Subversión y narcotráfico en el VRAEM: las dificultades del Estado para restablecer la paz y los vacíos legales pendientes

Dra. Mariella Villasante Cervello

Antropóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigadora
asociada al IDEHPUCP. Especialista del Perú y Mauritania.

La región del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) se encuentra en situación de emergencia desde 1999, es decir hace 19 años. Desde entonces, observamos una situación de guerra de baja intensidad cuya perennidad está asociada a varios factores, que dependen en gran medida de la situación geográfica agreste y de acceso difícil de esta región que cubre cuatro departamentos y 69 distritos. La superficie es estimada a 5’826,388 hectáreas, es decir 5% del territorio nacional (Mendoza y Leyva 2017: 55). La población empadronada es de 444, 553 personas que viven en su gran mayoría (88%) en la pobreza; 58% son pobres extremos, 30% son pobres, y solo 12% no son pobres (MIDIS, Andina del 24 de setiembre de 2018).

La perennidad de lo que el presidente Martín Vizcarra ha llamado “la guerra en el VRAEM” (Ministerio de Defensa, 21 de setiembre de 2018), se explica por tres factores principales. En primer lugar, se trata de una situación de subversión asociada al narcotráfico que se instaló durante el conflicto armado interno, o guerra interna (Informe final de la Comisión de la verdad y la reconciliación [CVR], 2003, Hatun Willakuy 2004: 328). Esta situación persiste gracias a la distancia geográfica y al aislamiento de la zona, que favoriza las actividades criminales en la ausencia casi total del Estado. Una situación muy similar se observa también en Colombia, donde siguen existiendo remanentes subversivos y disidentes del acuerdo de paz entre las FARC (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia) y el Estado (noviembre de 2016). El gobierno colombiano estima que habrían 1,200 disidentes (sobre un total de 7,000 miembros de las FARC, y los llamados Grupos armados organizados residuales (GAOR), y son combatidos por las fuerzas del orden (Wikipedia, Acuerdos de paz). En el Norte de África existe también una situación similar desde 2008 en las zonas de instalación de la organización terrorista Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI); los subversivos islamistas de esta gran región del desierto del Sahara (Argelia, Mali, Mauritania), despliegan sus acciones terroristas en alianza con los grupos de traficantes de droga y de armas y aprovechan de la debilidad o de la ausencia del control de los Estados para perennizarse.

El segundo factor concierne la incompetencia del Estado peruano para pacificar totalmente el VRAEM, que se explica por la conjunción de varios elementos: debilidad de organización de las Fuerzas Armadas y corrupción patente después de la caída del régimen del ex dictador Alberto Fujimori; carencia de políticas que asocien la lucha anti subversiva, la lucha contra el trafico de drogas y los programas de desarrollo de poblaciones rurales. Recién con el gobierno actual se están aportando algunas mejoras que han tardado demasiado tiempo en llegar a poblaciones totalmente abandonadas a su suerte desde siempre.

El tercer factor que dificulta o frena una resolución efectiva de la subversión y el trafico de drogas es lafalta de conceptos de derecho penal que ayuden a comprender y a disolver la situación política y social de insurrección. Un marco conceptual y legal coherente permitiría explicar a la población peruana no solo lo que sucede realmente en el VRAEM, sino también contar con marcos legales para defender a las víctimas y sancionar a los responsables de los crímenes terroristas y de tráfico ilícito de droga.

En este texto, propongo una síntesis del origen de la violencia política en esta región olvidada del país, y luego presento las características de la organización subversiva del VRAEM, lo cual nos permitirá comprender los problemas conceptuales y de terminología que están asociados a esta organización.

Finalmente, veremos las respuestas del Estado, destacando los avances actuales.

Una síntesis del origen de la violencia política en el VRAEM

El VRAEM es la última región del país que estuvo relativamente controlada por el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), que había declarado una “guerra revolucionaria” al Estado y a la sociedad peruana en mayo de 1980 (Villasante 2016c).
• En estas regiones de acceso difícil la mayoría de la población es campesina y vive de los cultivos tradicionales según las zonas; en la zona de selva de Ayacucho, de La Convención (Cusco) y de la provincia de Satipo, se cultivan los productos tropicales (cacao, café, plátano, arroz, yuca) y la coca. En las zonas alto andinas de La Mar (Ayacucho), Huancavelica y en las provincias de Concepción y Huancayo (Junín), se cultiva el maíz, la papa, la cebada y el olluco. Las comunidades nativas Ashaninka y Nomatsiguenga (Satipo) y las comunidades campesinas andinas de Huancavelica y de Ayacucho son las más excluidas de los servicios del Estado y se encuentran ubicadas en las zonas más inseguras por la presencia de terroristas y de traficantes de droga, sobre todo en Tayacaja (Huancavelica) y en Huanta (Ayacucho). Estas poblaciones rurales son las que están sufriendo directamente la situación de violencia subversiva y de represión de parte de las Fuerzas Armadas y de Policía. Precisemos que los pueblos Ashaninka y Nomatsiguenga, junto con los Asheninka del Gran Pajonal, representan el tercio (106,349 en 2007) de la población de nativos amazónicos del país (332,975 personas, no disponemos todavía de los resultados del último censo). Ellos han sufrido de manera extrema la violencia senderista durante la guerra interna, sobre todo entre 1985 y 1995; la CVR ha estimado que murieron al menos 6,000 nativos; además, 5,000 fueron secuestrados en los campos totalitarios del PCP-SL (ríos Ene y Tambo), y 10,000 fueron desplazados por la fuerza o por voluntad propia (Hatun Willakuy 2004: 126). Después de estos hechos atroces, los nativos del VRAEM siguen sufriendo de la violencia larvada y/o abierta, mientras el Estado no les aporta la ayuda que necesitan para vivir decentemente.
• Como sabemos, Abimael Guzmán, el sanguinario dirigente de la organización subversiva Sendero Luminoso, fue capturado el 12 de setiembre de 1992; y en 1993, escribió un “acuerdo de paz” dirigido al dictador Alberto Fujimori, que nunca fue firmada, aunque Montesinos se ocupó de hacer creer a Guzmán que ello ocurriría “ulteriormente” (Hatun Willakuy 2004: 176-191).

