Christian Wiener Fresco

Docente universitario y cineasta. Ex presidente de la Asociación de Cineastas del Perú (ACDP) y la Unión de Cineastas Peruanos (UCP). Integrante de la Coalición Peruana para la Diversidad Cultural. Fue vicepresidente del Consejo Nacional de Cinematografía (CONACINE) y Director General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura.


Me han solicitado escribir un artículo que responda a la interrogante: ¿por qué es necesaria una ley de cinematografía en el Perú? Para quienes estamos en el ámbito del cine esta pregunta puede resultar ociosa, o reiterativa; pero no necesariamente todos, más allá del sector, comparten esta opinión. Entre estos últimos hay los que desconocen el tema y razones que expliquen la necesidad de esta legislación en este campo, así como quienes si están enterados –o por lo menos dicen estarlo- pero se oponen por razones ideológicas, tratando de fundamentarlo con argumentos neoliberales dogmáticos. Para ambos están dedicadas estas breves líneas que si no logran convencer a algunos, permita informarles a los demás.

Empecemos con un poco de historia. Después de la segunda guerra mundial la hegemonía del cine norteamericano a nivel mundial, ya importante antes, terminó de consolidarse. No por nada el plan Marshall en Europa y Asia venía acompañado de sus películas y star system. Las cinematografías europeas lograron durante un tiempo resistir por la creatividad de sus realizadores y la existencia de un importante mercado local e internacional para sus producciones, pero después el espacio se fue estrechando mientras el imperio de Hollywood seguía creciendo. Por esta razón desde los años 60 el cine francés comenzó a recibir diversas formas de apoyo público tanto para la producción, exhibición y también preservación, comenzando a desarrollarse en los años siguientes diversos modelos de promoción e impulso a sus cinematografías en muchos países, que van desde leyes, normas de ayuda y regulación, subsidios, subvenciones hasta estímulos tributarios, entre otras. Actualmente, según datos de la UNESCO suman más de 140 los países que cuentan con algunos de estos dispositivos vigentes.

En los años 90 este debate alcanza nuevos picos con la polémica en las negociaciones internacionales por el libre comercio del GATT, donde la delegación francesa, con el apoyo de artistas e intelectuales europeos, plantean la excepción cultural para las producciones audiovisuales, enfrentando al poder de las Major’s (la reunión de los grandes estudios hollywoodenses) y de los promotores del neoliberalismo, entre ellos nuestro premio nobel, Mario Vargas Llosa.[1]. Luego esta propuesta se tamizó un poco con la propuesta de la defensa de la Diversidad Cultural promovida por los canadienses, y adoptada por la UNESCO en una declaración de un conjunto de países, entre los que se encuentra el Perú.

¿Cuál era el centro de este debate? En lo esencial, preservar espacios en las pantallas nacionales (las llamadas cuotas de pantalla) para sus propias producciones y garantizar el derecho de los Estados para establecer políticas culturales propias y autónomas, de acuerdo a cada realidad. Frente a estas propuestas, la industria del entretenimiento norteamericana y sus defensores mediáticos objetaron que eso significaba intervencionismo en el libre mercado y supuesto desequilibrio en la producción.

Lo cierto es que no existía ni existe un mercado libre en el cine, dada las asimetrías en la producción, incluso con el cine europeo o asiático, el multimillonario marketing de Hollywood a nivel global y el ingreso en ocasiones de las copias de sus films a precio dumping y con el control anticipado de los circuitos de distribución y exhibición a nivel mundial. Con el tiempo, sin embargo, debieron flexibilizarse a las demandas nacionales para no perder soga y cabra, y permitir leyes y espacios de cine locales, siempre y cuando no afecten su hegemonía ni negocio. Eso permite desmontar el mito de que el cine norteamericano es ajeno a la intervención de su Estado, cuando los directivos de la MPPA son grandes lobbystas en Washington, y uno de los puntuales en las negociaciones de libre comercio que vinieron impulsando en los últimos años.[2]

En el Perú la primera Ley de cine en verdad promotora y con resultados tangibles fue el Decreto Ley 19327 promulgado en el gobierno militar de Velasco. Apostaba a crear una industria no existente buscando la capitalización de las productoras nacionales al permitir el acceso obligatorio de los cortos y largometrajes a las salas de cine, recibiendo un porcentaje de la taquilla por su exhibición en las salas de cine. Y si bien no logró todos los objetivos propuestos, lo cierto fue que significó el primer paso para forjar un cine nacional, con artistas y técnicos propios, y en sintonía con su público natural. En los años 90 los beneficios de la Ley entraron en colisión con el discurso neoliberal y por eso su derogación fue previsible, pero la presión de los cineastas y el propio debate internacional empujó al gobierno de Fujimori a sancionar una nueva Ley, que ya no buscaba crear una industria sino premiar, por un sistema de concursos, los mejores proyectos y obras realizadas, sin intermediar en su exhibición final.

