Explotación sexual infantil: Imaginario de la selva peruana, pobreza y familia

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Bárbara Beatriz Yulissa Ramos Arce

Estudiante de la Facultad de Derecho PUCP. Miembro de la Asociación Civil Derecho & Sociedad

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El ruiseñor se niega anidar en la jaula, para que la esclavitud no sea el destino de su cría

Gibran Jalil Gibran

Visité la tribu Bora a inicios del año 2013 después de una larga travesía por el río Momón en la provincia de Iquitos, Perú.  Un grupo de niñas nos recibió en la orilla y entre risas y saltos, fuimos guiados selva adentro hasta sus viviendas, donde nos pintaron el rostro y bailaron en una animada ceremonia de bienvenida. Una pequeña de trece años se sentó a mi lado para mostrarme artesanías. Mientras me hablaba, vi a un hombre corpulento de habla inglesa que traía una bolsa plástica repleta de trozos de carne y, en la otra mano, una parrilla a carbón. Intercambió unas palabras con los hombres mayores de la tribu y sonriente, comenzó a aderezar los alimentos sobre una mesa, mientras los adultos llamaban a la niña que me acompañaba, quien se fue sin despedirse. Navegando por el río, devuelta a la ciudad le pregunté al guía por lo ocurrido. Él se limitó a contestar: “No es que el gringo sea buena gente, señorita. Si les da comida, no lo hace gratis. Pero no se preocupe, todo es con permiso”. Y fue así que conocí, sin saberlo, la explotación sexual infantil.

En el Perú, este fenómeno no hace excepciones de género, edad o grupo étnico. Sin embargo, la selva peruana es el sector más afectado por dicha actividad y especialmente, su población infantil y adolescente. Hablar de este tema nos lleva necesariamente a discutir sobre el delito de trata de personas[1], hoy llamado la “nueva forma de esclavitud del Siglo XXI” que en un año, puede someter a 1,39 millones de mujeres y niñas alrededor del mundo (Cacho 2011: 15). No obstante, la población infantil es la que se ve especialmente vulnerada por esta actividad delictiva. La UNICEF considera que cada año, la cantidad de niños explotados sexualmente asciende en un millón (Audet 2006: 16).

El alcance tan ineficaz que se tiene respecto a estos casos se debe a que, a diferencia de otros países en donde la trata de personas y la explotación sexual de menores se manifiestan de manera directa como un servicio sexual y representan grandes ingresos, en la selva esta tiene un carácter accesorio. En la selva la explotación sexual no se encuentra en manos de complicadas organizaciones criminales ni mafias, como puede ocurrir en países como Albania o Moldavia (Kara 2009: 191-220), sino que son manejadas en buena parte por los propios familiares o cercanos de las menores, debido a la importancia de la familia y a las particulares relaciones de género que hay en la sociedad de la selva. Finalmente, está el panorama de desinformación del Estado, reforzado con el imaginario que se tiene de la selva como una región mística, desconocida, exótica y de alto contenido erótico, lo cual puede llevar a considerar como algo “normal” o “habitual”, la explotación sexual de menores de edad, en especial si se sabe que son sus propios familiares y la difícil situación económica, los que refuerzan dicho comportamiento.

La trata de personas y la explotación sexual infantil en el Perú.

 Dentro de nuestra legislación nacional, en la Constitución de 1993 contamos con la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos, así como la protección a la libertad humana, a la persona humana, la dignidad y la seguridad. En el artículo 4, se protege especialmente al niño y al adolescente, así como a la familia. También está el Código de los Niños y Adolescentes, la Ley No. 28251 “Ley Contra el Abuso y la Explotación Sexual Infantil” y la tipificación del delito de la trata de personas en el artículo 153[2] del Código Penal, el cual fue modificado gracias a la Ley No. 28950 en el año 2007, adecuándose a los estándares internacionales (CHS 2011: 18).

Ahora bien, es importante resaltar que la configuración del delito de la trata de personas puede dividirse en tres elementos: las conductas, los medios y las finalidades, aunque en la doctrina hay cierta posición que sostiene que “no es necesario que se concrete la finalidad para que se dé el delito de trata de personas, basta que se demuestre que los medios y la conducta tenían como intención ejecutar alguna de las finalidades del delito” (CHS 2011: 20) La conducta es qué comportamiento realiza el sujeto activo, la cual puede ser transportar, trasladar, acoger o recibir a una o más personas con fines de explotación.