La “rendición” de Guzmán, totalmente oportunista y cobarde, produjo un quiebre en la dirigencia de Sendero Luminoso. La facción dirigida por Oscar Ramírez Durand, “Feliciano”, en la selva central, se negó a aceptarla y declaró que la guerra debía “proseguir”. En cambio en la región del Huallaga, el dirigente Florindo Eleuterio Flores Hala, “Artemio”, optó por aceptar la propuesta de Guzmán y asumió el mando de la facción “acuerdista”. “Feliciano” adoptó el apelativo “Sendero Rojo” para marcar su distancia con el PCP-SL histórico y afirmó su control de los remanentes senderistas en la selva central con la ayuda de los hermanos Quispe Palomino. En efecto, luego de haber sido vencidos militarmente en la región de Ayacucho, los senderistas se refugiaron en la selva de Ayacucho y en los valles de los ríos Apurímac, Ene y Alto Tambo, donde habían establecido varios campos totalitarios (desde 1988-89) donde mantuvieron en cautiverio a miles de nativos Ashaninka, sometidos al modo de vida sanguinario y surrealista de la “sociedad revolucionaria” que pretendían crear en el país. Ahí existieron “escuelas populares” para adoctrinar niños y formarlos militarmente; ahí cientos de niñas y de mujeres fueron sometidas a la esclavitud sexual (Informe Final de la CVR 2003, Tomo V. 8., Tomo VI, 1.9; Hatun Willakuy 2004: 126-142). En esos campos, ellas se volvieron también madres de los “pioneritos”, es decir los niños soldados que la legislación peruana no ha incorporado todavía en el Código penal. Esta situación perdura en el VRAEM hasta la actualidad
(Villasante 2012, 2016a, 2016b, 2017, en preparación; ver Al-Jazeera, 6 de marzo de 2017).
Las Fuerzas Armadas, con la colaboración de los ronderos nativos y andinos, lograron “pacificar” la región entre 1991 y 1995. Pero desde 1999, los subversivos se reorganizaron bajo el mando de los hermanos Quispe Palomino, que restablecieron sus alianzas con los traficantes de droga.
En efecto, “Feliciano” fue capturado el 14 de julio de 1999 y condenado a cadena perpetua; en junio de 2006 su pena fue conmutada en 24 años de prisión, pero el 11 de setiembre de 2018, se lo condenó nuevamente a cadena perpetua por haber sido juzgado culpable de participar en el atentado de la calle Tarata de 1992. Por su lado, “Artemio” fue capturado el 11 de febrero de 2012, y en junio de 2013 fue condenado a cadena perpetua. Ambas facciones subversivas del PCP-SL habían establecido relaciones de alianza y protección mutua con los productores y con los traficantes de cocaína.

Características de los subversivos del VRAEM

La ONG “Wuaynakuna” (Comunicado n° 22, 2017) ha tenido acceso a los archivos de los hermanos Quispe Palomino. Los datos han sido también publicados por el diario El Comercio (28 de junio de 2018), por lo cual podemos considerar que los datos son veraces. Citemos los más importantes:
— Reciben entrenamiento de las FARC de Colombia, que les sirve de modelo; entre sus ideólogos se encuentran Fidel Castro, el Che Guevara y Hugo Chávez. Abimael Guzmán es llamado “traidor”.
— Tienen buenos conocimientos de las armas (fusiles AKM y Galil), de las bombas TNT y de las minas, obtienen esos materiales a través de robos ulteriores a los enfrentamientos, pero podemos suponer también que las compran en el mercado negro al que tienen acceso como los narcotraficantes.
— Se encuentra una cronología de las acciones de violencia (atentados y asesinatos), según las cual se reivindican 446 muertes entre 1999 y 2017 (323 militares del Ejército, 85 policías y 38 civiles); así como 558 heridos. Los picos de violencia se alcanzaron en los años siguientes: 1999, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015 y 2016. A los cuales podemos agregar este año 2018.
— Las llamadas “Campañas y contracampañas” [términos senderistas] conciernen 276 acciones:
emboscadas, hostigamientos, enfrentamientos, secuestros, “confiscaciones” o robos, asesinatos (sobre
todo de “espías”). La organización criminal tiene en efecto una red de espionaje constituida por los campesinos cocaleros que trabajan para ellos.
— De acuerdo con Luis Alberto Sánchez, la organización MPCP implementa “bases de apoyo” con dinero del narcotráfico, siguiendo el modelo de las FARC. Esas “bases” están constituidas de campesinos asalariados que tienen el rol de vigías.
— La organización del VRAEM utiliza también las redes sociales (Internet, Facebook, YouTube) para realizar su propaganda y reclutar jóvenes de la región. De igual modo, se vehiculan sus posiciones sobre la política nacional [en este momento el referéndum], las Fuerzas Armadas, la iglesia y los medios de comunicación, entre otros.
— El adoctrinamiento de los futuros “cuadros” comienza desde su infancia: “los que tienen fusiles tienen un compromiso, caer muertos y no prisioneros”, es decir que su captura es considerada como una “traición”. El ex Ministro del Interior Remigio Hernani declaró al diario El Comercio (28 de junio) que los subversivos del VRAEM “siguen siendo de SL con la diferencia que viven abiertamente del narcotráfico y han evolucionado con los llamados “pioneritos” que a sus 16, 17 o 18 años son los que han comandado los últimos ataques.” Notemos que en realidad “siguen siendo terroristas”, pero ya no reivindican el apelativo del PCP-SL histórico, aunque evoquen siempre la ideología marxista-leninista-maoísta.