Mal que bien, esta Ley, la 26370, es la que con sus modificaciones y reajustes (en el 2012 se aprueba la Ley 29919, que cambia parte de su articulado) continua vigente hasta hoy, con resultados importantes y películas destacadas a nivel internacional, pese al incumplimiento de los sucesivos gobiernos, durante dieciséis años, para asignar el presupuesto establecido en la norma. Los cineastas peruanos, que adoptaron la propuesta como una solución temporal, se vieron pronto en la necesidad de demandar un nuevo marco legislativo, conforme a los que se adoptaban en otros países de la región con resultados llamativos. Una ley de cine integral, que lo vea tanto en su dimensión industrial y comercial, como laboral, cultural, comunicativa e histórica, que no solo promueva la producción de películas peruanas, también garantice su acceso a su mercado natural.

Durante casi quince años se ha venido proponiendo diferentes proyectos de nueva ley de cine que casi invariablemente se han chocado con la ortodoxia intransigente de los funcionarios del MEF, la ignorancia y aprovechamiento político de la mayoría de los parlamentarios y el catecismo neoliberal en los medios. Estos últimos arreciaron luego de los éxitos comerciales de las comedias de la productora Tondero, realizadas sin contar con recursos públicos, como supuesto ejemplo de lo que debía aspirar el cine peruano.[iii] La verdad es que la gran respuesta de los espectadores locales a estas comedias costumbristas no es un fenómeno privativo del Perú, repetido en países como España, Argentina, México, Brasil, Chile, o Colombia; en ninguno de los cuales puso en cuestión la continuidad de sus legislaciones y apoyos a las cinematografías. Uno de los objetivos de estas normas es promover la diversidad de voces y tendencias en el cine, y no depender de la variable comercial para la producción. En los últimos años, y gracias también a las nuevas tecnologías digitales en el cine, se descubre y valora el cine regional, así como las producciones llamadas independientes y alternativas en la capital, fuera de las producciones presentadas en los circuitos de festivales, que no necesariamente tienen su correlato en el gran público. Finalmente, y la tercera y última parte de la exitosa  “Asu mare” lo demuestra, no hay taquillazo que dure muchos años, ni cine que lo resista.

¿Qué debería contemplar una nueva legislación cinematográfica? En lo esencial poder contar con fondos que no dependan del siempre precario presupuesto público (el cine argentino y colombiano, por ejemplo, financian fondos en gran parte con un porcentaje de la taquilla de los cines), acceso y mantenimiento en las múltiples pantallas y plataformas de exhibición actuales, impulso a la exhibición alternativa e itinerante del cine cultural, oportunidades de trabajo y respeto a los derechos laborales mínimos de los técnicos y actores que participan del sector, formación de público e incorporación del aprendizaje del lenguaje audiovisual en la educación básica, y rescate, recuperación, preservación y difusión de nuestro patrimonio audiovisual en una Cinemateca Nacional, todavía por ser realidad.

El proyecto que actualmente se encuentra en el Congreso, luego de haberse aprobado en la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, ha sufrido a lo largo del camino y del tiempo una serie de recortes y modificaciones, que le hicieron perder su lado más inclusivo e integral.[iv] No obstante, hasta ahora no logra ser debatido seriamente porque en general a los políticos no les interesa mucho el tema a no ser les asegure un lugar en la foto. La ausencia de conocimiento y escasa voluntad política de apoyo a la cultura en los sectores con poder del país explica en gran parte el errático e imprevisible camino que estas leyes enfrentan. Uno de los más dramáticos y urgentes se da en la recuperación y conservación de nuestra memoria audiovisual, incluida las obras promovidas por el Estado en estos años y que se encuentran en custodia en una institución privada. Se dice que para el bicentenario se constituiría una Cinemateca en el Cusco, pero hasta ahora todo esto no pasa de anuncios sin concreción, mientras nuestro patrimonio, ay, siguió perdiéndose.

Por todas estas razones y muchas más, es necesario una ley de cine. Ciertamente no para que se haga cine, porque las leyes no lo hacen, sino el talento y esfuerzo de los realizadores, productores, técnicos y actores, pero las leyes, bien aplicadas, permiten y facilitan que estas capacidades se puedan materializar de forma amplia y democrática, y lo más importante, que sus resultados puedan ser conocidos y valorados por todos. Ni más, ni menos.

Bibliografía:

[1] Sobre el debate en medios puede revisarse en UNION LATINA (Enero de 1994) Las negociaciones del GATT en materia Audiovisual. Dossier de Prensa de países latinos 1993. Lima.

[2] Véase al respecto MILLER, Toby; GOVIL, Nitin; MCMURRIA, John & MAXWELL, Richard. El Nuevo Hollywood. Del imperialismo cultural a las leyes del marketing.  Paidós. Barcelona, 2005

[iii] Un ejemplo es este editorial del diario El Comercio sobre la última propuesta de Ley de Cine: https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-prioridades-pelicula-noticia-455394

[iv] Sobre lo sucedido en el Congreso y la Ley: http://blogdelchw.blogspot.com/2017/12/la-opera-de-las-6000-uit.html

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