María Alejandra Salazar Tamayo
Coordinadora Pro Bono de Goméz-Pinzón Abogados
Abogada por la Universidad Del Rosario
Las regiones de Colombia son los lugares donde se encuentra el mayor número de personas en condición de pobreza extrema y de pobreza multidimensional. Grupos que además son el foco de unos niveles de necesidades jurídicas insatisfechas muy altos y en consecuencia no tienen acceso a la justicia. El trabajo pro bono en Colombia ha estado enfocado en Bogotá y es necesario que responda a las necesidades del país y vuelque su trabajo en las regiones. Si bien pretender abarcar todas las necesidades jurídicas que se presentan en la región es imposible, a través de la educación jurídica y del empoderamiento de las comunidades se puede lograr que sean ellas mismas quienes busquen soluciones a sus problemáticas.
Breve historia del trabajo pro bono en Colombia
La palabra pro bono es una expresión en latín que significa “por el bien público”. Es utilizada actualmente para designar el trabajo jurídico gratuito y voluntario que se hace en favor de poblaciones de escasos recursos o a quienes se les dificulta acceder a la justicia brindando asesoría legal especializada buscando garantizar con ello una justicia para todos[2].
Si bien el trabajo pro bono tuvo un desarrollo desde los años sesenta en las firmas de abogados norteamericanas, en Latinoamérica el proceso fue posterior y mucho más pausado. Pues, aunque resulte paradójico debido a las bajas cifras de acceso a la justicia en Latinoamérica, sólo hasta el año 2008 con la presentación en México de la Declaración del Trabajo Pro – Bono para el continente americano el trabajo pro bono en la región empezó a crecer significativamente.
Posteriormente, en Colombia, con el ánimo de institucionalizar y dar a conocer el trabajo pro bono se constituye la Fundación ProBono Colombia en el año 2009. Esta fundación se creó con el propósito de promover la cultura pro bono, canalizar los recursos de las firmas y abogados independientes hacia la estructuración de oportunidades de trabajo pro bono. A partir de su creación se empezó a consolidar este tipo de trabajo en el país[3].
Pro Bono de cara a las necesidades de Colombia
El trabajo pro bono ha venido creciendo en las firmas de Colombia, en el año 2017 se reportó un crecimiento del 36%[4], lo cual en parte se debe a que se ha evidenciado que tiene beneficios tanto para los clientes a quienes se les prestan estos servicios como para los abogados que hacen el trabajo pro bono. Lo anterior teniendo en cuenta que no es posible ejercer la profesión de espaldas a la realidad de nuestro país dónde el acceso a la justicia sigue siendo insuficiente para muchas personas.
En junio de 2017, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y el Departamento Nacional de Planeación, realizaron una encuesta en Colombia que respondieron 50.000 colombianos mayores de 18 años en 9 regiones del país, de los cuales es 87% de la población general declaró que sus problemas jurídicos no se habían resuelto, es decir no tuvieron una solución satisfactoria, lo que se define como una necesidad jurídica insatisfecha. Cifra que asciende hasta el 93% en la población que vive en condiciones de extrema pobreza.
Teniendo en cuenta que 3,5 millones de colombianos viven en la pobreza extrema y se ubican mayoritariamente en los departamentos del Chocó, Guajira, Córdoba, Magdalena y Sucre; y que 8,3 millones de colombianos viven en situación de pobreza multidimensional[5] y se ubican mayoritariamente en 17 departamentos del país, es claro que el trabajo pro bono debe ser volcado a las regiones del país.
Ante esta realidad, el país tiene un reto enorme pues el trabajo jurídico gratuito de calidad no llega a las regiones del país y se concentra, en su mayoría, en Bogotá. Si bien la Fundación ProBono Colombia está empezando a expandir su trabajo a ciudades como Medellín y Cali, aún hay mucho territorio por cobijar que necesita acceso a la justicia para lograr la protección y garantía de sus derechos humanos y construir así un país más justo, equitativo y empoderado.