A partir de esas informaciones podemos sintetizar los siguientes puntos:
• Es evidente que la organización subversiva del VRAEM ha cambiado sus formas de funcionamiento heredadas de Sendero Luminoso. Es cierto también que tratan de acercarse a las poblaciones campesinas, como me lo han comunicado algunos Ashaninka del río Tambo (Satipo): “ahora dicen que no nos van a matar, que quieren ayudarnos” (Villasante, en preparación). Sin embargo, están instrumentalizando a estas poblaciones (con pagos de dinero) para alcanzar sus propios fines de subversión y de enriquecimiento ilícito por la vía del narcotráfico. A pesar de los cambios de apelativos, se trata de una organización subversiva y terrorista con acceso a armamento y a las redes sociales (la nueva arma de los grupos subversivos en el mundo) que no debe seguir siendo minimizada.
• La segunda evolución concierne la continuidad en la utilización de los “pioneritos” que en realidad son niños-soldados, es decir víctimas de los conflictos según las normas internacionales (Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998-2002). No obstante, hasta ahora, y por razones opacas, no se habla de ello en el país, ni entre los especialistas de derecho humanitario, ni entre los funcionarios del Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo. Esta ignorancia patente debería interrogar a los jóvenes universitarios de la especialidad de derecho y conducir algunos a profundizar la rama humanitaria que sigue estando muy rezagada en el Perú (Villasante 2017).

El proceso de cooptación y/o de rapto de niños empezó en los años 1985-1995 en los ríos Ene y Tambo, donde se instalaron campos totalitarios senderistas bajo la dirección del siniestro “Feliciano”, Oscar Ramírez Durand. Desde ese entonces se raptaban niños y niñas, los primeros para ser criados como “combatientes” y las segundas para ser esclavas sexuales de los mandos senderistas [Andinos y Nativos]. Este proceso fue instituido por Guzmán para disponer siempre de “soldados de la revolución” criándolos desde niños en la ideología sanguinaria de Sendero Luminoso, y ha sido bien descrito y documentado en el Informe final de la CVR (Tomo VI., I. 9. La violación de los derechos colectivos).
Las “escuelas populares” senderistas creadas al interior de los campos totalitarios han sido reactualizadas hasta hace poco, y seguramente existen todavía en la selva central. Recordemos que ha habido varios episodios de liberación de “recuperados” por el Ejército que han sido descritos en el Protocolo de atención a las personas rescatadas de grupos terroristas”, firmado por el ex presidente Humala el 28 de julio de 2016: Operación Albergue en 2012 (11 adultos y 11 niños); la Operación Esperanza en 2014 (8 adultos y 6 niños), y la Operación Reencuentro en 2015, en el Distrito de Río Tambo, Satipo (54 personas: 34 niños, 15 mujeres y 5 hombres) (Villasante 2016b). El 23 de julio de 2016, se anunció el rescate de 26 niños y de varios adultos del sector 5 del VRAEM; la mayoría de niños eran hijos de los terroristas con las mujeres cautivas. Esto quiere decir que los mandos y una buena parte de los subversivos que dirigen las acciones terroristas han nacido y crecido en esos campos totalitarios como niños soldados; sin embargo, hasta ahora no se ha avanzado nada para introducir esas realidades en el corpus legal del país. He aportado algunos análisis y recomendaciones sobre este tema entre los Ashaninka y los Nomatsiguenga de la selva central (Villasante 2012, 2014, 2016a, 2016b, 2016d, 2017).

Problemas conceptuales y de terminología

Desde el final de la guerra interna y la publicación del Informe Final de la Comisión de la verdad y la reconciliación (el 28 de agosto de 2003), seguida de su versión abreviada (Hatun Willakuy, Gran relato, 2004 y 2008), se han utilizado varios términos para designar la continuación de la violencia política [porque lo que está en juego es el poder y su legitimidad] en la región del VRAEM.
En efecto, se habla de “conflicto armado”, de “terrorismo”, de narco-terrorismo”, de “pacificación”, de “remanentes terroristas”, de “últimos remanentes de Sendero Luminoso”. De manera general, los gobiernos y los medios periodísticos consideran que los grupos armados están continuando los planes sediciosos del PCP-SL histórico, dirigido por el sanguinario Abimael Guzmán.
Los miembros de los grupos armados se presentan como “revolucionarios” y/o “rebeldes al sistema”.
En cambio los agentes civiles y militares del Estado los designan como “terroristas”, “narco-terroristas”, “senderistas” y “delincuentes terroristas”. La pluralidad de los términos utilizados dejar ver la opacidad que caracteriza tanto el movimiento armado como sus miembros.
En modo paralelo, hemos observado la emergencia de grupos políticos que reivindican la herencia ideológica de Guzmán, que exigen la amnistía (o sea la impunidad) para éste y otros presos senderistas, y pretenden que sean reconocidos como “prisioneros políticos”. Aunque no tienen lazos directos con los subversivos armados del VRAEM que rechazan la ideología de Guzmán, están en un contexto similar de subversión de extrema izquierda al orden republicano y democrático del Perú. Además, aprovechan de la ignorancia de los jóvenes (universitarios o no) sobre la guerra interna y la ideología sanguinaria de Guzmán para cooptarlos (por las redes sociales) en su movimiento sedicioso.

