Christian Chocano Davis

Abogado PUCP. Master por la Universidad Católica de Lovaina. Supervisor OSCE y docente de la Facultad de Derecho de la PUCP en Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado. Este artículo no refleja una opinión institucional.

Poca conciencia existe en el Perú de la importancia del consumo sostenible del agua. Según información difundida por la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL, en algunos distritos de la capital se consume más de cuatro veces el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Damos por sentada la provisión de agua como si se tratase de un recurso que naturalmente nunca faltará. Nada más alejado de la realidad.

Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), sólo el 67.1% de la población consume agua potable, mientras que alrededor de 10 millones de peruanos no acceden a ella. Además, del total de la población que accede a agua por red pública, sea o no potable, únicamente el 66% tiene el servicio las 24 horas del día, en tanto que el 34% cuenta con el servicio, en promedio, solo 4 horas con 55 minutos diarios.

No sorprende entonces que el acceso al agua haya sido motivo de disputas entre dos gobiernos regionales en el sur del país y que haya motivado la suspensión de más de un proyecto minero de millonaria inversión.

Pero ¿cómo la contratación pública puede contribuir a un consumo sustentable del agua? El pasado 9 de agosto se publicó en el Diario Oficial El Peruano la modificación de las Bases Estándar aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Una de las novedades es que las empresas que cuenten con el certificado Azul, que otorga la Autoridad Nacional del Agua, podrán recibir un puntaje adicional en sus ofertas.

Dicho certificado es otorgado a las empresas que forman parte del programa de huella hídrica a cargo de la Autoridad Nacional del Agua y que cumplen con los compromisos asumidos en el plan de reducción de huella hídrica y el programa de valor compartido en agua. Luego de un año de seguimiento a cargo del Comité de Evaluación, siempre que la empresa haya cumplido con las metas de ambos planes, se emite la conformidad para el otorgamiento del Certificado Azul.

El plan de reducción de huella hídrica supone el compromiso de la empresa por disminuir el uso directo e indirecto del agua, adoptando diversas iniciativas tales como el reúso de aguas residuales, la reducción del uso de agua en procesos productivos y no productivos, la reducción del consumo de energía, la gestión de compromisos formales con proveedores para reducir sus consumos de agua, entre otras iniciativas.

De otro lado, el programa de valor compartido en agua supone el compromiso de la empresa por mejorar la disponibilidad y accesibilidad de recursos hídricos en una comunidad, la capacitación o sensibilización a la población sobre el cuidado y uso eficiente de los recursos hídricos, entre otras acciones.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) recomienda que los Estados evalúen emplear la contratación pública para promover objetivos de políticas públicas tales como las compras verdes, el fortalecimiento de la pequeña empresa, la innovación y otras prioridades nacionales. La modificación de las Bases Estándar del OSCE ha conllevado la inclusión de tres aspectos medulares de políticas públicas de urgente atención: el impulso de la lucha contra la violencia y discriminación hacia la mujer (Sello Empresa Segura), el consumo sostenible del agua y la promoción del sistema de gestión anti soborno.

Esta modificación representa solo el paso inicial en el largo camino por recorrer para que la contratación pública, en efecto, cumpla su función estratégica de desarrollo.

 

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