Dra. Dª Mª Teresa López de la Vieja de la Torre
Catedrática Emérita de Filosofía Moral
Universidad de Salamanca, España
tlv@usal.es
En marzo de 2021, el Informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales proponía sanciones para el expresidente de Perú, Martin Vizcarra, y, en menor medida, también para las exministras Pilar Mazzetti e Elizabeth Astete. Habían recibido la vacuna contra el COVID-19 de forma irregular y en secreto. La prensa nacional e internacional, también algunas revistas especializadas se hacían eco del escándalo provocado por el “Vacunagate”, en medio de la segunda ola de la pandemia y con un elevado número de contagios en el país[1]. El Informe fue aprobado por el Congreso. En España, la dimisión obligada de altos cargos, como el Jefe de Estado Mayor, se produjo por idéntico motivo, no haber respetado el orden de prioridades, definido en la Estrategia nacional de Vacunación[2]. En Argentina el desencadenante fue el “Vacunatorio VIP”, a raíz del cual tuvo que dimitir el ministro de Sanidad[3].
Al margen de las consecuencias sociales, políticas, y judiciales que esos casos hayan tenido o puedan tener, el acceso indebido a las vacunas – y a otros recursos sanitarios – por parte de quienes tienen responsabilidades en la gestión de lo público es una forma de corrupción. Es una mala práctica. No solo mina la confianza en el desempeño de los empleados públicos y las autoridades, sino que erosiona a las instituciones. La tarea de la ética pública consiste en fomentar las buenas prácticas para erradicar las que son lesivas, malas. Es una tarea de más largo alcance que la de sancionar a los culpables de tales prácticas. El marco de principios éticos, códigos de ética, pautas y guías de actuación (el “deber ser”) tiene un papel formativo y preventivo, de especial relevancia en los momentos críticos. La pandemia causada por el virus SARS-C0V2 ha mostrado, sigue mostrando por qué la prevención es tan necesaria. El objetivo es que no vuelva a suceder, prepararse bien ante la eventualidad de nuevas pandemias.
Hay que prevenir, ahora. Es la principal recomendación en el Informe del Independent Panel, difundido el pasado mes mayo[4]. La salud de la población mundial va a depender de hasta qué punto hemos aprendido las duras lecciones que deja la COVID-19 y, ante todo, de lo que hagamos en materia de prevención. De la misma forma, la solidez y la calidad de las instituciones dependerán en buena medida de cuán en serio se tomen las normas de ética pública. Son clave para ir dejando atrás malas prácticas, fortaleciendo las buenas prácticas.
Prevención
Tras la cumbre que ha tenido lugar el pasado mes de junio, el comunicado del G7 se refiere al doble objetivo: acabar con la pandemia y prepararse para el futuro. Por eso ha de avanzar el proceso de vacunación en todo el mundo. Además, hace falta crear un marco colectivo, bien coordinado, para desarrollar más vacunas, test y tratamientos, sin olvidar la mejora de los sistemas de alerta sanitaria[5]. Por tanto, la prevención va a ser determinante para librarse de esta u otras pandemias. Sin embargo, para ello habría que tener más en cuenta otros determinantes que influyen sobre el estado de salud de la población: factores sociales, económicos, ambientales o culturales. La ley vigente en España desde 2011 se refiere en modo expreso a esos elementos que condicionan el bienestar y la salud pública. Por ello, la equidad es considerada un principio básico para la política sanitaria[6].
Sin ir más lejos, desde marzo de 2020 organizaciones internacionales, como Naciones Unidas, han estado alertando sobre esta “pandemia en la sombra”, que ha ido a la par de la expansión del virus SARS-C0V2. Ha afectado, afecta a la mitad de la población: acoso y violencia contra las mujeres[7]. Los datos indican que la desigualdad de género y los demás condicionantes sociales se han acentuado con la COVID-19. Se han puesto de manifiesto, una vez más, con la distribución de las vacunas, por las importantes diferencias entre países con distintos grados de desarrollo[8] y por malas prácticas, detectadas en algunos países. Los medios de comunicación han informado de los casos más señalados.