Grupos subversivos que pretenden entrar en la política nacional legal

En primer lugar, se trata del Movimiento por la amnistía y los derechos fundamentales (MOVADEF), creado en 2009, que intentó sin éxito ser admitido como partido político para participar en las elecciones de 2011. El Estado considera que este grupo sedicioso es dirigido por Abimael Guzmán desde su cárcel de alta seguridad. En 2017, luego de las marchas públicas de esta organización subversiva, el Congreso modificó la norma de apología de terrorismo, estableciendo que entre los agravantes se encuentran “los objetos, libros, escritos, imágenes visuales o radios”, todo lo cual había sido expuesto por el MOVADEF. Las penas de este delito van de 8 a 15 años de cárcel.
Durante la larga huelga de maestros de 2017, se comprobó la influencia directa de esta organización a través la presencia de cerca de 5,000 profesores que habían firmado una petición a favor de la participación del MOVADEF en las elecciones de 2011 (BBC Mundo del 9 de agosto de 2017). En diciembre de 2017, se formalizó la acusación fiscal a 43 miembros de esta organización (Caso Perseo), entre los cuales se encontraba el abogado de Guzmán, Alfredo Crespo; sin embargo, en modo sorprendente, el 27 de noviembre de 2018 el Poder judicial ha absuelto a los acusados de apología de terrorismo, y el fiscal superior penal Jesús Prado ha interpuesto un recurso de nulidad (El Comercio del 27 de noviembre de 2018). En fin, recordemos que el mausoleo senderista construido en Comas, al margen de la ley, que fue recién “descubierto” al público en agosto de 2016, no ha sido demolido porque el Poder Judicial no ha dado la orden de traslado de los 8 cuerpos enterrados (El Comercio del 28 de mayo de 2018). Esos casos son una muestra fehaciente de la situación lamentable de nuestro sistema de justicia.
En segundo lugar, Manuel Fajardo y Alfredo Crespo fueron liberados luego de pasar cuatro meses en prisión en agosto de 2014. A inicios de 2015 crearon un nuevo organismo de fachada de MOVADEF, el Frente de unidad y defensa del pueblo peruano (FUDEPP), e intentó ingresar al sistema político legal como parte de un frente político. Como su predecesor, reivindican “la amnistía general y la reconciliación nacional”, es decir el olvido, el negacionismo de la violencia criminal del PCP-SL y la impunidad. En diciembre de 2015, intentaron inscribirse como partido político, pero se les volvió a negar el acceso debido a sus lazos con el MOVADEF (El Comercio del 28 de setiembre de 2016).

En resumen, podemos considerar los siguientes puntos:
• Los subversivos armados que declaraban su adhesión al PCP-SL en la selva central y en el Huallaga no han desaparecido cuando se declaró el final del largo periodo de violencia política en noviembre de 2000, cuando el exdictador Fujimori huyó al Japón y envió su “renuncia” por fax. Sin embargo, su persistencia está directamente asociada a la alianza que establecieron con los barones de la droga en el VRAEM y en el Huallaga. Es esta asociación la que explica la permanencia de las acciones armadas en esas zonas, sobre todo en la primera.
• Podemos considerar que desde hace 19 años el país sigue afrontando la subversión de grupos armados y financiados por el tráfico de droga. Esta situación es idéntica a la que conoce Colombia desde hace más de 50 años y que aún no está resuelta. Se trata de una violencia política y criminal que produce terror constante, muertes y convulsión social en general, por lo cual podemos designarla como una guerra de baja intensidad que se libran los grupos armados aliados a los narcotraficantes y las Fuerzas Armadas del Perú.
Este tipo de violencia política es inédita en el marco de las convenciones internacionales que se establecieron después de la Segunda Guerra mundial (1939-1945), que siguen siendo la base del derecho humanitario internacional, aún cuando se hayan vuelto obsoletas luego de la gran transformación política ulterior a la caída del Muro de Berlín, y al final de la Guerra Fría, en noviembre de 1989. Desde entonces, las “guerras convencionales” y las reglas que tentaban de organizarlas (sin mucho éxito la verdad), han desaparecido del mundo post moderno. Los conflictos internacionales ya no respetan las declaraciones de guerra ni las convenciones que protegen a los civiles; los casos emblemáticos son las guerras civiles en Ruanda (1990-1994) y en ex Yugoslavia (1991-2001). Los conflictos al interior de las fronteras nacionales han cambiado de naturaleza por el acceso directo de los combatientes al mercado de armamento (ilegal y legal), y a las nuevas tecnologías que permiten realizar propaganda ideológica a miles de kilómetros de distancia; los mejores ejemplos son los movimientos armados islamistas de Al-Qaeda y del Estado Islámico. La violencia política interna ha sido favorecida también por la desaparición progresiva de los partidos políticos y en fin por la debilidad de los Estados y de las Fuerzas del orden que no son capaces de adaptarse rápidamente a las transformaciones mundiales de la nueva era digital.
• Todos esos elementos son también observables en el Perú y en Colombia, y es en ese marco de post modernidad que debemos analizar los hechos de violencia en el VRAEM. La similitud de los subversivos peruanos con los colombianos se observa también en el proceso actual de los herederos del senderismo histórico. En efecto, los cambios de denominación de los grupos armados reflejan los cambios de sus objetivos. En el VRAEM, durante la fase dirigida por “Feliciano” (septiembre de 1992 a julio de 1999), adoptaron el nombre de “Sendero Rojo”. Luego de su captura, los hermanos Quispe Palomino tomaron el nombre de “Ejército popular revolucionario” (EPR), y más tarde tomaron el apelativo “Militarizado Partido comunista del Perú” (MPCP), con una rama local llamada “Mantaro Rojo”. Finalmente, por lo menos desde junio de 2018, reivindican el nombre de “Fuerzas armadas revolucionarias del Perú” (FARP) (El Comercio del 18 de junio de 2018). ¿Porqué ese nombre? Probablemente para hacer evidente que están siguiendo el modelo de las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) que, sin embargo han abandonado las armas y han firmado un acuerdo de paz con el Estado el 24 de noviembre de 2016.