Díez Ripollés comenta que la acción dolosa (y ciertamente la única posible en este tipo de delitos) de tal comportamiento involucra el “persuadirles o coaccionarles [a los menores] a que participen en cualquier actividad sexual ilícita, introducirles a la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales, utilizarles para actuaciones o elaboraciones de material pornográfico” (2007: 668). Para este punto es innegable que el delito de la trata de menores, en sí, tiene una naturaleza relacional, por lo cual su comisión involucra necesariamente otro tipo de delitos, como son las violaciones sexuales, el favorecimiento a la prostitución, proxenetismo, rufianismo, entre otros, cosa que puede crear confusión al momento de identificar el tipo básico.

El “Estudio sobre el Estado de la Trata de Personas en el Perú”, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, demostró que “durante el período comprendido entre los años 2004 hasta el primer semestre del 2011, se han registrado un total de 501 denuncias por trata de personas (…) se han hallado 1477 víctimas. De este total, 691 son menores de edad, y 624 (90.3%) son mujeres (…)”. El 74% de estos casos, presentan la finalidad de explotación sexual. No obstante, entre el año 2007 y el primer semestre del 2011, solamente se presentaron 255 procesos por trata de personas. Es claro que existe una gran brecha entre lo que es el número de víctimas, las denuncias realizadas y los procesos llevados a cabo.

Pobreza y negocio complementario

Para la pedagoga Angela Corduente Jiménez, el comercio sexual es un fenómeno que brota con mayor fuerza en familias “de clase social baja, insertas en núcleo geográficos marginales, con escasos recursos económicos, culturales y personales. Por tanto, con un alto índice de desempleo” (2006: 11). El estudio más reciente del INEI, demostró que la pobreza ha comenzado a erradicarse en el Perú, pero las diferencias porcentuales entre regiones siguen siendo notables. Es así que en la selva, el 31.2% de la población se encuentra en la pobreza, en la Sierra, un 37.4%, mientras que la costa mantiene un 15.7% y Lima Metropolitana, un 12.8% (La República: 2014). 

En Europa Occidental, en donde tan solo en el 2007 se produjeron 428 millones de dólares americanos como ingreso por la trata de esclavas para fines de explotación sexual (Kara 2010: 47), se considera que este es negocio altamente rentable y lo mismo ocurre en Oriente Medio, Europa Central y Oriental. Sin embargo, en América Latina, en donde en ese año sólo se produjeron 68 millones de dólares, cifra bastante baja a comparación de las anteriores, la situación es distinta. En la selva peruana, en realidad la trata infantil con fines de explotación sexual no representa un negocio rentable.

A pesar de las grandes inversiones de la industria minera, petrolera y de recursos naturales que tienen lugar en esta región del país, la pobreza es un problema que incluso se acentúa a más cerca se encuentren los centros industriales. No son pocos los autores, como Élaine Audet, quienes creen que la expansión incontrolable del comercio liberal y la globalización han ocasionado que se perpetúe esta situación de eterno tránsito, intercambio y movimiento, lo cual ocasiona una “ausencia del control policial y social y la proliferación de negocios dirigidos a los trabajadores de la madera y el petróleo” (Mujica y Cavagnoud 2011: 97).

De cualquier modo, en la selva peruana la trata con fines de explotación sexual “se asocia al manejo de negocios colaterales como bares, restaurantes, picanterías y otros donde se vende comida y alcohol” (UNODC[3] 2012: 11). Efectivamente, este es el caso de Pucallpa y Madre de Dios, lugares dedicados al comercio de madera y petróleo y en el segundo caso, a la minería, muchas veces ilegal. Los servicios sexuales de menores de edad, en el caso de Pucallpa, se desarrollan de la siguiente manera:

Existen al menos tres modalidades del servicio sexual de niñas y adolescentes que se matizan en el complemento de otras actividades económicas. Se ofrecen servicios sexuales i) junto a la dinámica de atención en los puestos de comida y en el servicio de las meseras ii) como servicios que ofrecen las vendedoras de golosinas y cigarrillos en los bares y iii) como servicios de las vendedoras de comida ambulante en los puertos, aserraderos y embarcaciones. (Mujica y Cavagnoud 2011: 99)

