Christian Chocano Davis
Abogado PUCP. Master por la Universidad Católica de Lovaina. Supervisor OSCE y docente de la Facultad de Derecho de la PUCP en Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado. Este artículo no refleja una opinión institucional.

Los Panamericanos Lima 2019 traen como novedad en Perú el uso de los contratos NEC (New Engineering Contract) para la construcción de las cinco principales obras de infraestructura de los juegos por una suma aproximada de mil trescientos millones de soles (la Villa de Atletas, la remodelación de la VIDENA, así como la construcción de los polideportivos de Villa María del Triunfo, Callao y Villa El Salvador). Ello en virtud a un Convenio de asistencia técnica suscrito por el Perú con el Reino Unido, que nos permite aprovechar la experiencia de este país en la exitosa organización de los juegos olímpicos de Londres.

 Hace dos semanas, después de más de cincuenta años, un secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Reino Unido realizó una visita oficial al Perú para verificar el avance de las obras y manifestó su satisfacción. El equipo técnico muestra datos que respaldan su trabajo. Según lo difundido por dicho equipo, la selección de los ejecutores de esas cinco grandes obras demoró apenas tres meses. Más de 40 empresas registraron su interés en cada proyecto y, en promedio, 15 empresas presentaron cuestionarios de precalificación y 6 fueron seleccionadas en cada proceso para la última etapa; todo ello cuando en el sistema nacional se presentan en promedio solo 2.3 ofertas por procedimiento de selección. Evidentemente, una mayor competencia permite conseguir un mejor valor por dinero en el uso de los recursos públicos. Así pues, la aplicación de los contratos NEC en Perú muestran cómo desarrollar procedimientos de selección competitivos y expeditivos.

 Son muchas las diferencias en la forma como se contratan las obras de envergadura en el Reino Unido y el Perú, resaltando en la opción F del contrato NEC utilizada para los Panamericanos, algunas diferencias como la designación de un gerente del proyecto, la obligación contractual de cooperación mutua entre los involucrados, la inexistencia de un límite porcentual para la subcontratación, entre otras. Dos aspectos llaman particularmente la atención, el deber de confidencialidad y que las empresas no tengan un derecho a formular observaciones a las Bases ni apelaciones.

 En Perú, toda la información relativa a un contrato del Estado es pública a través del Sistema Electrónico del Contrataciones del Estado que administra el OSCE. En cambio, en este tipo de contratos de envergadura, en principio, en Reino Unido rige la confidencialidad. No se publican los motivos por los cuales una empresa fue elegida. Si bien existe la posibilidad de presentar una solicitud fundamentada en la libertad de información para que se revelen ciertos aspectos del proceso, no existe una obligación de entregarla.

 Tal y como lo recomienda la OECD, se sigue la buena práctica de realizar reuniones de clarificación durante el procedimiento de selección para absolver dudas de los participantes y, de ser el caso, otras reuniones al final del proceso para explicar a cada participante de manera transparente por qué no fue elegido y cómo podría haber mejorado su oferta.

 Tampoco existe en Reino Unido un derecho a observar las Bases en este tipo de procedimientos, ni a presentar una apelación porque los criterios de evaluación no son reglados. Más bien, dichos criterios buscan obtener innovación y un valor agregado que sería difícil de lograr si la creatividad ofertada se hace pública. Vista así las cosas, la adjudicación de obras millonarias puede realizarse en sólo tres meses, pero ello requiere claro está de una confianza en la integridad y criterio técnico de las personas a cargo de la selección, así como de la descripción clara, desde un principio, de todo el procedimiento y del alcance de las obras.

 La experiencia internacional en la ejecución de obras públicas de envergadura y su aplicación en el Perú evidencia que la competencia y eficiencia de la contratación pública requiere del impulso de mecanismos que garanticen la integridad en la selección de contratistas.

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