Según la asociación “Wuaynakuna” (Comunicado n° 18, mayo de 2018), dirigida por Luis Alberto Sánchez (que ha tenido acceso a los archivos digitales de los hermanos Quispe y a los cuales dan fe los miembros de la DIRCOTE), los planes de los subversivos son instrumentalizar las asociaciones civiles para establecer “acuerdos de paz” e infiltrar las elecciones regionales y municipales. Algunos analistas piensan que eso los conduciría “a negociar directamente con el Estado peruano” (El Comercio del 18 y del 27 de junio de 2018). Aunque esta posición es totalmente absurda.
• En efecto, hay muchas confusiones sobre los cambios de nombre de los grupos armados del VRAEM. Por ejemplo, en una entrevista con Karla Ramírez, periodista de El Comercio, el ex presidente de la Sala Nacional Antiterrorista, Marcos Ibazeta, declaró: “al usar otros nombres y sacarse la marca de Sendero Luminoso tratan de evadir la calificación de organización terrorista de las Naciones Unidas”. Además, según este señor, los hermanos Quispe Palomino “van a buscar acogerse al Convenio de Ginebra. Así tendríamos que hablar de conflicto armado interno que se financia del narcotráfico, tipo Colombia.” (El Comercio del 28 de junio de 2018). Esas declaraciones son erróneas y dejan ver la incompetencia de este señor en materia de lucha antiterrorista. Una antropóloga de base como la que escribe puede esclarecer las inexactitudes lamentables del señor Ibazeta:
(1) Los grupos armados pueden decidir cambiar sus apelativos cuantas veces quieran sin que ello implique un cambio en su calificación de lo que son, grupos subversivos y/o terroristas.
(2) No se necesita evocar las Naciones Unidas para designar el crimen de terrorismo, el Perú tiene leyes que lo reprimen y lo sancionan. Además, hay que comprender que las normas de la ONU son referentes normativos positivos que defienden los derechos humanos; pero, lamentablemente, se han vuelto obsoletas en el mundo post moderno, y se ha demostrado fehacientemente su incapacidad y su pasividad para prevenir, detener o sancionar las guerras y las violencias de masas [ver Goldhagen 2009, 2012: 604 y sqq.]. Para el Perú, la Corte Interamericana de derechos humanos es la principal, sino la única, instancia valiosa a nivel internacional, como hemos apreciado con su intervención benéfica en el indulto ilegal concedido al exdictador Fujimori por el lamentable expresidente Kuczynski.
En fin, las bandas armadas de los Quispe Palomino pueden pretender “negociar con el Estado”, o “acogerse al Convenio de Ginebra” [¿conocerán su existencia siquiera?], pero esas alucinaciones no tienen ninguna relación con la realidad. El Estado y las Fuerzas Armadas conocen perfectamente a los grupos subversivos del VRAEM, del Huallaga, y ahora del Putumayo (Loreto), donde se está expandiendo una tercera zona de traficantes de droga (La República del 30 de noviembre de 2018). Se sabe también que la alianza con el narcotráfico es antigua (al menos 30 años) y que es evidente que los subversivos peruanos están tratando de imitar a las FARC de Colombia. Lo cual no significa que el proceso será idéntico.

Las respuestas del Estado a la subversión post-conflicto armado interno.

Recordemos que el Estado peruano ha pasado por dos fases ante la realidad de la subversión: en una primera fase la minimizó (1980-1982), luego consideró que era un “problema militar” y entregó el control político y militar a las Fuerzas Armadas (diciembre de 1982-1989); a partir de 1989, las fuerzas del orden se acercan a la población y colaboran con los ronderos para vencer la subversión. El Informe Final de la CVR destacó esas fases de retroceso del orden democrático y denunció los excesos cometidos por las
fuerzas del orden, así como aquellos que cometieron el PCP-SL y el MRTA. Sin embargo, las
recomendaciones de la CVR no fueron adoptadas; peor aún, las versiones negacionistas de la violencia de las Fuerzas Armadas, y del alto nivel de corrupción en el seno del régimen del exdictador Fujimori empezaron a afirmarse desde la entrega del Informe Final en agosto de 2003, y las observamos en el lamentable Congreso actual, con su mayoría fujimorista.
• Podemos plantear entonces que el tratamiento de la subversión en el VRAEM en el periodo de la post guerra interna ha sido influenciado negativamente por el gran desorden institucional y las redes de corrupción que nos dejó en herencia el nefasto Alberto Fujimori y sus aliados militares y civiles. En efecto, no se avanzó prácticamente nada durante los gobiernos de Toledo y de García, y recién se empezaron a introducir mejoras durante el gobierno de Humala. Sin embargo es recién con el gobierno actual que se perciben avances reales para las poblaciones civiles de la región que están forzadas a vivir en situación de marginación y de gran pobreza. Esperemos que ello continúe y se mejore.
• En la ceremonia dedicada al Día de las Fuerzas Armadas, el presidente Martín Vizcarra declaró que su gobierno “no cederá ni un milímetro” en la lucha contra el terrorismo en el Perú, “y para llevar desarrollo y progreso a esa zona del país”, y que las Fuerzas Armadas seguirán con sus acciones para lograr la pacificación total del VRAEM. Y añadió: “Por ello, les damos nuestro aliento, nuestra gratitud y nuestro reconocimiento para continuar juntos con su guerra en el VRAEM y allí donde la Patria las necesite. Ha llegado el momento de que todos los peruanos les digamos ‘estamos juntos en esto’” [mis itálicas] (Ministerio de Defensa, Nota de prensa del 21 de septiembre).
El presidente destacó también la labor del Comando especial del VRAEM y de la DIRCOTE en el reciente operativo del 19 de setiembre que permitió abatir al terrorista “Basilio”, hijo de la “camarada Olga” (tercera dirigente) y lugarteniente de “Antonio” (cuarto dirigente no identificado), en el poblado de Virgen Ccasa (Llochegua, Huanta). Precisemos que “Olga”, despiadada dirigente del comité central y adiestradora militar de los niños-soldados, sería Tarcela Loya Vilchez (50), nacida en Tambobamba (Huanta); ella entró en el PCP-SL hacia 1993, cuando era profesora en las comunidades nativas de San Martin de Pangoa (La República del 28 de agosto de 2013).

