Justicia e idiomas indígenas

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Wilfredo Ardito Vega
Abogado y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
y de la Universidad del Pacífico. Máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Univrsidad de Essex y Doctor en Derecho por la PUCP.

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El 22 de abril, en los majestuosos claustros coloniales de la Corte Superior de Ayacucho, comenzaron las clases de quechua para los magistrados de los diferentes niveles.

Este hecho, que habría parecido impensable hace pocos años, es una muestra de los avances que en los últimos años se vienen llevando a cabo en el Perú para garantizar el acceso a la justicia de quienes se veían excluidos por la barrera lingüística.

  • Un panorama preocupante

Tradicionalmente, el Estado peruano asumió solamente el castellano como lengua oficial, sin que los idiomas indígenas tuvieran mayor reconocimiento.  Ninguna norma era traducida, aunque, paradójicamente, los indígenas estaban obligados a cumplirlas.   De esta forma, se excluía de la administración de justicia a millones de ciudadanos, cuya lengua materna es distinta del castellano, lo que se suma a otras barreras estructurales como la indocumentación, la discriminación, la pobreza, las diferencias culturales y las distancias geográficas.

Cuando el Estado solamente habla el idioma de un sector de la población, se convierte para en un instrumento de dominación, por lo que es fundamental que la diversidad lingüística sea reflejada en la administración estatal.   Por ello, durante el siglo pasado, en países como Canadá, España y Bélgica se exigió y se logró que la administración de justicia se expresara en los idiomas locales.  En el Perú, en cambio, el plurilingüismo es considerado un problema y el monolingüismo es percibido como una meta deseable para el país.

Pese a que desde hace más de veinte años la Constitución establece el derecho de toda persona de expresarse y ser atendida por un funcionario público en su lengua materna (artículo 2, inciso 19), en la práctica este derecho se cumple solamente de manera excepcional.  Es más, ni siquiera se entiende que este derecho exista, sino que predomina la creencia de que, si una persona sabe castellano, se le debe atender en dicho idioma, sin que pueda exigir emplear su idioma materno.

La reticencia del Estado a asumir una política lingüística deja a muchos ciudadanos en situación de desprotección, que potencialmente es un caldo de cultivo para la frustración y la violencia.   Se incumple la premisa fundamental para un sistema jurídico positivista: que los ciudadanos puedan conocer las leyes.  Además, la gobernabilidad, al menos si nos referimos a gobernabilidad democrática, debería implicar la atención de las diferencias lingüísticas por parte del Estado.

En la práctica, muchos procesos judiciales llevados a cabo ante los tribunales peruanos podrían ser considerados nulos, porque las partes no tienen la posibilidad de comprenderlos.

La única instancia del Poder Judicial obligada a manejar el idioma local son los Jueces de Paz[1], pero su competencia es muy restringida.   Para delitos o problemas de mayor cuantía, se mantiene la indefensión lingüística.

Es verdad que se considera como un requisito hablar quechua para ingresar a varias de sus Escuelas de Suboficiales de la Policía Nacional, pero en la realidad, no existen exámenes al respecto.  Muchos policías nacidos en la región andina ignoran el idioma y hay quienes provienen de otros lugares del Perú y postulan a una escuela de Ayacucho o Apurímac porque tienen mayores posibilidades de ingresar.

  • Los principales avances

Frente a este panorama es que deben destacarse las decisiones que se están adoptando desde el Poder Judicial, especialmente el caso de la Corte Superior de Ayacucho, que no solamente brinda capacitaciones a los magistrados, sino que ha creado los primeros tres Juzgados de Paz Letrados Interculturales Bilingües en las provincias de Sucre, Huanta y Cangallo a cargo de tres jueces que ya sabían quechua.

Otra Corte Superior que está llevando a cabo políticas muy importantes es la Corte Superior de Puno, pues el Juzgado Mixto de Azángaro está administrando justicia en quechua y el del Collao en aymara.   En ambos casos, por primera vez han sido redactadas sentencias en dichos idiomas.   Además, el Presidente de la Corte ha anunciado que responderá favorablemente al pedido de diversas organizaciones para que en los demás juzgados de la zona aymara de Puno se imite este ejemplo.    La Policía Nacional y el Ministerio Público han anunciado que respectivamente tanto policías como fiscales serán también capacitados en quechua y aymara.

Finalmente, en San Martín, la Corte Superior también está promoviendo cursos en awajún, para los magistrados que deben laborar en provincias como Rioja y Moyobamba.

Además del Poder Judicial, viene cumpliendo un rol fundamental es el Ministerio de Cultura mediante la formación de traductores de lenguas indígenas que pueden ejercer su función en juzgados y otras dependencias vinculadas a la administración de justicia.    Hace apenas cinco años, no existía un solo traductor reconocido en el Perú, pero actualmente tenemos más de 170 en 27 idiomas.    Inclusive se ha capacitado traductores en idiomas con pocos hablantes, como el jaqaru, el murunahua y el iquito.  Muchos traductores además han sido capacitados en temas legales por el Poder Judicial.