Trabajo pro bono como herramienta de empoderamiento de las comunidades
Pretender que por medio del trabajo pro bono se solucionen directamente todas las problemáticas del país es muy ambicioso, pero es posible usarlo como una herramienta para empoderar a las comunidades y a las personas brindando el conocimiento y los instrumentos necesarios para que sean ellos mismos quienes den soluciones a sus problemáticas.
Colombia en la Constitución Política de 1991 incorporó unos mecanismos de participación jurídicos, administrativos y políticos que permiten a los ciudadanos participar en la toma de decisiones del gobierno. Los mecanismos de participación jurídicos son conocidos como acciones constitucionales y son: la acción de tutela, acción popular y de grupo, acción de cumplimiento y la acción de inconstitucionalidad. Las cuales tienen por objeto proteger y garantizar los derechos de cada individuo y de la comunidad, y no necesitan (salvo la acción de grupo) de un abogado para ser interpuestas[6].
El ejercicio de estas acciones permite que haya un reconocimiento de los derechos que cada individuo tiene, permite que cada persona conozca sus derechos y respete los derechos del otro, y a que las personas se unan como colectividad para hacer valer sus derechos cuando sean vulnerados. Es decir, estas acciones benefician a cada persona como individuo y a su vez a cada persona como miembro de una colectividad.
Por eso, por medio de la educación, de llevar información veraz y efectiva a las regiones de Colombia, se puede lograr dar los conocimientos necesarios a grupos desfavorecidos para que sean ellos mismos quienes mejoren su condición y/o situación y de la su comunidad.
Jornadas de educación jurídicas gratuitas
Las Jornadas de educación jurídica gratuitas son el vehículo por medio del cual se puede acercar el trabajo pro bono a las comunidades de las regiones de Colombia. Es decir, es el vehículo de regionalización del trabajo pro bono y de la promoción del acceso a la justicia de lugares alejados del centro del país que tanto la necesitan para mejorar sus condiciones de vida.
Es una dinámica por medio de la cual se puede hacer intercambios culturales que sigan cautivando a los abogados a hacer este tipo de trabajo al encontrarse con otras realidades del país y ver el impacto que su trabajo podría llegar a tener al incidir en la vida de las personas y comunidades en condiciones de vulnerabilidad. Así mismo, es una posibilidad para que grupos de personas expresen sus problemas y por medio del diálogo con un experto logren identificar si sus derechos son vulnerados y cómo pueden exigir su protección y garantía.
En la práctica el trabajo pro bono tiene muchos obstáculos y en ese sentido muchos retos. Abordarlos significa ser activos y no esperar a que los clientes vengan hacia los abogados buscando ayuda, sino ser nosotros los abogados quienes salgamos a identificar personas, comunidades y realidades a las cuales podamos aportar. Las realidades de Colombia muchas veces nos llenan de impotencia al creer que no tenemos la capacidad de cambiar las cosas, pero en realidad sí tenemos la capacidad de compartir conocimientos y de esa forma producir cambios significativos en la vida de quienes los reciben.
Las realidades del territorio colombiano nos exigen como abogados regionalizar el trabajo pro bono para disminuir las brechas existentes entre las grandes ciudades y el campo de Colombia. Abarcar todo el territorio es una tarea imposible pero educar a las personas para empoderarlos y que sean ellos mismo quienes lo hagan es la forma de transformar este país.
Referencias:
[2] DECLARACIÓN DE TRABAJO PRO BONO PARA EL CONTINENTE AMERICANO.
[3] POLITICA SOBRE EL CONCEPTO DE TRABAJO PRO BONO FUNDACIÓN PROBONO COLOMBIA.
[4] Sarmiento, D. J. (26 de Marzo de 2019). www.asuntoslegales.com.co. Obtenido de https://www.asuntoslegales.com.co/consumidor/el-uso-de-los-servicios-pro-bono-aumento-36-durante-el-ultimo-ano-2580356
[5] Es decir, son personas que tienen escasez monetaria y otros factores fundamentales como la educación, la salud, condiciones laborales, acceso a servicios públicos, entre otros.
[6] Constitución Política de Colombia de 1991. Artículos 40, 86, 87 y 88.