Por su lado, el Ministro de Defensa, José Huerta, declaró en Fuerte Pichari (Cusco, sede del CE- VRAEM) que con la eliminación de “Basilio”, la captura de armas y de material logístico, se ha “asestado un golpe en el corazón de Sendero Luminoso en el VRAEM” [mis itálicas]. Por lo tanto se confirma que el pase a la ofensiva comenzado en junio está dando buenos resultados gracias al trabajo de combinación entre la inteligencia (DIRCOTE sobre todo), las acciones de la DIRANDRO contra el tráfico de droga y las acciones militares. El Ministro precisó igualmente que las estimaciones sobre el numero de soldados desplegados en la zona son falsas, que no son 10 mil hombres sino “un promedio de 5,800 hombres” en todo el VRAEM, y las unidades que siguen a “José” tienen cerca de 1,200 hombres. El resto de unidades se dedica a asegurar el control territorial de la amplia zona del VRAEM: lucha contra el tráfico de droga, control de gasoducto y de hidroeléctricas. Pero no pudo precisar ningún plazo para restablecer la paz, solo dijo que “será un trabajo de larga maduración” (Diario El Sol del Cusco, 30 de setiembre).
• En lo que conciernen los programas de desarrollo, el gobierno actual ha aportado mejoras a la situación desordenada del VRAEM, integrando sobre todo la dimensión de la ayuda económica, sanitaria y en educación a las poblaciones de esta región que viven en situación de pobreza y de extrema pobreza.
Según el Sistema de focalización de Hogares (SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión social (MIDIS), en el VRAEM existen 444,553 personas empadronadas, de los cuales 258,415 (58%) son pobres extremos, 132,624 (30%) pobres, y 53,514 (12%) no pobres. En setiembre de 2018, el MIDIS destinó 184 millones 600 mil soles a los programas sociales del VRAEM, según la titular del sector, Liliana La Rosa.
Hasta la fecha, ya se ha ejecutado 67% del presupuesto a favor de los pobres extremos y de los pobres (Andina del 24 de setiembre de 2018).
Los programas conciernen los 69 distritos del VRAEM (provincias de Huanta (10) y La Mar (9) en Ayacucho; provincias de Tayacaja (11) y Churcampa (6) en Huancavelica; 8 distritos de La Convención en Cusco; provincias de Satipo (5), de Concepción (2), y de Huancayo (2) en Junín). El 30 de julio, el gobierno ha prorrogado el estado de emergencia en todos esos distritos por 60 días (Andina del 30 de julio de 2018). Hay que agregar que las comunidades nativas reclaman igualmente su derecho a conservar las tierras que les fueron adjudicadas, y por las cuales tienen títulos de propiedad, pero que son regularmente
invadidas por colonos andinos que logran expulsarlos por medios fraudulentos. Muchos son los dirigentes que piden regularmente al Estado poner en marcha políticas públicas para defender los territorios nativos y titular las comunidades que aún no disponen de esta herramienta legal para afirmar sus derechos a la tierra colectiva (Correo del 23 de noviembre de 2018).

• En materia militar, sabemos que las Fuerzas Armadas tienen emplazadas 53 bases militares y 8,000 soldados. El Ejército cuenta con 13 helicópteros y la Policía solo tiene dos. A pesar de este impresionante dispositivo militar, no se ha logrado hasta ahora neutralizar los 300 a 400 (según la versión oficial) terroristas de la zona (Caretas del 14 de junio de 2018). Veamos los últimos atentados:

— En junio tuvieron lugar varios atentados. El 7 de junio, 4 soldados murieron en una emboscadaorganizada por “José”, Víctor Quispe Palomino, en la zona de Anco (Huancavelica). Luego, el 11 de juniolos mismos terroristas atacaron la base militar Nueva Libertad e hirieron a 6 soldados (Villasante 2017).
— Entre el 4 y el 9 de agosto, se realizó un operativo militar importante (15 comandos de la Marina, 32 efectivos de la FAP, policías) de extracción de 47 comandos que se encontraban bloqueados en la provincia de Llochegua (Ayacucho), y hubieron enfrentamientos con las huestes de “José”, Víctor Quispe Palomino, que ha reaparecido luego de cinco años anunciando la apertura de una nueva “campaña militar para alterar las elecciones de octubre y para ampliar sus acciones fuera del VRAEM donde no existe
presencia del Estado (Doris Aguirre, La República del 10 de junio de 2018). El comando Elmer Quispe ríos (26) falleció, y según fuentes de inteligencia los terroristas sufrieron tres bajas y varios heridos (Caretas del 16 de agosto).

