Una mirada interdisciplinaria de la informalidad laboral: participación de Marlene Molero

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Marlene Molero

Profesora de Derecho de la PUCP. Maestría de Género, Políticas Públicas y Desigualdad en London School of Economics, Diploma de Estudios de Género en la PUCP. Socia del Área Laboral, Previsional y Migratorio del Estudio Rubio Leguía Normand.

Considerando los porcentajes y números de la población que trabaja en la informalidad que ya fueron expuestos anteriormente, habría solo que añadir que 20% del PBI proviene de la informalidad. Además, habría que empezar a ubicar en qué sectores se empieza a ubicar fuertemente el empleo informal. En la medida en que luego eso se podrá ver el impacto de las normas laborales que empezaron a promulgarse para contrarrestar, como una suerte de estrategia desde la escuela de De Soto, a la informalidad.

Así, según data del 2015 del INEI, el 97% de la población que labora en agricultura y pesca es informal; 84% en restaurantes y alojamiento. Otro gran grupo son los jóvenes, en donde el 87% de los menores de 24 años son informales, y a los cuales se ha intentado, infructuosamente, generar un marco especial con la Ley Pulpín. Esta situación nos lleva, por otro lado, a discutir sobre la apuesta legal por reducir los costos laborales desde la legislación, y cuestionar qué tanto impacto a probado tener. Finalmente, otro desagregado importante es el relacionado a la problemática de género: las mujeres tienen una participación 5 puntos mayores que los hombres. Situación que se agrava más cuando desagregamos entre el sector rural y urbano, pues encontramos un promedio de 96%, en donde las mujeres tienen un 97.3%, 3 puntos mayores que los hombres.

Lo mencionado requiere de énfasis porque ser informal tiene 2 repercusiones: uno es el pensionario. Se incrementa el círculo de pobreza, en la que las personas ya no pueden trabajar. Aquí las mujeres tienen un 27% de afiliación a las pensiones, los hombres están arriba por 13 puntos. Es así que en este contexto que perpetúa una ola de dependencia en la edad adulta mayor.

Algo similar sucede en materia de salud: si bien el SIS busca la prestación a personas que no están en EsSalud, a este se entra mediante un empleo formal en planilla en donde el empleador paga una contribución de 9% y, teniendo en cuenta la tasa de informalidad de 73%, podemos señalar que el grueso de mujeres solo tiene acceso al servicio de salud mediante el SIS. Pero este sistema no tiene contribuciones económicas. Ello quiere decir que si tienes un accidente y tienes que dejar de trabajar por un tiempo, no hay quien cubra la pérdida de ingresos por ese tiempo. Desde un enfoque de género, si una mujer sale embarazada, no va a tener, en primer lugar, el tiempo de descanso pre y posnatal, y con menor razón, ingresos durante el periodo que necesita para recuperarse del parto.

Lo indicado nos permite señalar que, a nivel macro, es necesario desagregar la información porque las estrategias para enfrentar esta problemática también tienen que ser variadas, difícilmente una única fórmula funcionará. Pero incluso habría que preguntarnos si es que la formalidad es la respuesta. A propósito de ello podemos poner, por ejemplo, a la Ley Mype, en donde sus regulaciones van a la baja, en donde el costo laboral es de 5% y muchas de esas empresas siguen sin formalizarse. Aquí, claramente, la respuesta desde la regulación es insuficiente, aún cuando lo que se buscó es crear un régimen casi cercano a la informalidad.

Lo expuesto nos hace preguntarnos sobre el enfoque. Y es que si nos remitimos a la reducción de costos, donde tenemos de ejemplo a Gestión, en donde se apunta a que cada beneficio laboral constituye un sobrecosto, y que lo único que generará es incrementar el sector informal y la pérdida del empleo, un contraejemplo de esa propuesta es el de la Ley MYPE. Gonzales Izquierdo dice, por ejemplo, es que una solución pasa también por aumentar la productividad en la postura de “ni siquiera en esa reducción del 5% se puede cubrir”, aunque claramente, debe de tenerse presente los desagregados .

Entonces al aumentar la productividad los trabajadores permitirán cubrir los costos de la formalidad, cualquiera sean estos. Siendo estrategias como las inversiones en capacitación, educación, infraestructura, redes de comercio internacional, tecnología formas articuladas que permiten hacer frente a este problema.

Segunda participación

Quiero ahondar sobre 3 puntos que tanto Omar como Saulo han comentado: uno es sobre entender la lógica del trabajo informal. La segunda es una reflexión sobre la precariedad, y finalmente un pensar enfoque sobre el control a la informalidad.