De la misma manera, en Madre de Dios, “paralelo al río Tambopata, [hay] decenas de puestos de comida, venta de enseres para la minería, gasolina y bares. En estos espacios hay mujeres adolescentes entre 14 y 17 años ofreciendo servicios sexuales, además de la atención en los restaurantes” (Mujica 2014: 105). Las edades de las niñas en los centros de Pucallpa oscilan entre doce y trece en adelante, a pesar que hay testimonios de trabajadores del puerto que indican que es posible contactar a niñas hasta de diez años.

Esto no es inesperado. Esta exigencia por parte de los explotadores de menores (llámese, los clientes) por víctimas más jóvenes está conectada a “la errónea idea convicción que los niños y las niñas de menos edad no están infectados con el VIH” (Shifman y Franzblau 2001: 16) y que en nuestro plano nacional, encuentra su respaldo en el testimonio de los propios pobladores de Pucallpa, quienes creen que “más chibolita, más limpia (…) no es como las que ya son mayores, ya tienen más experiencia, eso no se sabe de dónde ha pasado” (trabajador del puerto, 31 años) (Mujica y Cavagnoud 2011: 104). ¿Y cuáles son las ganancias adquiridas por la explotación sexual de menores? Un intercambio sexual de diez minutos con una menor de edad, está entre S/.3 y S/.15 dependiendo de lo que se pida y del tiempo que esto tome. En sí, los servicios sexuales de menores de edad en Pucallpa representarían un ingreso de S/.368 al mes, cifra que no difiere mucho de la línea de pobreza[4] de la selva en el año 2013, la cual se determinó en S/.249.

De esta sección podemos concluir que, si bien el fenómeno de la trata de menores con fines de explotación sexual comercial se presenta “por lo general entre niñas, niños y adolescentes de sectores socioeconómicos bajos o muy bajos” (Durán Ponce de León  2009:14) y como una salida en sociedades con profundas desigualdades económicas “donde el carácter estructural de la exclusión es decisivo” (Corduent 2006:8), su presencia en la selva no presenta un enriquecimiento per se, sino que es una manera de complementar los ya reducidos ingresos de los comercios ambulatorios, venta de comida o herramientas.

 Familia y relaciones de género.

 El segundo punto a tomar en cuenta para entender el fenómeno de la trata infantil con fines de explotación sexual es la importancia de los nexos familiares y las peculiaridades de las percepciones de género en la selva. Bien dice el sociólogo Gonzalo Portocarrero:

En nuestro país, los vínculos familiares han tenido y aún tienen una gran importancia. La fuerza de estos vínculos es un activo social que en otros países está muy despreciado y disminuido. Estos vínculos, además, facilitan la acción colectiva en tanto suponen confianza. Así que, por ejemplo, muchas empresas tienen un carácter familiar. A través de los parientes y sus respectivos contactos, se forman redes mediante las que se consigue empleo, o empleados, clientes, proveedores, créditos, etc. (2006: 6)

En el caso de la selva, cabe resaltar dos elementos particulares: el primero, que las personas encargadas de administrar la explotación sexual de las menores de edad suelen ser parientes cercanas o personas mayores en quienes las niñas depositan su confianza y que tienen la autorización de los familiares para encargarse de ellas (“mamis”, “madrinas”, “tías”) y el segundo, que en su mayoría son mujeres. Ninguna de estas características es una casualidad. En la selva peruana, las relaciones de género entre masculino y femenino encuentran esta división tradicional entre “vida y muerte”, “fuerza y fragilidad”, “violencia y delicadeza”. Es así que podemos afirmar que “la mujer se enfrenta a la pobreza en una situación de desventaja frente al varón, debido en gran parte a la valoración diferenciada de los roles considerados masculinos y femeninos (…) (UNODC 2012: 34). No debe de sorprendernos que sea precisamente la mujer, la que termine encargándose de la administración de negocios relacionados a servicios alejados de las actividades más demandantes en fuerza, como son las tiendas y los restaurantes.