De acuerdo con el Comandante especial del VRAEM, general EP Manuel Gómez de la Torre, 20 patrullas militares salen todos los días en la zona militarizada; algunas son de reconocimiento y otras de “inserción en territorio enemigo”. Desde 2012, cuando los terroristas secuestraron a los trabajadores del gasoducto Camisea-Pisco, las bandas armadas se han replegado en la selva de Vizcatán y Canayre. Luego en 2013, la eliminación de “Gabriel” (Marco Quispe Palomino) y de “Alipio” (Orlando Borda Casablanca)
han contribuido al repliegue actual de los terroristas (Caretas del 16 de agosto de 2018).
• La lucha contra el tráfico de droga es un problema siempre urgente. El gobierno de Humala introdujo el programa de reconversión de cultivos (640 soles por hectárea que se dejan de cultivar con coca); pero ello trajo resultados contra productivos, las hectáreas de coca han aumentado, pasando de 17 mil en 2016 a 22 mil actualmente (Organización de Naciones unidas contra la droga y el delito, ONUDD).
Actualmente, 70% de la cocaína que se produce en el Perú proviene del VRAEM (Al-Jazeera del 6 de marzo de 2017).
De acuerdo con Carmen Masías, jefe de DEVIDA la estrategia debe combinar la acción represiva con programas de desarrollo en zonas de pobreza extrema como son el VRAEM, el Huallaga y ahora también el Putumayo, donde se encuentran disidentes de las FARC cercanos a los narcotraficantes. Masías también ha realizado un diagnostico de las “alarmantes carencias” de la Policía en el VRAEM, “no tienen computadoras, carros, ni presupuesto suficiente.” (Caretas del 14 de junio de 2018).
A pesar de la precariedad con la que trabajan los policías, en agosto la División de Investigación de Alta complejidad de la PNP (DIVIAC) y el Comando de Inteligencia y operaciones especiales de la Fuerzas Armadas (CIOEC), hallaron un conjunto de escondites terroristas con material logístico, (municiones, explosivos, volantes, víveres y otros) en los distritos de Sivia y de Uchuraccay (Huanta) y de Ayna (La Mar) (Andina del 17 de agosto de 2018).
En setiembre, la DIRCOTE, dirigida por el general José Baella, descubrió cuatro “campamentos” terroristas (Culebra, Lucypata, Mercedes y Rocoto) donde vivía probablemente “José” (Víctor Quispe Palomino), el principal dirigente de los grupos armados del VRAEM. Se encontraron también la sepultura de “Lucy”, hija de “Raúl” (Jorge Quispe Palomino), que es el hermano de “José” y número 2 en la dirigencia actual de esta banda terrorista; les siguen la “camarada Olga” y “Antonio” (cuya identidad no es conocida). También se encontraron libros de adoctrinamiento, una trinchera para esconder a los mandos, y varios dibujos de niños pequeños. El general Baella precisó que encontraron igualmente listas con los turnos de vigilancia de mujeres que forman parte del “anillo de seguridad”; habrían una decena de mujeres de 14 a 25 años que sirven de “escudo humano” y de “esclavas sexuales” a los mandos terroristas; estas adolescentes y mujeres son violadas durante años y los hijos que procrean son incorporados al grupo subversivo. De acuerdo con el general Baella, esto hace difícil atacar con bombas zonas donde viven mujeres y niños. El analista Pedro Yaranga declaró al diario El Comercio que los hijos de los dirigentes viven cerca de sus padres, en cambio aquellos de los seguidores se encuentran en campamentos alejados con “madres substitutas”. Esto evita que los niños sean rescatados, como ya ha sucedido anteriormente (El Comercio del 20 de setiembre de 2018).

Reflexiones finales

• Es indispensable aceptar que el país vive todavía una situación de terrorismo en el VRAEM, el cual, como escribe Yuval Noah Harari (2018: 177-188) representa “una estrategia militar” que trata de cambiar la situación política propagando el terror y cometiendo atentados y daños materiales. Esta estrategia es siempre utilizada por grupos armados muy débiles que aunque solo pueden causar daños menores a sus “enemigos”, esperan que el miedo y la confusión que provocan con sus atentados lleven a las fuerzas del orden a emplear la fuerza militar masiva, causando daños y muertes sobre todo a civiles desarmados. Eso les permite denunciar la “violencia del Estado” y profundizar el desorden social, tal y como hicieron durante casi 20 años las huestes del PCP-SL histórico.
• En ese marco, parece urgente que el estado peruano lleve más lejos las labores de coordinación entre los cuerpos de las fuerzas del orden; que aporte mejores medios materiales a la Policía para optimar su acción; y que continúe las acciones de inteligencia para destruir las redes terroristas y de traficantes de droga. De modo paralelo, es urgente que se instauren los servicios del Estado en las regiones aisladas donde la mayoría de poblaciones nativas y andinas siguen viviendo en una miseria triste y lamentable.
• Se debe también homogenizar el uso de los términos conceptuales sobre la violencia política en el VRAEM — que el presidente Vizcarra califica de situación de “guerra” — con un correlato legal claramente definido en el marco de nuestro sistema de justicia, y que la termología pertinente sea difundida por los medios de prensa nacionales. Quizá sea una evidencia que más allá de los nombres diversos que pueden darse las organizaciones armadas en el país, se trata de una situación de subversión al Estado de derecho. Por lo tanto, los miembros de esas agrupaciones son “subversivos”; además al cometer actos de terrorismo son también “terroristas”; en asociación con los carteles de narcotraficantes sobre los cuales existe una legislación abundante.
• La represión de los subversivos armados y de aquellos que hacen la apología de terrorismo en las redes sociales y por la radio debería ser mejor organizada. Las Fuerzas Armadas tendrían que impedir la emisión de mensajes terroristas que incitan a la subversión y a la violencia, tal y como se hace en otros lugares del mundo que afrontan problemas similares (Europa, Oriente Medio, Norte de África).