Es fundamental que en estos casos, el ejercicio concreto de la traducción no esté pensado solamente en los funcionarios, sino para que el acusado o la víctima comprendan lo que viene ocurriendo, las declaraciones de otras personas o las decisiones que se toman y pueden afectarle.   La traducción debe ser pensada en función del ejercicio del derecho a la defensa y del derecho a la justicia de los ciudadanos[2].

Al mismo tiempo, por primera vez  en la historia del Perú se ha investigado sobre términos jurídicos en idiomas indígenas, concretamente en quechua chanka, para evitar faltas de comprensión por parte de quien realiza la traducción.  El trabajo pionero en esta materia fue realizado por la profesora Gavina Córdova y el autor de este artículo: el Manual de Quechua para Comisarías, publicado el año 2013 por la PUCP y distribuido a más quinientos policías en Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánuco Junín y Arequipa.    En el año 2014, el Ministerio de Cultura publicó el Manual para el Empleo del Quechua en la Administración de Justicia, también elaborado por nosotros, en este caso con el apoyo de un destacado grupo de intérpretes.

Se trata de estudios muy detallados sobre la manera más precisa de expresar conceptos como dolo, negligencia o responsabilidad[3].   Se buscó además que los términos fueran comprensibles para los propios quechuahablantes.   En los manuales se buscó presentar situaciones reales que normalmente deben enfrentar policías, jueces o fiscales en la atención al público.  No solamente se abordan las situaciones previstas por la ley, sino otras problemáticas para las cuales los ciudadanos acuden a las autoridades, como el suwanakuy o fuga concertada de dos enamorados para así presionar a sus padres y lograr el matrimonio.

Además, en el portal de internet del Congreso de la República, existen hasta el momento las versiones en quechua de 16 leyes, entre ellas el Código del Niño y del Adolescente, la Ley de Consulta Previa, la Ley sobre Justicia de Paz y la propia Ley de Lenguas.  Sin embargo, queda pendiente la traducción de normas tan importantes como la ley sobre Violencia Familiar, las normas sobre comunidades campesinas o nativas o la legislación agraria.  Tratándose de otros idiomas, solamente la Ley de Lenguas ha sido ampliamente traducida por el Ministerio de Cultura.

Por otro lado, en el portal del Ministerio de Justicia se encuentra grabada una versión en quechua de la Constitución, para que sea de fácil acceso para los oyentes, tomando en cuenta que la mayoría no ha sido alfabetizada en su idioma y tiene dificultades para leerlo[4].    De igual manera, este Ministerio ha traducido al quechua los diversos formularios que deben remitir los ciudadanos[5], una iniciativa que debería seguir toda la administración pública.   Por su parte, RENIEC ha planteado que este año se tendrá registros civiles en aymara y awajún.

Como vemos, son notables los avances que se han dado en los últimos meses para enfrentar la barrera lingüística para el acceso a la justicia.   Las decisiones de los Presidentes de las Cortes Superiores de Ayacucho y Puno deberían ser imitadas por sus colegas del Cusco, Huancavelica y Apurímac, para atender mejor a miles de quechuahablantes.

Sin embargo, todavía queda mucho por recorrer.   Apreciamos esfuerzos notables por parte de las Cortes Superiores de Ayacucho y Puno, pero lo importante es consolidar una política institucional desde la administración de justicia que se mantenga más allá del período de los actuales Presidentes de las mencionadas Cortes Superiores.

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[1] Ley 28545, artículo 5, inciso 6.

[2] Tuvimos la oportunidad de observar varios procesos penales en Sudáfrica y en todos ellos existía de manera permanente un traductor zulú al lado de los acusados, traduciendo las declaraciones de los testigos y las intervenciones de los jueces, abogados y fiscales que hablaban en inglés.  Existían traductores disponibles también para los casos de acusados, agraviados o testigos provenientes de otros países.

[3] Algunas personas sostienen que simplemente esos conceptos “no existen” en dichas lenguas, sin realizar ningún trabajo de investigación lingüística.  Es contundente la diferencia con el idioma q’eqchi’ de Guatemala, donde, pudimos elaborar un glosario de términos ligados a derechos humanos y un diccionario jurídico.  Para ambos documentos se contó con el apoyo de numerosas personas, muy interesadas en participar, desde líderes indígenas hasta intelectuales.   Posteriormente, han sido publicados numerosos textos legales en este idioma.

[4] http://www.minjus.gob.pe/consti_quechua/index.html
[5] http://www.minjus.gob.pe/tupa-quechua-formularios/

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