¿Quiénes son estas mujeres? Mujica y Cavagnoud nos indican que por lo menos en el puerto fluvial de Pullapca, “estos mecanismos operan en función a redes familiares, economías domésticas de comercio al menudeo y no como formas de captación abierta” (2011: 108) ni mucho menos como complejas organizaciones criminales, como se puede creer. Es así que el tratamiento del caso de trata de menores con fines de explotación sexual se complejiza aún más en esta región debido a que son los propios padres o familiares los que acceden a que las menores se dediquen a dicha actividad. En el caso que durante un proceso se decida separar a la víctima de su administradora (proxeneta) o de los encargados de explotarla para devolverla con su familia, lo más probable es que esta termine nuevamente involucrada en dicha actividad, ya que cuenta con el consentimiento de los que por ley, mantienen la patria potestad sobre ella.

Erotismo, misticismo y magia: Estereotipos en la selva como reforzador de la ineficacia legal.

 “Barranzuela: un rey africano en el Paititi”, cuento de escritor peruano Cronwell Jara Jiménez, en donde se explora con una fascinante narrativa, un edén de ubicación desconocida, utópico y sobrenatural . En obra del siglo XX, se introduce a la selva como un paraíso de peligro y al mismo tiempo, de libertad, una suerte de “mundo al revés”, en donde el personaje principal, Barranzuela, “disfruta del baile, sexo continuado y grandes borracheras descontroladas como un dios de la alegría, gobernador y supremo Rey” (de Llano 2011: 390). Es un escenario donde abunda el alcohol, el incesto, la diversidad cultural y natural, que si bien puede parecer amenazante, seduce por su naturaleza exótica y sin restricciones.

Erotismo latente, éxtasis y ausencia de normativas características de las grandes ciudades, suelen ser las ideas que se relacionan al imaginario de la selva peruana y la que trae a miles de  turistas cada año, muchos de los cuales se dedican a colaborar con la explotación sexual de menores de edad. Gloria Macapagal, la ex presidenta de Filipinas, cree que los explotadores que acceden a este tipo de servicios sexuales, cuentan con algunos pretextos que buscan justificar sus acciones:

1) Que los niños prostituidos con quienes tienen contacto han escogido la prostitución por propia decisión. 2) Que las culturas en los lugares de turismo son más naturales y están menos reprimidas sexualmente que las sociedades occidentales, en esos países, las niñas ya son maduras y tienen experiencia sexual a edad muy temprana, de modo que no hay nada malo en aprovechar esa situación y finalmente 3) Que los niños y niñas prostituidos especialmente en países no industrializados, necesitan desesperadamente el dinero, de modo que los turistas les están haciendo un favor. (2001: 6)

La investigación “La percepción de la trata de personas en el Perú”, la cual buscó investigar los niveles de información y concientización de la población de las distintas regiones del país respecto a este tema, arrojó que el 83% de la población de Amazonas, desconoce sobre los alcances del fenómeno de la trata de personas. Esto significaría que “uno de cada diez ciudadanos contaría con información sobre la Trata de personas, reflejando la  tendencia nacional de desconocimiento en este campo” (CHS 2010: 42). Esto solamente empeora si se considera que para el año 2010, el 59.8% de la población de Amazonas se encontraba en la pobreza. Aunque los resultados fueron distintos en zonas como Madre de Dios, probablemente debido a que las campañas tienen mayor fuerza pues suele ser el lugar más mencionado cuando se trata de explotación sexual infantil, en la práctica no se ve que exista una verdadera concientización del problema a nivel regional. Esto se conecta no sólo con la imagen “habitual” que tiene la explotación sexual infantil para los sujetos, especialmente para los que la consumen, sino también por una cuestión de género.

En efecto, la sociedad peruana encuentra sus bases en una tradición machista y que plantea la histórica visión de la mujer como el sexo inferior y sometido a la dominación del hombre, situación que  se agrava con el refuerzo de “los medios de comunicación y la publicidad donde la mujer, a menudo, es utilizada como objeto de atracción-seducción, “quedando así la sexualidad al servicio de la industria” (Cline 1993: 53) (Corduente 2006: 10).  Si bien las mujeres no son las únicas víctimas de la trata con fines de explotación sexual, sí son las más numerosas y representan una situación grave y que se estrella contra la cantidad bajísima de procesos y detenidos anuales, a comparación del número de denuncias y víctimas.