• Finalmente, teniendo en cuenta los últimos enfrentamientos en Llochegua y la eliminación de cuatro “campamentos” terroristas, reitero aquí mis propuestas sobre la introducción de las figuras legales de los “campos totalitarios” instalados por los subversivos en la selva central, donde se cooptan y se encierran poblaciones civiles, y donde se entrenan militarmente e ideológicamente a “niños-soldados”. Ello permitiría reinsertar socialmente las personas “recuperadas” en mejores condiciones que las actuales, caracterizadas por la improvisación y el desorden. De otro lado, los responsables del entrenamiento de esos niños, como la siniestra “camarada Olga”, podrían afrontar la justicia penal y ser sancionados con todo el peso de la ley. Un país digno no puede seguir tolerando la ignominia que representa la violencia terrorista ejercida desde hace décadas contra niñas y niños andinos y nativos.
En ese marco, sería conveniente crear un Registro de víctimas de los campos totalitarios, y un Registro de niños-soldados y de niñas-esclavas sexuales que fueron raptadas o que nacieron en dichos campos. Esas víctimas del terrorismo merecen reparaciones materiales y simbólicas de parte del Estado y de la nación. La situación lamentable de casi medio millón de nuestros compatriotas que viven en el VRAEM debe ser reconocida por los universitarios y por toda la población del país.

Fuentes principales

COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN, 2003
Informe final de la CVR, 2003

Tomo V. 8. Los pueblos indígenas y el caso de los Asháninkas

Tomo VI. 1.3. Ejecuciones arbitrarias por agentes del Estado

Tomo VI. 1.9. La violación de los derechos colectivos

— 1.9.2. Desplazamiento forzado interno y esclavitud sufrida por el grupo étnico asháninka

— 1.9.2.4.2. Control de los Asháninkas por el PCP-SL

— Hatun Willakuy, Versión abreviada del Informe Final de la CVR, 2004, Lima, Navarrete.

GOLDHAGEN Daniel, 2009, Worse than War. Genocide, Eliminationism, and the Ongoing Assault on Humanity, PublicAffairs, New York. [Traducción francesa 2012, Fayard. Citada en este texto].

HARARI Yubal Noah, 2018, 21 Lessons for the 21st Century [Traducción francesa 2012, Fayard. Citada en este texto].

MENDOZA Waldo y Janneth LEYVA, 2017, VRAEM, Diagnóstico y opciones de política, USAID y CIES, http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/WM-JL-VRAEM-VFF-abril-20171.pdf

VILLASANTE Mariella,
2012, Violencia de masas del Partido comunista del Perú-Sendero Luminoso y campos de trabajo forzado entre los Ashaninka de la selva central, Dossier de Memoria n°9, IDEHPUCP.

VILLASANTE Mariella
2014, La violencia senderista entre los Ashaninka de la selva central. Seminario del IDEHPUCP, Lima, 30 de abril 2014, Boletín del IDEHPUCP del 27 de mayo de 2014. [En colaboración con Luzmila Chiricente]

VILLASANTE Mariella
2016a, Por el reconocimiento de las víctimas de los campos de internamiento senderistas, Boletín del IDEHPUCP, 10 de febrero de 2016.

VILLASANTE Mariella
2016b, Los “recuperados” de la selva central, víctimas de crímenes de lesa humanidad”, Boletín del Lugar de memoria de Lima n° 1, abril 2016.

VILLASANTE Mariella
2016c, Violence politique au Pérou, 1980-2000. Sentier Lumineux contre l’Etat et la société. Essai d’anthropologie politique de la violence, Paris: L’Harmattan.

VILLASANTE Mariella
2016d, El Protocolo de atención a los “recuperados” del VRAEM y los crímenes de lesa humanidad aún no reconocidos, Boletín del IDEHPUCP, Lima, 18 de octubre de 2016.

VILLASANTE Mariella
2017, Los campos de concentración senderistas y los niños soldados en el Perú: desafíos para el derecho humanitario peruano, Revista Ideele n° 275, 15 de noviembre.

VILLASANTE Mariella
En preparación, 2019, La violencia política en la selva central del Perú, 1980-2000. Los campos totalitarios de Sendero Luminoso y las secuelas de la guerra interna entre los Ashaninka y los Nomatsiguenga.

Periódicos y sitios web

RPP, 25 de abril de 2016 ¿Qué es el VRAEM?: https://rpp.pe/peru/narcotrafico/que-sucede-en-el-vraem-y-por-que-es-una-zona-tan-complicada-noticia-953452

Al Jazeera 2017: https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/03/life-vraem-peru-cocaine-valley-170302141426171.htmlv

Doris Aguirre, La República del 10 de junio:

Caretas n° 2543, 14 de junio de 2018: http://caretas.pe/politica/83074-ponderando_la_respuesta

El Comercio del 18 de junio de 2018: https://elcomercio.pe/peru/vraem/vraem-terroristas-cambian-estrategia-nueva-denominacion-noticia-528668

El Comercio del 27 de junio de 2018: https://elcomercio.pe/politica/terroristas-vraem-cometieron-446-asesinatos-noticia-531052

El Comercio del 28 de junio de 2018: https://elcomercio.pe/politica/terroristas-vraem-marcar-distancia-sendero-luminoso-tactica-noticia-531351

Wuaynakuna, 6 de agosto de 2017:

Wuaynakuna, 3 de mayo de 2018: http://waynakuna.blogspot.com/2018/05/los-siniestros-planes-del-grupo.html

Caretas del 16 de agosto de 2018:

El Comercio del 20 de setiembre de 2018: