Walter Alvarez
Abogado por la Universidad de San Martin de Porres. Estudios de especialización en protección al consumidor en la Escuela de la Competencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI
“La humanidad tiene que establecer un final para la guerra. Si no, la guerra establecerá un final para la humanidad.”
John F. Kennedy
A lo largo de nuestra historia ha existido un sinnúmero de confrontaciones, las cuales se han presentado siempre bajo un motivo aparentemente válido -religión, política, economía, entre otros-. Todos estos enfrentamientos han desembocado lamentablemente en un significativo retroceso en el camino hacia un mejor nivel de vida.
La economía, como una de las principales fuentes para el desarrollo humano, no ha estado exenta de discusiones y ha sido la causa de varios debates, resaltando como uno de sus puntos más controvertidos la intervención estatal.
Este debate se viene sosteniendo hace décadas con constantes pugnas entre quienes aborrecen la intervención gubernamental y depositan ciegamente su confianza en el mercado y los agentes que interactúan en él; mientras otros hacen énfasis en la necesidad de regular el mercado a través de políticas y normas generales o específicas según cada actividad.
La contienda teórica acerca de la intervención del Estado en la economía tiene un especial matiz cuando se trata la defensa de uno de sus agentes, quien es considerado por algunos como el “más indefenso”: el consumidor.
Como es evidente, desde que las legislaciones de los países comenzaron a incorporar disposiciones relativas a la defensa de los consumidores, no tardaron en aparecer críticos que rechazaban tal “protección”, éstos a su vez se vieron enfrentados a quienes saludaban este tipo de intervención y se autoproclamaban “defensores de los consumidores”.
Al igual que en otros aspectos del desarrollo de la sociedad, la regulación sobre la protección al consumidor ha tenido vaivenes que nos han hecho avanzar y retroceder en innumerables oportunidades, con claros periodos de evolución e involución. Inclusive, el desarrollo de teorías, conceptos y definiciones ubicadas en ambos extremos abiertamente opuestos han sido galardonados con los más altos reconocimientos[1].
En la actualidad, si revisamos un diario, una revista y hasta un artículo de contenido técnico, podremos observar principalmente dos posturas respecto del sistema de protección al consumidor: 1) los consumidores necesitan de mayor protección del Estado para evitar los abusos que comenten las empresas que concurren en el mercado; y, 2) resulta ineficiente asignar mayores cargas a las empresas para el desarrollo de su actividad comercial, pues serán justamente los consumidores a quienes finalmente se trasladarán toda esas imposiciones.
Independientemente de la validez de ambas posiciones, podemos coincidir en que resulta bastante complicado hallar una posición que describa el interés recíproco que existe entre ambos agentes del mercado y cómo el reducir la distancia entre ellos repercutirá en todos en general[2]. Por ello, el reto consiste en ampliar el desarrollo de aquellas herramientas que tengan como finalidad reducir al máximo los costos de transacción existentes en el mercado, procurando una mayor circulación de bienes que tengan como principal propósito aumentar la cantidad de personas cuyas necesidades hayan sido satisfechas.
Este contexto nos lleva a considerar de vital importancia el aporte de nuevos enfoques al desarrollo de la teoría sobre la protección al consumidor. Así, sirva el presente trabajo para redefinir lo que comúnmente llamamos “cultura de consumo” y dotarla de un significado que lleve consigo el propósito de acercar a consumidores y proveedores entre sí, en base a sus características y fines comunes.
Reflexionando acerca de esta nueva definición de “cultura de consumo”, podemos concluir en que se trata de conocer realmente el impacto de las decisiones que adoptamos en el mercado, según el rol que nos corresponda, ya sea como consumidor, proveedor o funcionario público en calidad de representante del Estado.
Crear conciencia en cada uno de los agentes con interés en el mercado sobre el impacto de sus decisiones y en cómo éstas pueden afectar a otros debe convertirse en la principal función del Estado en cuanto a política regulatoria.
Atendiendo ello, las mejores vías para su materialización deberían incluir: (i) revelar información sobre aquellos hechos que cambien o puedan cambiar el escenario actual del mercado, específicamente la relación entre consumidores, proveedores y Estado; y, (ii) educar a los ciudadanos sobre la trascendencia de asumir las consecuencias de las decisiones que adopten, según el rol que desempeñen en el mercado.
Llevando a cabo estas dos tareas, interrogantes como ¿qué se debe regular? y ¿de qué forma se debe regular?[3] dejarán de ser una preocupación para quienes nos gobiernan y para nuestra sociedad.
Nuestro principal objetivo ha sido revelar por qué nos preocupa reflexionar sobre la ausencia de conceptos que busquen crear eficiencia en el mercado, especialmente donde puede percibirse el sesgo de considerar que los proveedores están a la caza de una oportunidad para engañar a los consumidores.
Dejar de lado las confrontaciones sobre teorías extremistas y ahondar en conceptos que acerquen cada vez más a los principales agentes del mercado en pro de un escenario más eficiente -en el que recurrir al litigio sea la última opción que pueda considerar alguno de ellos- traerá consigo un mayor bienestar y una mejor calidad de vida para la sociedad en su conjunto.
Aplicando lo dicho por J. F. Kennedy al sistema de protección al consumidor, sostengo que es imperiosamente necesario ponerle fin a las disquisiciones acerca de la regulación del mercado y trabajar en el desarrollo de instrumentos que nos permitan contar con ciudadanos responsables y conscientes de las consecuencias de su comportamiento en la economía de la sociedad.