Comentarios finales

 Durante el año 2010, solo 32 casos de explotación sexual ingresaron a las Unidades de Asistencia de Víctimas y Testigos en Madre de Dios, mientras que en Amazonas se registró uno solo, el cual pertenecía a un menor de edad que recibió asistencia legal y psicológica. (UNODC 2012: 111).  A pesar que la presencia internacional en el Perú mediante organizaciones no gubernamentales, campañas y las propias iniciativas del Estado en la construcción de leyes y protocolos procuran crear un cambio lento pero seguro respecto a la trata, los vacíos legales y la falta de investigación solo obstaculizan este propósito.

La trata de menores con fines de explotación sexual, como tema de Derecho penal y del futuro de las políticas criminales nacionales, no puede desarrollarse por completo partiendo exclusivamente de la norma jurídica ni de los textos legales. Exige una investigación sobre las estructuras más básicas de la sociedad peruana, respetando las diferencias de la misma en cuanto a región, grupo étnico, sexo y edad. El caso de la selva es paradigmático, pues sólo es posible comprender la ineficacia de la aplicación de leyes cuando se toma en cuenta que esta región está compuesta por sociedades que valoran mucho más los nexos familiares, de relevancia casi ancestral. De igual manera, que la selva es una región que a diferencia de la costa y la sierra, ha sido transformada y destruida a base de estereotipos, mitos e imaginarios que difícilmente pueden comprobarse o desmentirse, debido a su lejanía y complejidad geográfica. Tal como menciona el profesor Gabel Sotil, el desconocimiento que tenemos de la selva es  compensada con “características y condiciones irreales, tanto que los peruanos hemos hecho de la selva el depósito de nuestras fantasías e impulsos frustrados” (2015).

Si hay algo que ha quedado claro, después de haber analizado tan solo un ápice de lo que es el gran espectro de la trata de personas, es que la pobreza, la desigualdad y la ignorancia respecto a la ley son las mayores causas que pueden llevar a una comunidad a dedicarse a una actividad tan atroz como esta, aunque tal como menciona la Organización Internacional del Trabajo en su Informe sobre la Explotación Sexual Comercial Infantil, “ninguna actividad  o conducta puede justificarse sobre la base de la integridad cultural y la falta de conocimiento” (s.f: 9). La lucha contra la trata de personas y en especial contra la victimización de menores de edad respecto a la explotación sexual, no llega a ser un trabajo exclusivo del Estado, sino que es una tarea de la sociedad en conjunto.

Existe una fuerte y lamentable costumbre a cerrar los ojos ante problemáticas tan complejas y delicadas como es la explotación sexual y otras formas de esclavitud contemporánea. Muchos consideran preferible pensar que este tipo de fenómenos son exclusivos de países lejanos, realidades separadas y místicas, cuando en realidad se desarrollan a tan solo unas horas de las más modernas ciudades del país. Y en fin, una población que se venda los ojos voluntariamente, está condenada a no avanzar. 

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[1] “Captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación (…)” según el artículo 3 del Protocolo de Palermo.
[2] “El que promueve, favorece, financia o facilita la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de otro, en el territorio de la República o para su salida o entrada del país, recurriendo a: la violencia, la amenaza u otras formas de coacción, la privación de libertad, el fraude, el engaño, el abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios, con fines de explotación, venta de niños, para que ejerza la prostitución, someterlo a esclavitud sexual u otras formas de explotación sexual, obligarlo a mendigar, a realizar trabajos o servicios forzados, a la servidumbre, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud u otras formas de explotación laboral, o extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años. La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño, niña o adolescente con fines de explotación se considerará trata de personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios señalados en el párrafo anterior.”
[3] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
[4] La línea de pobreza es el valor monetario con el cual se contrasta el gasto per cápita mensual de un hogar para determinar si está en condiciones de pobreza o no. Este valor está conformado por dos componentes: el componente alimentario, que es llamado también línea de pobreza extrema y el componente no alimentario. (INEI 2013: 29)
Fuente imagen: esculpiendoeneltiempo.wordpress.com

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