Jerónimo Pinedo
Sociólogo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – Universidad Nacional de La Plata
La continuación del aislamiento social preventivo y obligatorio no es una simple extensión de plazos, le plantea al gobierno y la sociedad un desafío de dimensiones gigantescas: ¿cómo darle viabilidad social y política a una medida sanitaria que no tiene antecedentes en la historia de la argentina moderna?
La Pandemia de Corona Virus ha desatado una crisis global, todos estamos suficientemente informados sobre eso. En cada país la crisis está siendo procesada de modo diferente, algunos recurren al Estado de Excepción, otros a reforzar el Pacto de Protección Estatal y otros directamente, en un malthusianismo exacerbado, han optado por disociar los riesgos de salud pública bajo el argumento de que no se puede “parar la economía”.
Nuestro gobierno nacional, con tino y entereza, asesorado por los mejores médicos y científicos del país, ha optado por reforzar el pacto de protección estatal y es consciente de los riesgos que ello implica. Todos los días conocemos nuevas medidas que fortalecen el sistema de salud ante la crisis sanitaria inminente, políticas de control urbano que cuidan a la población y tratan de evitar la circulación y el contagio, políticas de ingreso que intentan inyectar dinero en los hogares más pobres. El gobierno nacional articula con todos los gobiernos provinciales y municipales y, más allá de alguna excepción, podemos considerar que lo hace con criterio y relativo éxito. La coordinación entre diferentes áreas del Estado también parece ir por buenos carriles, el Ministerio de Salud trabaja con universidades, sindicatos y fuerzas de seguridad para preparar los servicios de salud. No se puede dudar que se están haciendo los máximos esfuerzos, que se están llevando al límite todas las capacidades estratégicas del Estado, nuestro estado, el argentino, con sus fortalezas y debilidades. Alberto ha sido sin duda un gran articulador del consenso en torno a cómo enfrentar esta crisis y los funcionarios que lo rodean quizá sean los mejor preparados para esta situación. Probablemente en los próximos días el gobierno se vea impulsado a tomar decisiones más drásticas con los que despiden a sus trabajadores.
Sin embargo, me atrevo a hacer una observación, sin vocación de caer en un mero intelectualismo, pero sí en una crítica que pueda ser parte de una mirada constructiva en esta tremenda situación que estamos atravesando. Alberto ha señalado que no ignora las consecuencias económicas de las medidas de salud pública y que están trabajando, y eso nos consta a todos porque es de público conocimiento, para moderar ese impacto no deseado. Y aquí es donde me quiero detener un poco. Me parece que la continuidad de la cuarentena no es una mera extensión del plazo de la medida, sino que redefine todo el problema y los desafíos que enfrenta el gobierno, el estado y la sociedad argentina. Hasta ahora, con el objetivo general de la protección estatal ante la amenaza de una enfermedad que afectará las vidas de cientos de miles o millones de ciudadanos, ha primado un enfoque sanitario, securitario y económico. Ninguna de estas tres cosas me parecen objetables en sí mismas, porque efectivamente las tres dimensiones están en juego en esta crisis. El protagonismo de los funcionarios de estas tres carteras muestra un activismo muy necesario en esta etapa.
Sin embargo, me parece que la continuidad del aislamiento introduce un problema de nuevas dimensiones que deben ser consideradas en sí mismas y más allá del prisma que le imponen esos tres enfoques. Y el problema está dado por la “viabilidad social y comunitaria” del aislamiento. Comprender y actuar sobre este tema urgente y crucial, exige un cambio parcial de la mirada y una coordinación distinta de los actores estatales y los actores sociales. Como dije, la continuidad del aislamiento no es una mera extensión de plazo. La continuidad del aislamiento ya está generando efectos muy perversos y destructivos sobre el tejido social, sobre todo en los sectores más castigados de la población. Corremos el riesgo de que la crisis sanitaria, cuando esta llegue a fines de Abril o mediados de Mayo, como auguran los expertos, se combine con una ¿crisis social y humanitaria que ya podría estar incubándose? Lo pongo entre signos de pregunta porque lo cierto es que nadie sabe qué nos depara el futuro inmediato y en esa incertidumbre tenemos que aprender a vivir y convivir, sin generar falsas alarmas.
