Cuando las feministas en el Estado actúan, las políticas cambian

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Bettina Del Carmen Valdez Carrasco

Abogada, Magistra en Estudios de género y  en Gerencia Social Pontificia Universidad Católica del Perú

Hace algunos años, dejé el ámbito laboral de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y de cooperación internacional y me sumergí por primera vez en el complejo mundo de las instituciones públicas. Cuando entré ya existía una política nacional vinculada a la igualdad de género con la Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM sobre las políticas de obligatorio cumplimiento entre ellas la igualdad entre mujeres y hombres y el Plan Nacional de Igualdad de género 2012-2017 que dispone, en uno de sus objetivos estratégicos, la transversalización del enfoque de género en las políticas y gestión pública.

Desde estos parámetros político-normativos, la transversalización del enfoque de género es un desafío que, como dice Evangelina García Prince, “(…) depende en gran medida de que esté presente en todas las instancias activas del gobierno y otros poderes públicos, lo cual exigirá liderazgo efectivo y adecuada coordinación”[1]. Esto quiere decir que se deben diseñar e implementar estrategias específicas para que el enfoque de género se incorpore en todas las áreas, en todos los temas que se trabajan, en todas las prácticas organizacionales y en todos y todas las personas que trabajan en una institución pública, incluyendo a las autoridades electas.  Una transformación profunda de la institución para lograr una transformación profunda de la sociedad.

En esa lógica, y desde el puente entre lo personal y lo político, pienso que esta experiencia laboral ha sido una de las mejores que he tenido en mi vida, porque he logrado ser más creativa para argumentar a favor de los grandes ideales del feminismo. Más luchadora desde lo personal, poniendo siempre ejemplos de vida cotidiana como punto de partida para definir nuestras acciones, a fin de que no se den contradicciones entre lo que se vive y lo que se trabaja, entre la casa y la institución pública. Me volví radical desde la teoría, porque justamente es lo que se requiere para sustentar los cambios con mejores fundamentos.

Sin embargo, como dice Marcela Lagarde[2] el enfoque de género “abarca, de manera concomitante, cambiar la sociedad, las normas, las creencias, al Estado y por ello puede ocasionar malestar a las personas y a las instituciones más conservadoras y rígidas, más asimiladas y consensuadas por el orden patriarcal”. En ese sentido, muchas veces he vivido la soledad de mis innovaciones que, en ocasiones, no se comprendían y se cuestionaban, bajo una estructura institucional compleja y nueva para mí. Pero en ese camino encontré aliadas que desde las instituciones públicas en las que trabajaban, luchaban también desde una mística feminista hacía los mismos ideales. Algunos hombres declarados feministos también se unieron para trastocar los patrones patriarcales en sus espacios laborales. Se organizaron en el Colectivo llamado Feministas en el Estado y me dieron la esperanza y los ánimos para seguir soñando por la igualdad en la diversidad y sobre todo para aplicarlo desde la vida cotidiana hasta las políticas públicas.

A partir de esa experiencia y pensando en las tantas feministas que trabajan o que trabajarán en una institución pública, tal vez por primera vez, considero que sería necesario fortalecer alianzas entre las que han tenido alguna experiencia en el Estado y las que no, quienes podrían aportar con ideas y estrategias, pero sobretodo con sororidad. Tendríamos que retomar debates sobre los feminismos, las feministas, quiénes son, dónde están, qué hacen. Sobre todo, abrir espacios para compartir experiencias diversas sobre cómo vivimos nuestros feminismos en los diferentes ámbitos en que nos desarrollamos y en especial, sobre nuestros puntos de encuentro. Ser feminista en el Estado es generar remesones, abrir puertas, buscar el cambio desde lo personal hasta lo político. Y en esa lucha, tal vez, nos toca ser aún más valientes y aún más abiertas sobre nuestros feminismos cuando trabajamos en una institución pública, y resistir con el discurso y el ejemplo las críticas desde adentro y desde afuera.

A la luz también de las nuevas posibilidades que se abren con cada gestión que empieza, me atrevo a dar algunas ideas para una gestión pública con enfoque de género. Lo primero que debería de hacerse es invertir en las personas que dirigen o trabajan en una institución pública, esto implica que autoridades, funcionariado y especialistas sean sensibles al género y que cuenten con capacidades para aplicarlo, a fin de evitar que las resistencias personales puedan influir al momento de diseñar e implementar las políticas. Para ello se debe partir de ideales también radicales, que busquen la igualdad en la diversidad, y las múltiples posibilidades que implica incorporar el enfoque de género con una mirada de futuro: matrimonio igualitario, adopción de parejas del mismo sexo, aborto legal, anticoncepción masculina, etc.

Además, considerando que la gestión pública es dinámica y se adecúa a la realidad que también es cambiante, es necesario que se conozca primero la realidad que viven las personas con todas sus diversidades, a fin de determinar las desigualdades que se pretenden superar con las políticas de igualdad de género. Tomando en cuenta también que la gestión pública cambia por los avances en la capacidad organizativa, es necesario que el funcionariado y especialistas se actualicen en el manejo adecuado de la transversalización del enfoque de género desde lo político y técnico, y en todas las fases de diseño, implementación y monitoreo de una política pública.

Considerando también que la incorporación del enfoque de género implica impulsar cambios radicales no sólo en las políticas y gestión pública sino en las personas que la diseñan e implementan, es necesario promover la sensibilización en género del funcionariado y especialistas, a fin de generar cambios de comportamiento y buenas prácticas para la igualdad de género en la institución, pero sobre todo cambios que se reflejen en sus vidas privadas, ya que el enfoque de género implica una reflexión personal, que luego se traduzcan en todas las actividades que la persona desarrolla.

También es importante difundir los alcances de las competencias compartidas entre las instituciones públicas para incorporar el enfoque de género para que articulen acciones estratégicas, y se evite que el tema recaiga, casi por costumbre, en una sola instancia, o en una sola persona. La corresponsabilidad en el diseño e implementación de planes, programas, proyectos fomentaría que cada instancia sea líder en el tema y ejemplo para otras.

Frente a todo ello, tal vez sea tiempo de mirar en mi caleidoscopio nuevamente y considerar esta experiencia como un nuevo punto de inicio para otras formas de ver y analizar la realidad, las organizaciones y a sus trabajadores/as y sobre todo mi rol en una institución pública como feminista en el Estado.


[1] GARCÍA PRINCE, Evangelina. Políticas de Igualdad, Equidad y Gender Mainstreaming ¿De qué estamos hablando?: Marco Conceptual. San Salvador: PNUD, 2008, p. 61. Consulta: 30 de setiembre de 2016. <http://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/luz_varela/politicas_igualdad.pdf>
[2] LAGARDE, Marcela. El género. s/f, pp. 13-38. Consulta: 30 de setiembre de 2016. <http://www.iberopuebla.mx/tmp/cviolencia/genero/consulta/lagarde.pdf>

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