Para el primer punto me gustaría empezar comentando que, con ocasión de un Pro-Bono, asesoré a un señor dueño de una microempresa. Básicamente tenía un taller donde hacía jeans para una empresa muy grande y SUNAFIL fiscalizó su negocio. El problema que tuvo fue que cuando los inspectores ingresaron no había ningún operario en planilla, por lo que se le apercibe a que los incorpore con un periodo de gracia. Él, muy presto, quiso ingresarlos, pero ninguno accedió: nadie quería ingresar puesto que para ellos representaba también una suerte de costo (12-13% por pensión).

Esta situación nos permite ver cómo también la informalidad ha sido muy vista desde el lado del empleador, sin complementar ello con un análisis de las decisiones de las personas que trabajan y aceptan estar ahí. Muy de la mano con lo descrito, desde una perspectiva de género, hay que observar que muchas mujeres salen del empleo formal en el decenio que empiezan a ser madres, y empiezan en el autoempleo. Es así que constituyen sus propias empresas para poder conciliar mejor su tiempo, o trabajan como independientes. Vale preguntarse, en este contexto, qué decisiones asociadas a necesidades específicas que pueden tener las mujeres por sus experiencias y necesidades, condiciones como tales, por los roles que la sociedad le impone, y que terminan haciendo que pase de una estructura formal a una informal. Creo que ahí hay una pregunta interesante.

La segunda idea esta relacionada con la precariedad, en función a la pregunta sobre si es que la formalidad es la respuesta y, como bien ha señalado Saulo, la idea de precariedad está asociada a ingresos económicos que no permiten cubrir una serie de necesidades, pero también ha características como inseguridad, incertidumbre, falta de garantías en condiciones de trabajo. La pregunta es si es que no encontramos ello en la formalidad, y por supuesto que lo encontramos. Por ejemplo, la Ley MYPE no tiene gratificación ni CTS, tiene SIS pero no EsSalud. Esto último es importante porque hay prestaciones económicas que las personas deben de tener para poder asegurar su continuidad y pervivencia ante algunas contingencias como el embarazo o los accidentes de trabajo o enfermedades prolongadas y que no van a poder ser cubiertas. Eso también te genera precariedad.

Pensemos, por ejemplo, en las mujeres microempresarias que sí asumen el 5% de costo laboral y tienen un microemprendimiento formal, pero que son víctimas de violencia familiar. Como consecuencia de ello, entre el tiempo de denuncia y recuperación (física y psicológica), tiene que dejar de generar ingresos durante un tiempo. Lamentablemente, para una persona que es cabeza y muchas veces titular y única del microemprendimiento, eso no solo significa la ruina de la persona, sino también de la empresa. Este ejemplo nos permite ver que tener solo un SIS y no un EsSalud con cobertura también de prestaciones económicas genera ese impacto negativo.

Otro ejemplo es el regimen de exportacion no tradicional. Desde una perspectiva legal, no importa el tamaño del empleador si estos exportan un determinado tipo de producto podrán contratar por siempre a plazo fijo. Entonces las personas empleadas nunca van a tener un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Situación que generará incertidumbre sobre su seguridad y estabilidad laboral. Habría que pensar el impacto de ello en cuestiones como la dirigencia sindical; personas en situación de discapacidad; o mujeres que se enfrentan a potenciales discriminaciones y pérdidas del empleo. La gran pregunta, entonces, es hasta qué punto la formalidad puede ser la respuesta cuando tenemos normas y regímenes laborales que tienen elementos de precarización presentes.

Finalmente, en relación a las estrategias de regulación del trabajo informal, como bien hizo referencia Saulo, hay una tendencia a la persecución y confiscación, sin diferenciar cuando dicha actividad se realiza por supervivencia. Hay que reconocer, además, que también hay casos en los que se hace uso de la regulación para hacer suertes de blanqueos.

Un caso de ello es el de los estudios de abogados en España. Allí, al igual que acá, los abogados y abogadas no están en planillas. La diferencia es que en ese país las multas de seguridad social son altísimas, tan altas que pueden hacer quebrar una empresa. Sucedió que el símil de SUNAT fiscalizó a los estudios de abogados y encontró que nadie estaba en planillas. Y fue así que los abogados, por medio gestiones, buscaron resolver esta problemática y, como consecuencia de ello, se promulga el régimen de los abogados en España. El cual es un híbrido de regulación, en el que hay un periodo de prescripción de 2 meses para que la autoridad que estaba persiguiendo las contribuciones omisas, perdone. Ello quería decir que salvo de lo último que debían todo lo anterior fue condonado.

Esta es otra estrategia de regulación como medida de blanqueo, en donde lo interesante resulta en ver qué medida se dirige a quién. En el caso concreto, las medidas beneficiosas se dirigen a quienes tienen más, y las más perjudiciales, como la confiscación y prohibición, a quienes están en una situación de indefensión.

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