Sin embargo, esto puede al menos amortiguarse si se recurre a uno de los recursos más provechosos de la sociedad argentina: sus redes socio-comunitarias. Todo indica que dada su escasez de medios y posibilidades, son los sectores populares los que están sosteniendo con altísimos costos la medida de aislamiento. En distintos barrios de la periferia de las grandes ciudades se empieza a decir que: “el aislamiento es un privilegio de ricos” y que “todos pagamos las consecuencias por los chetos que se van de vacaciones y se infectan”. Me parece que es necesario escuchar estos rumores y antes que condenarlos tratar de entender qué quieren decir. Yo elijo interpretarlos como un mensaje de la cultura popular: nos quieren decir que esas redes sociales comunitarias donde se desarrolla el cuidado colectivo, la obtención de recursos y la reducción de la incertidumbre cotidiana de la vida en la pobreza están sintiendo el impacto.
Si la medida de aislamiento es para todos por igual y el gobierno se ha empeñado en que ese cumplimiento sea parejo socialmente, lo cierto es que las posibilidades prácticas de aislarse no ocurren en un vacío, sino en un escenario de profundas desigualdades preexistentes que se refuerzan aún más con los efectos no deseados de la cuarentena. El gobierno debe comprender que allí dónde se elaboran esos mensajes también residen las posibles respuestas que pueden evitar dentro de lo posible profundizar la crisis social. Fue en esas redes que colaborando con los pedidos del gobierno de “quedarse en casa” la gente se “quedó en el barrio”. Pero quedarse en el barrio tiene consecuencias muy duras, porque el combustible cotidiano que sostiene las redes de cuidado comunitario depende de recursos materiales y simbólicos que se obtienen fuera de él.
Es un sesgo muy habitual en los gobiernos actuales confiar ciegamente en la eficiencia de las medidas técnicas y desconfiar, a veces de modo absurdo, de las capacidades del mundo popular comunitario. Dejarse inducir por ese sesgo puede ser muy nocivo para el presente y el futuro de la sociedad argentina. Entre la gente que trabaja fortaleciendo esas redes comunitarias, trabajadores sociales, médicos, enfermeros, militantes sociales, curas, pastores, monjas, vecinas, etc., hay un creciente malestar porque en algunas jurisdicciones las áreas de seguridad toman decisiones que impactan muy negativamente en su difícil tarea diaria. Esto debería corregirse, son las áreas sociales del Estado las que deben determinar los modos de coordinación con las redes comunitarias, claro que bajo las indicaciones preventivas de salud de los expertos y con el apoyo logístico de las fuerzas de seguridad en caso de ser estrictamente necesario.
No habrá ni la mínima posibilidad de hacer viable este aislamiento si no se adopta urgente un enfoque socio-comunitario que balancee esos otros enfoques y modere las consecuencias no deseadas de las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Sobre el virus conocemos poco, pero algo que sí sabemos científicamente comprobado en una sociedad como la argentina, es que el Estado no tiene ninguna eficiencia si no se coordina con las redes socio-comunitarias que lo micro gestionan en el territorio. Son ellas las que hacen presente al estado en los barrios, las que reducen la incertidumbre con la que los funcionarios asignan los recursos, las que producen los conocimientos y los cuidados acordes a las características específicas de la población y los espacios que se habitan, las que generan confianza en las políticas públicas. La coordinación con las redes socio comunitarias tiene que ser integral (abordar todas las situaciones problemáticas y proveerlas de los recursos necesarios), global (con todas) y urgente, porque la crisis no admite demoras. Escuchar lo que las organizaciones populares de todo tipo y nivel (religiosas, movimientos sociales, asociaciones vecinales, sindicatos, etc.) tienen para decir con respecto a los problemas que están enfrentando hoy mismo, y actuar coordinadamente sin imponer la mirada sesgada de una cartera de gobierno, será el verdadero reconocimiento de que la sociedad argentina ha utilizado todas sus fuerzas y recursos para enfrentar esta crisis. No importa que para esto quizá no haya tantos aplausos.
Nota: originalmente este artículo salió publicado en el portal de APU-Agencia de Noticias Paco Urondo de Argentina y fue cedida desinteresadamente por su autor para compartir en el portal Pólemos.