ellos mismos no hacen algo para sobrevivir nadie va a venir a darles nada. En ese sentido, se relaciona mucho con la capacidad de autogestión que tienen los pueblos indígenas para crear alternativas concretas. En territorios como los de Loreto, en donde en un mismo distrito, en un mismo año, hay tres derrames lo que encuentras es organización. No hay dispersión, no hay dejadez sobre la problemática, hay gente organizada proponiendo cosas.
P: ¿En este sentido, como propuesta, qué es la vigilancia indígena?
DS: La vigilancia indígena consiste en mecanismos de control territorial que han permitido conocer los derrames de primera mano. Los que dieron alerta fueron las organizaciones y comunidades indígenas. Esa expectativa, ese imaginario de “a mí ya nadie me va a regalar nada” es algo propio de la identidad y de la protección de los recursos naturales que proviene de sus cosmovisiones y es algo que ha generado muchas propuestas concretas para las instituciones ambientales. El 29 de setiembre se presentó un proyecto de Ley en el Congreso de Vigilancia Indígena y Ciudadana, que ha venido trabajándose dos años con asociaciones indígenas y de sociedad civil, y que pide que se reconozca la vigilancia indígena y que se articule al sistema nacional de gestión ambiental. La información que se recoge en vigilancia indígena sería, entonces, información usada oficialmente por el Estado. Durante muchos meses replicaron que esto importaba reemplazar a la OEFA. Las organizaciones indígenas no quieren remplazar, sino mas bien complementar. Cuando hay un derrame, un funcionario de OEFA que sale desde san Isidro se demora días o quizá semanas en llegar a la zona del derrame. Un indígena de la comunidad que está a sólo 1 kilómetro llega en horas. Si está más cerca, ¿por qué no puede ser parte del sistema de fiscalización para alertar de manera más rápida que provea la información lo más rápido posible?
P: ¿La información recogida en vigilancia indígena tendría que ceñirse a ciertos parámetros?
DS: Si la información que ellos proveen se vuelve oficial, se puede exigir que se capacite permanentemente a los monitores según los términos del Estado. Esto es presencia del Estado, lo que tanto se ha exigido. Así se tendrán monitores indígenas que levanten información conforme a indicadores del Estado y que sean a su vez representantes del Estado. Es una estrategia permanente de alerta temprana que implementa mecanismos de contingencia. Cuando ocurre un derrame, el Estado y la empresa tiene que movilizarse para frenar el derrame, ejecutar mecanismos de contingencia y empezar a empadronamiento de afectados y llevar los servicios. Todo esto se puede acelerar si las comunidades participan de manera directa. Esta es una expectativa que están posicionando las organizaciones y comunidades que viven alrededor de zonas afectadas por derrames de petróleo, lo cual pasa por fortalecer los espacios de intercambio de las experiencias de vigilancia. Lo que pasa en Loreto frente a los derrames es, por ejemplo, es que las organizaciones indígenas que toman la batuta de monitorear a nivel ambiental y social, lo desarrollan con sus técnicas, y luego se van capacitando y aprendiendo.
P: ¿Contamos en el Perú con experiencias de vigilancia indígena exitosas?
DS: En el sur, en el proyecto Camisea, uno de los proyectos energéticos más grandes del país, existe un ducto que traslada el gas hacia la costa que se ha roto, en sus 10 años de vida, unas 7 u 8 veces. De ahí no llegan tantas noticias. Sin embargo, existen programas de monitoreo ambiental comunitario.
En las zonas del bajo Urubamba (selva de Cuzco, límite con Ucayali) existen 6 programas de vigilancia ambiental comunitario. El formato de los programas es diferente al de Loreto, en Urubamba, son en base de una norma: el D.S 012-2008, que implica la participación en hidrocarburos, lo que significa que las empresas desarrollen un carácter participativo con la población local para monitorear sus actividades. Estos programas han sido cuestionados muchas veces, pero después de 10 años de funcionamiento tenemos comunidades indígenas machiguenga con un conocimiento técnico superior al de cualquier otra comunidad en los que los procesos son menos dramáticos.
En Loreto, el proceso es diferente, su proceso ha sido sostenido en base a una estrategia autónoma de no relacionarse con las empresas (incluso sin el Estado), sino a partir del apoyo de la Cooperación, o simplemente de asesores técnicos, es que ellos se han podido capacitar y formar brigadas de monitoreo. Los pasivos ambientales que se identificaron entre el 2012-2014 en el Lote 192 fueron identificados por monitores indígenas; los derrames fueron alertados por monitores indígenas.
Entonces, tenemos experiencias que nacen de espíritus que son casi iguales, pero con mecanismos diferentes: Unos relacionados con las empresas y otros con un principio autónomo ¿Uno es mejor que el otro? No, cada uno tiene sus aprendizajes, su potencia y lo que necesitamos es que se unan y complementen.
