Antonio Peña Jumpa

 Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Abogado, Magister en CCSS y Ph.D. in Laws.

El 5 de junio de 2009 ocurrió uno de los conflictos y desastres socio-políticos más impactantes y dolorosos del Estado peruano: una protesta prolongada de comuneros amazónicos en la provincia de Bagua, región de Amazonas, fue sofocada con violencia extrema, produciendo la muerte de decenas de ciudadanos, y cientos de heridos, entre población originaria, mestiza y miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Han transcurrido 9 años de los sucesos de aquel fatídico día, conocido como el Baguazo, sin que a la fecha se conozca de una investigación y sanción a los responsables directos.

¿Quiénes son los responsables directos de El Baguazo? ¿Los dirigentes amazónicos que planearon la huelga y protestas? ¿La población originaria o mestiza que estuvo protestando durante 50 días cerrando la autopista principal de la región? ¿Los miembros policiales que materializaron el desalojo violento? Si bien en estas personas existe un grado de responsabilidad, distan mucho de ser los responsables directos.

Los responsables directos de El Baguazo fueron un grupo de autoridades políticas del gobierno central del Estado peruano. Si analizamos los antecedentes del conflicto, encontraremos que fue el gobierno central de aquel entonces, a través de miembros del poder ejecutivo y miembros del poder legislativo quienes, primero, promovieron la celebración del Tratado de Libre Comercio (con Estados Unidos en aquella fecha) y quienes, luego, para cumplir con el Tratado emitieron un centenar de Decretos Legislativos entre los que se encontraron aquellos que afectaban directamente al territorio y recursos naturales de las comunidades amazónicas y andinas del Perú.

El año 2008 ocurrieron, como hechos previos, protestas regionales violentas en la misma provincia de Bagua. Estas protestas fueron suspendidas bajo el compromiso de las autoridades del poder ejecutivo y poder legislativo de revisar los Decretos Legislativos emitidos, derogando dos de ellos previamente: Los Decretos Legislativos 1015 y 1073. Así, una comisión multipartidaria del Congreso de la República logró revisar los Decretos Legislativos y comprobó, a fines de ese año, que al menos dos Decretos Legislativos transgredían el orden jurídico vigente: los Decretos Legislativos 1064 y 1090. Dos razones principales fueron sustentadas:

  • Los Decretos Legislativos 1064 y 1090 contradecían normas constitucionales y normas del Convenio Internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Nº 169.

  • Los mismo Decretos Legislativos 1064 y 1090 fueron emitidos sin respetar el Derecho de Consulta Previa de las Comunidades andinas y amazónicas.

¿Pudieron los gobernantes de aquel entonces prever estas causas constitucionales y legales? Absolutamente; más aún si conocían los antecedentes del conflicto y la prolongada huelga de 50 días, y más aún si a pesar de conocerse el informe de la comisión multipartidaria del Congreso no se debatió ni aprobó la derogación de los Decretos Legislativos cuestionados.

Adicionalmente, el mismo día del desalojo violento, ocurrieron hechos gubernamentales cuestionables. Aquel día, el Presidentes y el Primer Ministro, luego de participar en la decisión que dispuso el desalojo violento, acudieron a inaugurar obras en el norte del país dejando a la Ministra del Interior sola para afrontar los efectos de aquella decisión.

Ese mismo día, luego del desalojo violento de los comuneros amazónicos de la zona denominada “la curva del diablo” y luego de sofocar, también con violencia, las protestas que se reprodujeron en la ciudad de Bagua, el gobierno central autorizó el ingreso de las Fuerzas Armadas para controlar un tercer foco de protestas: la estación 6 del Oleoducto Norperuano, ubicado en el distrito de Puerto Imacita (a 5 horas aproximadamente de Bagua), donde las comunidades amazónicas, luego de tomar conocimiento de la violencia que sufrían sus hermanos en “la curva del diablo” y en la ciudad de Bagua, decidieron tomar de rehenes a los 38 agentes policiales de dicha estación. La decisión que autorizó el ingreso de las Fuerzas Armadas produjo que los comuneros amazónicos huyeran con sus rehenes y produjeran la lamentable muerte de 10 de ellos.

¿Por qué no se han investigado, juzgado y sancionado a los responsables directos de El Baguazo? ¿Qué ha impedido que ello ocurra y qué, contrariamente, ha producido que si se investigue y juzgue a los comuneros amazónicos, a sus dirigentes y a los propios miembros de la PNP?

La única explicación que nos dan los 9 años transcurridos es que falta sensatez política y jurisdiccional. Ha existido un encubrimiento mutuo entre políticos, el silencio de los grupos de poder económico, las limitaciones de nuestros fiscales y jueces, y la falta de comprensión de que esta impunidad no solo produce un grave daño a la democracia como valor, sino que socaba la estructura del Estado.

Algunos piensan que el paso del tiempo curará la herida al ocultar los hechos conocidos. Olvidamos que la historia nos demuestra lo contrario: un conflicto no resuelto produce un nuevo conflicto con efectos probables de mayor violencia.

 

Lima, 06, 11 y 12 de Junio de 2018.

 

 

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