En consecuencia, la tarea de prevenir nuevas crisis sanitarias ha de considerar el peso de los determinantes, los sesgos y las desigualdades que condicionan la salud de la población. Prepararse, anticiparse a las pandemias es una obligación, ahora más que nunca, como se defiende en el Informe del Independent Panel[9]. Solo que es también o sobre todo una cuestión de justicia, de justicia como equidad, tal como la definía J. Rawls[10].
Malas prácticas como el “vacunagate” o la “vacunación VIP” han aparecido porque eran posibles para algunas personas. Estas han demostrado que la autorregulación es fundamental, pero insuficiente. Conocer y actuar conforme al “deber ser” es, en primera instancia, un asunto de responsabilidad personal. Ahora bien, el marco de las instituciones tiene reglas específicas y exige otro nivel de responsabilidad. Por esa razón, hace falta contar con un sistema de integridad, bien estructurado y anclado en los principios de ética pública: integridad, imparcialidad, objetividad, rendición de cuentas, transparencia, honradez y liderazgo.
Ética pública
La ética pública – se habla también de “ética en la función pública” y de “ética del servicio público” – contiene normas, pautas y valores para las entidades, los gobiernos y las administraciones públicas. Su ámbito subjetivo son las personas al servicio de una entidad pública, sea nacional o local. El objetivo es el mejorar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía y, en todo caso, prevenir las malas prácticas. Lo son el uso fraudulento de los recursos públicos y la corrupción. Los códigos de conducta, las guías de actuación y los comités de ética van en la dirección contraria, hacia las buenas prácticas y la cultura de la integridad. Del arraigo y solidez de esta cultura suele depender la confianza que pueda tener la ciudadanía en las instituciones y, claro está, en quienes tienen encomendada la gestión de lo público[11].
En este ámbito, se espera que las conductas sean conformes a los siete principios generales de ética, integridad, imparcialidad, objetividad, rendición de cuentas, transparencia, honradez y liderazgo. Han sido propuestos en los años noventa del pasado siglo, en el conocido Informe Nolan[12]. En su momento, respondía al propósito de identificar los estándares más adecuados para la vida pública, para así despejar cualquier sospecha sobre su funcionamiento y para atender a las demandas ciudadanas. Que las actuaciones de los servidores públicos y responsables políticos sean íntegras significa, por ejemplo, que han cumplir con sus obligaciones mirando por el interés general, lejos, pues, de influencias o de intereses particulares. En la práctica, esto se traduce en que hace falta declarar en modo expreso si se tiene o no conflicto de intereses en asuntos que sean de la propia competencia. Ni qué decir tiene que eso excluye actuaciones en beneficio particular o el aceptar favores y regalos.
El liderazgo o ejemplaridad de los servidores públicos se traduce asimismo en cumplimiento estricto de las obligaciones, siempre en interés de la ciudadanía y actuando en modo ejemplar[13]. Es deseable que quienes formen parte de administraciones, gobiernos o entidades públicas asuman de forma voluntaria y consciente los principios de ética pública. Es la autorregulación. Sin embargo, los casos de conducta irregular o de corrupción son una realidad. Tienen, además, fuertes costes y no solo económicos. Afectan a la reputación de las instituciones y a la confianza que en ellas puedan depositar los ciudadanos. Solo por eso, valen la pena los esfuerzos para desarrollar la cultura ética. Solo que esta requiere una cierta estructura: códigos de conducta, guías de buenas prácticas y comités o comisiones de ética. Por ejemplo, la OCDE se refiere a una “infraestructura ética” para llevar a la práctica los valores éticos. En suma, el entorno del servicio público debería mejorar, con objeto de ganar o afianzar la confianza en ese sector[14].
No cabe duda que la existencia de un sistema de integridad, con su correspondiente estructura, por sí solo, no hará desaparecer las malas prácticas. Tiene, no obstante, un considerable potencial formativo y constructivo. Contribuye a difundir los beneficios que la cultura ética aporta a las organizaciones, a modo de indicador de calidad. Fomenta buenas prácticas y, al paso, deslegitima las que van en contra del interés general y lesionan a las instituciones. Por lo tanto, no se trata tanto de imponer sanciones a quienes hagan un uso indebido de lo público. Se trata de intervenir antes de que los problemas surjan. Es un sistema de prevención, para ir eliminado las malas prácticas y el entorno que las tolera. Por lo demás. la salud pública es un ámbito en el cual resultan evidentes – y cercanos – son los beneficios de un sistema de integridad profesional.
Hacia las buenas prácticas
Desde hace varias décadas, la investigación científica de calidad y con las debidas garantías está ligada a las tareas que desempeñan los comités de ética y la puesta en práctica de los códigos de conducta. Se basan en principios éticos, como el respeto por la autonomía y la justicia. Hay cada vez más información y publicaciones especializadas sobre cuáles son las buenas prácticas para estudios y ensayos con humanos y con no humanos. Las vacunas contra la COVID-19 han sido el resultado de ese tipo de investigación, sujeta a leyes nacionales y a estándares éticos internacionales. Sucede lo mismo con la práctica clínica, gracias a la normativa desarrollada en casi todos los países y, sobre todo, gracias a los comités de ética y su dilatada experiencia en la consultoría y acompañamiento a pacientes y personal sanitario.
Los meses de pandemia han demostrado, además, la calidad de la atención que prestan los profesionales de la salud y el arraigo que tienen en este sector el cumplimiento de obligaciones y los valores éticos. Su dedicación a los pacientes con COVID-19 se ha saldado en muchas ocasiones con riesgo para la propia salud e incluso con la vida. Por tanto, hay referentes para ir en esa misma línea, a fin de poner en marcha – y en funcionamiento efectivo – un sistema de integridad para quienes desempeñan tareas en el ámbito público.
Se puede y se debe prevenir el mal uso de los recursos públicos, no a pesar de sino precisamente porque subsisten las desigualdades que amparan la falta de integridad y de transparencia en ciertos agentes o grupos. La salud está también condicionada por tales desigualdades. En el segundo año de pandemia, se cuenta con experiencia más que suficiente de prácticas irregulares, que tienen elevados costes sanitarios, sociales, económicos y políticos. Por tanto, será mejor prevenir que curar, también en el ámbito de las instituciones.
Referencias
[1] Revisar en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56114937; https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00508-0/fulltext).
[2] Revisar en https://elpais.com/espana/2021-01-23/el-jemad-presenta-su-dimision-por-haberse-vacunado-de-la-covid.html; https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-spain/top-spanish-general-resigns-over-allegations-of-vaccination-queue-jumping-idUSL8N2JX52Z
[3] Revisar en https://elpais.com/internacional/2021-02-20/un-escandalo-de-vacunas-a-figuras-influyentes-le-cuesta-el-cargo-al-ministro-de-salud-de-argentina.html
[4] Revisar en https://theindependentpanel.org/wp-content/uploads/2021/05/COVID-19-Make-it-the-Last-Pandemic_final.pdf
[5] Revisar en https://www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/06/Summary-of-Carbis-Bay-G7-Summit-Communique-PDF-248KB-2-Pages.pdf
[6] Revisar en https://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15623.pdf
[7] Revisar en https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20untf/publications/2020/external%20brief%202/un%20trust%20fund%20brief%20on%20impact%20of%20covid-19%20on%20csos%20and%20vawg_2-compressed.pdf?la=en&vs=1726
[8] Revisar en https://www.theguardian.com/global-development/commentisfree/2021/may/12/why-is-the-world-being-hit-by-wave-after-wave-of-covid-when-we-know-how-to-stop-it
[9] Revisar en https://theindependentpanel.org/wp-content/uploads/2021/05/COVID-19-Make-it-the-Last-Pandemic_final.pdf
[10] Revisar en https://www.jstor.org/stable/pdf/2182612.pdf?refreqid=excelsior%3Accf6a3234a121cb5a58e8acf5e232e6d
[11] Revisar en https://revistas.comillas.edu/index.php/razonyfe/article/view/11635/10889
[12] Revisar en https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/336919/1stInquiryReport.pd).
[13] Revisar en https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11719-consolidado.pdf
[14] Revisar en https://www.oecd.org/gov/ethics/48994450.pdf
