Consejo Editorial Pólemos
“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo”.
Eduardo Galeano
“Cientos de personas salieron a las calles” suele ser un recurrente encabezado en medios de prensa que busca referirse a una marcha; intervención pública, o cualquier otro tipo de acción colectiva[1]. Lamentablemente, esta oración es la que determina, muchas veces, la valoración que se hace al respecto, en donde prima el número sobre causa, y el ruido sobre el derecho. La arbitrariedad de ese juicio no deja; sin embargo, de ser una forma de evaluar la capacidad de los movimientos sociales en nuestra comunidad. Contra esta propuesta, desde Pólemos, no solo invitamos a reflexionar sobre lo que implica el derecho de protesta en nuestro país sino también a cuestionar nuestras estrategias y formas organización, así como nuestras metas de cara a la transformación de la sociedad.
En nuestro contexto se presenta una notoria desigualdad, discursos de odio y otros problemas estructurales, que añadidos a la grave falta de legitimidad de las autoridades hacen que la acción colectiva se presente, para muchos, como una opción. Es así que protestas, intervenciones a espacios públicos, marchas, y demás han ido incrementándose de forma significativa. Ésta situación se refleja, por ejemplo, en el registro actual[2] de 212 conflictos sociales, entre latentes y activos. Por otro lado, se puede observar sectores de la sociedad -incluso autoridades[3]– que menosprecian y llegan a cuestionar la legitimidad propia de una movilización; sin embargo, debe reconocerse el fuerte vínculo del ejercicio del derecho de protesta con la democracia y la defensa de derechos civiles, sociales y culturales. A partir de ello, se puede conceptualizar a la acción colectiva como una herramienta para la reivindicación de otros derechos, así como para la promoción de cambios y transformaciones a nivel social y político[4].
“No obstante, las movilizaciones sociales también se constituyen -desde cierta perspectiva- como un actor político ambiguo en la dinámica democrática”
No obstante, las movilizaciones sociales también se constituyen -desde cierta perspectiva- como un actor político ambiguo en la dinámica democrática. Al ser extrainstitucionales, a diferencia de, por ejemplo, sindicatos o partidos políticos, los cuales tienen cauces establecidos para la disputa del poder o para llegar a colocar sus demandas en agenda[5], se presentan -para la acción colectiva- muchas veces ventajas y desventajas que se manifestarán en cada caso concreto. Es a partir de estas observaciones que se pueden formular ciertas preguntas, ¿cómo pueden las movilizaciones sociales, estando insertas en una dinámica coyuntural, ser capaces de crear identidad o ser vehículos de cohesión social? ¿Las nuevas formas de organización por medio de espacios virtuales puede mejorar la organización social y ser más democratizante? ¿Son capaces las movilizaciones sociales de materializar logros a largo plazo en distinción de los objetivos coyunturales que los formaron inicialmente?
La necesidad de cohesión social; las nuevas formas de organización; y materialización de logros se establecen como principales ejes a desarrollar. Sin embargo, no debe de analizarse a éstos como problemas o cuestionamientos sobre el funcionamiento de la acción colectiva, sino como desafíos que permiten una mejor apuesta por el ejercicio de este derecho.
Entre la indiferencia y los free riders o, el problema de la creación de identidad
Resulta necesario señalar que la acción colectiva -salvo casos excepcionales- se constituirá como un movimiento reactivo; esto es, en respuesta a un determinado contexto. Es así que casos como el ejercicio abusivo del poder, en la censura al ex ministro Saavedra; o la inacción ante un problema estructural, en NiUnaMenos, representan situaciones que generan reacciones en contra y posteriores respuestas de la sociedad. Asimismo, debe considerarse que el factor genera el antagonismo, en un primer momento, determinará la conformación primaria del grupo, y el crecimiento de éste dependerá -en gran medida- de dos factores: identidad y discurso. De esta manera, se presenta uno de los problemas a los que se enfrenta los movimientos sociales en su conformación: el de la suficiencia de una identidad negativa. En otros términos, si es que debe apuntarse a una identidad expandida que busque ampliar a quienes participan, en oposición al viejo cuestionamiento que sostiene que solo se debe participar cuando la causa te concierne.
Partiendo de la lógica del free rider, Mancur Olson[7] expone la insuficiencia de la identidad negativa. Pues incluso en el grupo afectado existen quienes no desean participar porque pueden obtener los mismos beneficios sin ser parte de un movimiento u organización[8]. Dicha observación implica reconocer que la sola apuesta por una identidad negativa afecta en términos cuantitativos a la acción colectiva. De forma paralela -además- puede identificarse a quienes no tienen una relación directa con el grupo afectado, y por tanto, tampoco una necesidad o impulso para participar. Vista la situación, surge una interrogante, ¿pueden aportar los grupos mencionados a los movimientos sociales? Y luego, presuponiendo una respuesta afirmativa, ¿cómo lograr su participación?
Desde la evidencia empírica, una respuesta negativa a la primera interrogante llevaría a ignorar el fuerte apoyo y participación de -por ejemplo- las centrales sindicales en las marchas contra la “Ley Pulpín”; o la gran participación de distintos colectivos en las movilizaciones contra Conga. Por lo que no puede dejar de considerarse el impacto, no solo numérico sino también político que tiene la inclusión de otros grupos. Es con relación a la segunda pregunta donde la academia discrepa. Sin embargo -desde nuestra perspectiva- pero sin ánimos de resolver la discusión, puede atenderse a tres factores concretos que permiten irrumpir en la inacción del ciudadano : i. el posicionamiento o framing del movimiento; ii. el problema de la militancia o disponibilidad; y finalmente iii. los moral shocks[9].
El primer factor consiste en cómo se encuadra y presenta el problema hacia el resto de personas, implica, pues, demostrar que la situación es relevante y por tanto es necesario actuar. En la experiencia de “La Repartija”, por ejemplo, la exposición de una negociación cuestionable entre partidos y el impacto de ésta en instituciones autónomas demostró la necesidad de emplear a la acción colectiva como herramienta extrainstitucional de control. Por otro lado, McAdams[10] se refiere a la segunda variable como el problema de la “disponibilidad biográfica”, pues en la medida en que muchas veces la posibilidad de participar se sujeta a una serie de condiciones personales se suele requerir de militantes o personas que brindan experiencia. En otras palabras, que puede haber -y en la práctica, hay- un aporte de partidos políticos u organizaciones similares cuyo aporte en términos cuantitativos y cualitativos es importante. En el caso de la llamada “Ley Pulpín”, la participación de sindicatos y militantes de distintos partidos permitieron una mejor organización del movimiento. Finalmente, los moral shocks buscan enfatizar el aspecto emotivo que tiene participar en un movimiento social. El colectivo NiUnaMenos, por ejemplo, a partir de testimonios de mujeres que fueron víctimas de violencia de género impactó fuertemente en cómo se percibía éste problema e impulsó a muchas personas a participar de las movilizaciones.
Lo expuesto nos permite señalar que los movimientos sociales generan, en su inicio, una identidad negativa -en contraposición a una determinada medida o hecho. Sin embargo, hay una insuficiencia respecto esta si se observa el problema del free rider, así como la no incorporación de las personas no afectadas. A pesar de ello, si bien la apuesta hacia la inclusión de éstos dos grupos dependerá en gran medida de la concepción del movimiento, no se puede dejar de reconocer que hay variables que permiten un mejor crecimiento e impacto de la acción colectiva en la sociedad.
Finalmente, podemos cuestionar si es que el encuadramiento del movimiento podría solucionarse con una estructura partidizada. Ésta pregunta nos invita, a continuación, a analizar la nueva apuesta de organización de la acción colectiva: los medios informáticos.
El abandono de viejos esquemas o, el problema de las nuevas formas de organización
Es recurrente, en la discusión sobre las formas de organización colectiva, hablar de los partidos políticos así como de su necesaria institucionalización y actual decadencia o crisis. Se suele sostener, así, que el declive de las organizaciones políticas a nivel nacional y de sus programas representa, hoy, la desnacionalización del sistema de partidos. Es a partir del diagnóstico anterior, que se va optar por la preferencia de organizaciones independientes, y también de programas que satisfacen necesidades en su mayoría locales[11].
Por otro lado, se sostiene que hay un contexto de crisis de la organización política y falta de conexión de ésta con la sociedad. Ante este contexto, la facilidad de conectar a las personas por medio del internet, no solo ha permitido mejoras significativas en términos de comunicación, sino también en los modos de organizarse. Es así que en la actualidad el uso de redes sociales -y del internet en general- se ha constituido como una nueva herramienta para la acción colectiva, siendo quizá, incluso, su característica diferenciadora[12] en contraposición a otros periodos de tiempo.
La opción por organizarse de modo alternativo en, por ejemplo, espacios virtuales parte -también- de la crisis de legitimidad y confianza hacia los partidos políticos, que son categorizados como la forma obsoleta de organización. Situaciones como la descrita se pudieron observar en movilizaciones como “Ni Una Menos”, “Déjala decidir”, “la Repartija”. Acciones como las mencionadas no solo implican, en primer lugar, la adopción de una alternativa prioritariamente extrainstitucional, sino que además, puede implicar mayores dificultades para un modelo de organización supralocal. Sin embargo, la evidencia empírica constata un éxito logrado en las mismas movilizaciones antes mencionadas, incluso, una llegó ha desarrollarse a nivel internacional[13].
“La objeción va, principalmente, por el hecho que no se puede depender de un servicio cuyo acceso es principalmente limitado a un sector: el urbano.”
Vistos los hechos de este modo, las formas alternativas de organización como el internet se erigen como herramientas que impulsan el ejercicio de la ciudadanía. Sin embargo, dicha afirmación debe -sin lugar a dudas- matizarse. La objeción va, principalmente, por el hecho que no se puede depender de un servicio cuyo acceso es principalmente limitado a un sector: el urbano. Y es que, para el 2015, el uso de internet en jóvenes de 17 a 24 años de espacios urbanos era de 58%, mientras que en lo rural llegaba a 24,9%[14]. Esta diferencia puede continuar, e incluso incrementarse más de insertarse variables como lengua, lugar, forma de acceso[15]. Nuestro contexto, en especial, permite resaltar una insuficiencia en esta nueva forma de organizarse que -consideramos- debe complementarse con formas institucionales, las cuales apuntan -o deberían apuntar- al contacto permanente con el ciudadano.
Finalmente, queda por cuestionar si es que incluso con las observaciones previas, la acción colectiva puede constituirse como una forma de generar cambios a largo plazo en la sociedad. En otras palabras, si es que puede ser un vehículo para las transformaciones sociales y políticas.
¿Vale la pena? O el problema de los objetivos de la acción colectiva
Se debe iniciar la respuesta a la interrogante antes planteada, considerando que los movimientos sociales en su mayoría no se insertan en un programa que busque principalmente la mitigación de los efectos del cuestionado sistema político y de las dinámicas sociales. Ello impide afirmar que se constituyen como proyectos alternativos de transformación social y política. Para Grompone[16], ello se debe a que, “[las movilizaciones sociales] viven entre irrupciones y caídas que dificultan dibujar los trazos de una continuidad”. A partir de lo cual, podemos preguntarnos, ¿estamos acaso ante una condena de la acción colectiva hacia el cortoplacismo?
No se puede negar que a partir de una categorización de los movimientos puede matizarse una respuesta. Sin embargo, partiendo de consideraciones generales se intentará dar luces respecto del estado de la cuestión. Es en ese sentido que Castells apunta a caracterizar a los movimientos sociales en red -modelo, quizás, dominante en la actualidad- como uno carente de liderazgo debido a la desconfianza hacia cualquier delegación de poder[17]. Así como también, se señala que no estamos ante proyectos programáticos toda vez que las múltiples reivindicaciones y motivaciones impiden la elaboración y definición de objetivos[18].
De las características aludidas pueden realizarse dos observaciones puntales: i. estas se contraponen -en esencia- a lo que representa un partido político; y ii. no facilitan la construcción de un proyecto a largo plazo. Lo descrito no puede juzgar de ilegítima a la acción colectiva, pero sí resulta siendo sintomático que aquellas movilizaciones cuyo origen es una causa estructural no tengan como correlato una militancia constante que apunte a la misma. Sin embargo, tampoco se puede dejar de considerar que, en la actualidad[19], existe una fuerte tendencia hacia la criminalización de la protesta[20] que impide y desincentiva la construcción de un movimiento social con carácter programático.
El mejor de los tiempos y el peor de los tiempos o, por una apuesta a la acción colectiva
Los problemas desarrollados en los apartados anteriores, si bien deben ser interpretados en clave de desafíos -como se mencionó anteriormente-, no dejan de constituir un llamado de atención. Por un lado, a quienes como ciudadanos dejamos de participar en el debate público, afianzando una pasividad peligrosa en un frágil sistema democrático. Por otro, a quienes desde organizaciones institucionales no logran canalizar adecuadamente demandas colectivas, y que tampoco impulsan -desde sus organizaciones- una agenda a largo plazo. Es así que la puesta por la acción colectiva debe constituirse a partir de reconciliar los espacios institucionales y extrainstitucionales, reconociendo el valor de ambos en la lucha por la defensa y promoción de derechos y cambios sociales. Un escenario de desarticulación puede representar, en ocasiones, una posición de desventaja respecto de intereses económicos o políticos que pretenden imponerse.
Sin embargo, con marchas y contramarchas, la acción colectiva, a partir de distintas manifestaciones, ha demostrado -y se ha alzado- como un motor de cambio a favor de la igualdad y la justicia social. Se ha dado una lección a distintos grupos de poder económicos y políticos que pretenden, hasta ahora, mantener sus privilegios sobre la base de la incompatibilidad de las demandas de estos movimientos con la sociedad. Hoy, más que nunca, la sociedad civil ha despertado. Vivimos momentos decisivos, y si bien los objetivos por alcanzar serán difíciles, hay que tener en cuenta que “quienes nos precedieron lo tuvieron peor, e hicieron mucho. Podemos hacerlo”[21].
[1] En el presente texto se utilizarán los términos acción colectiva y movimientos sociales de forma indistinta. No obstante, debe reconocerse que ambos presentan diferencias conceptuales, que a efectos del texto no serán utilizadas.
[2] Reporte mensual de conflictos sociales número 156 de la Defensoría del Pueblo.
[3] Luis Castañeda, alcalde de Lima, con la finalidad de defenderse frente a las críticas a su gestión que derivaron en una serie de marchas calificó a quienes se manifestaron de “pitucos medio azurdosos que no conocen dónde está la gente más necesitada”.
[4] SALDAÑA, José. El sistema de justicia penal y el derecho a la protesta: el caso del proyecto minero Conga (2011-2012). Tesis para optar el grado de Magíster. PUCP. p. 23
[5] En los casos mencionados, dichos cauces son determinados en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y Ley de Organizaciones Políticas. Sin embargo, vale mencionar que durante el gobierno de Velasco el SINAMOS pretendió, en cierto modo, articular distintas organizaciones sociales aunque posteriormente dicha entidad fue desactivada.
[6] PRZEWORSKI, Adam. Democracia y mercado. Reformas políticas y económicas en la Europa del Este y América Latina. Cambridge: Cambridge University Press. p. 17
[7] Vale precisar que dicho autor expone su propuesta en términos de ‘incentivos selectivos’ que beneficiarían únicamente a quienes participaran de la acción colectiva. Sin embargo, si bien esta lógica puede funcionar en, por ejemplo, sindicatos, tiene casos límites como el impulso al reconocimiento de derechos de minorías en donde la lógica de participación es -y debe ser- otra.
[8] GOODWIN, Jeff y CASPER, James. The social movements reader. Cases and concepts.Oxford: Wiley-Blackwell p.57
[9] Op. cit p. 73
[10] MCADAMS, Doug. Recruitment and high risk activism: the case of freedom summer. American Journal of Sociology. Vol 94. p.66
[11]RUIZ, Gabriela, GARCÍA, Sebastián, MERCADO, Lucía y VELA, Estelí. La fortaleza del sistema de partidos en los 80 y el auge de la antipolítica en los 90 en el Perú: un análisis estadístico descriptivo del nivel subnacional. Politai: Revista de Ciencia Política. Año 4,N°7: pp. 133-159
[12] CASTELLS, Manuel. Redes de indignacion y esperanza. Madrid: Alianza. p y también, NAIR, Sami. ¿Por qué se rebelan? Revoluciones y contrarevoluciones en el mundo arabe. : Clave Intelectual. p 47.
[13] El caso de “Ni Una Menos” resulta importante resaltar dado que se constituyó de manera inicial como un movimiento argentino contra la violencia de género. Posteriormente, y dado que en otros países de América Latina se comparte el mismo diagnóstico de violencia generalizada contra la mujer, y gracias a la viralización por parte de las redes sociales, se fue replicando en Perú, Chile, México y Uruguay.
[14] Data obtenida del INEI referida al acceso y uso de tecnologías de la información y comunicación hasta el 2015.
[15] Ésta crítica ha sido recurrente en las ciencias sociales, al punto en el que en 1986 se discutía respecto de la dependencia en la cobertura de los medios informáticos. Sin embargo, dicha reiterancia no quita la validez propia del argumento, incluso -consideramos- refuerza la idea que éstos movimientos no necesariamente son completamente abiertos y democráticos. JENKINGS, Craig. Resource mobilization theory and the study of social movements. Annual Review of Sociology. Vol 9. pp 546
[16] GROMPONE, Romeo. Las nuevas reglas de juego. Transformaciones sociales, culturales y políticas en Lima. p. 293.
[17] Op cit. Redes de indignación… p. 215
[18] Op cit. Redes de indignación… p. 217. Ésta observación es bastante recurrente en las movilizaciones, en donde se observar que muchas veces se incorporan pedidos de vacancia, rectificaciones, además del cambio de Constitución.
[19] Dicha tendencia es observable a nivel local en, por ejemplo, la cantidad de detenidos por protestas. El último caso emblemático fue por el peaje de Puente Piedra. Sin embargo, se puede constatar también otros países. En Hong Kong, por ejemplo, Meng Han, y tres activistas sindicales más fueron detenidos y posteriormente encarcelados, siendo acusados de “irrumpir el orden público” dada la vinculación de éstos activistas con los trabajadores de una importante fábrica de calzado en China.
[20] No se debe de pasar por alto que gobiernos como el de Alan García (2006-2011) modificaron en, más de una ocasión, los artículos 283 y 315 del Código Penal, relativos al entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos y a los disturbios, aumentando las penas establecidas. Además de lo mencionado, también se debe hacer énfasis en la promulgación de los Decretos Legislativos 1094 y 1095 -durante ese mismo gobierno- relacionados al uso de la fuerza por parte de las FF.AA y la competencia de la jurisdicción militar.
[21] Palabras de Noam Chomsky durante la celebración por el vigésimo aniversario de Democracy Now.