Mag. Tesania Velázquez
DARS PUCP
Maestría de Psicología Comunitaria PUCP
«La dignidad de la salud mental» fue el tema del Día Mundial de la Salud Mental del 2015. A pesar de que cada año, la OPS/OMS busca sensibilizar a la población y a los gobiernos sobre la necesidad de cambiar la situación y las condiciones de vida de las personas con problemas de salud mental, todavía los esfuerzos son insuficientes. Según cifras del Estudio Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, el 20.4% de la población adulta sufre de algún tipo de trastorno mental ([INSM HD-HN], 10 de octubre del 2015); los más relevantes son la depresión y la ansiedad.
En el Perú, indudablemente, existe un número considerable de personas que tienen problemas de salud mental, pero con muchas limitaciones para el acceso al tratamiento. Adicionalmente, estas personas se enfrentan a una sociedad estigmatizadora y que invisibiliza los problemas de salud mental y a los que los padecen. Asimismo, se encuentra que este miedo al rechazo no es del todo irracional, dado que algunas personas llegan a ser excluidas de oportunidades de empleo y educación por miedo a que ocasionen algún tipo de daño, lo cual sólo aumenta la poca aceptación social de los problemas de salud mental (INSM HD-HN, 2015). A este tipo de rechazo se adhieren también algunas familias que optan por abandonar a las personas en las calles o en centros hospitalarios. En este sentido, resulta evidente que la responsabilidad de los problemas de salud mental no recae solamente en los profesionales y en el Estado, sino también en la sociedad, en las comunidades y en las familias.
Además, sabemos que los problemas de salud mental no se reducen solo a trastornos mentales, sino a problemáticas psicosociales, como la violencia, la pobreza y la corrupción: tres procesos que presentan situaciones y cifras alarmantes en nuestra sociedad. El desafío, en consecuencia, no es solo generar condiciones de vida digna para las personas con trastornos mentales, sino cambiar comportamientos, ideas y creencias que promueven situaciones de violencia y exclusión social y de este modo contribuir al bienestar y a la salud mental de toda la sociedad.
En este sentido, se propone que la atención de la salud mental sea más inclusiva y con una mirada más global e integral, además se postula un modelo en el que las atenciones sean preferentemente ambulatorias, y se trabaje más con las familias comunidades para evitar la hospitalización. En el país, hace varios años, se comenzó a formular y un nuevo modelo de salud mental comunitaria a partir de la praxis y la reflexión. Estas experiencias y conceptualizaciones se plasmaron en publicaciones de las organizaciones de la sociedad civil (DEMUS, 2010; Escribens, Portal, Ruiz, y Velázquez, 2008; GTSM, 2006; GIR, 2011, Pérez, 2009), la academia (Pezo, Velázquez, Valz-Gen, & Pareja, 2008; Velázquez, 2007) y el Estado (Bazán, 2004; MINSA/UE (2005). Todas ellas fueron punto de partida para el desarrollo posterior y para los cambios de enfoque del problema. Ahora, tiempo después, recién vemos que se están dando los primeros pasos sólidos para llegar a un modelo de salud mental comunitaria en el Perú; por ello, felicitamos la actitud y vocación de la Dirección de Salud Mental del MINSA por asumir este reto.
Se ha asumido una política pública conducente a crear un modelo de salud mental comunitaria que ya posee algunos hitos. El primero fue la aprobación del Reglamento de la Ley Nº 29889, que modifica el artículo 11 de la Ley 26842, Ley General de Salud, y que garantiza los derechos de las personas con problemas de salud mental con un enfoque comunitario, de derechos humanos, género e interculturalidad en los diferentes niveles de atención; el segundo, la creación de centros comunitarios de salud mental[1], con el objetivo de que las personas con trastornos mentales se reinserten en sus familias y comunidades; el tercero, el cierre definitivo del Centro de Rehabilitación del Enfermo Mental de Iquitos (Cremi), que vulneraba el respeto a la dignidad de las personas internadas, y el cuarto, la implementación de la formación en salud mental para el personal del primer nivel de atención de salud.
Creemos que por fin se cambió el modelo de “encerrar” a las personas con discapacidad mental por un modelo de salud mental comunitaria, tendencia que ya se venía dando en la región. Brasil, Argentina (Cohen y Natella, 2013; Rodríguez 2007, 2009), entre otros países, cuentan ya con un modelo de salud mental comunitaria en la ejecución de sus políticas públicas.
Este modelo de salud mental comunitaria radica en la comprensión de la salud mental como componente central del desarrollo humano y, por lo tanto, del desarrollo de los Estados. Efectivamente, hablar de salud mental es también hablar de pobreza y desigualdad en el Perú (Velázquez, 2007). Este modelo permite responder de forma diferente a la demanda de salud mental, una propuesta inclusiva, comunitaria y participativa en el marco de la defensa de los derechos humanos y en diálogo con el enfoque de género e interculturalidad.
A pesar de que todavía falta un difícil trecho por recorrer, las personas con problemas de salud mental y el respeto hacia sus derechos humanos se han comenzado a convertir en el foco de atención de las políticas de Estado. De este modo, estos avances y transformaciones en la manera de pensar la salud mental en el Perú incorporan una participación activa de las comunidades y familias. Nuestro país genera cada vez mayor visibilidad y mejor aceptación social de la salud mental. Solo sí logramos avanzar en la salud y el bienestar de la población, mejorarán los indicadores de desarrollo y crecimiento.
No obstante, aún quedan varios desafíos pendientes, se requiere consolidar el modelo comunitario y colocar el tema de la salud mental como prioritario en la agenda pública. El debate electoral presidencial no puede permanecer indiferente ante los desafíos de las políticas públicas de salud, y en especial, de las políticas de salud mental, asociadas al malestar social y a la violencia. Hay que pensar la violencia social como un problema de salud mental. Por ello, de cara a un nuevo gobierno, esperamos que no se retroceda, sino más bien que el enfoque de salud mental comunitaria se consolide plenamente en nuestro país.
